En lo que constituyó su primer acto de gobierno, el flamante jefe de Gabinete, Sergio Massa, anunció ayer por la tarde el envío al Congreso del acuerdo de transferencia al Estado de Aerolíneas Argentinas. La intención oficial es buscar la ratificación del Parlamento para otorgarle transparencia y legitimidad a un proceso polémico por el costo económico que supondrá para el Estado hacerse cargo de la línea de bandera luego de la ruinosa gestión del grupo español Marsans. Massa compartió la conferencia de prensa con el ministro de Planificación, Julio De Vido, y con el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, dos funcionarios que estaban fuertemente enfrentados con Alberto Fernández, su antecesor.

A partir de este envío, el Gobierno deberá enfrentar una nueva batalla en el Congreso luego de la derrota que sufrió en el Senado cuando se rechazó la ratificación de la Resolución 125. Massa afirmó que al “enviar al Parlamento el acta-acuerdo firmada para garantizar el funcionamiento de Aerolíneas” se tuvo como objetivo darle una “fuerte participación al Congreso nacional y una fuerte transparencia al proceso de intervención privada y transferencia”.

Tras la toma de parte del Estado del capital accionario en manos del Grupo Marsans, previo relevamiento de los números de la empresa, la iniciativa contempla la posibilidad de que el sector privado pueda volver en el futuro, licitación pública mediante, además de la cesión de hasta un 10 por ciento del paquete accionario a los empleados. La reprivatización, aunque sea parcial, contrasta con las aspiraciones de la mayoría de los representantes sindicales de la compañía, que señalaron en varias ocasiones su apoyo a una aerolínea completamente estatal.

Sobre el pasivo de las empresas, De Vido manifestó que “estamos haciendo un relevamiento” y adelantó que, el viernes 1º de agosto, el gerente general de Aerolíneas Argentinas, Julio Alak, ofrecerá una conferencia de prensa “para dar a conocer el estado de situación” de la compañía. El valor de la empresa “deberá ser auditado y aprobado por el Congreso de la Nación”, recalcó el funcionario, y expresó que durante 60 días “trabajará el Consejo de Transición”, con la idea de convocar a la Auditoría General de la Nación.

De Vido sostuvo que el rescate de la aerolínea de bandera nacional “tiene relación con tareas similares realizadas en otras empresas, como el Correo Argentino, Aguas Argentinas o el espacio radioeléctrico”. Desestimó recortar pasajes a los empleados de la empresa “porque son derechos adquiridos en el Convenio Colectivo de Trabajo”, pero advirtió que “estamos analizando otros pasajes de favor que se entregaban porque vamos a ser austeros en el gasto de la compañía”. “Estamos en un camino de reconstrucción de la empresa, con la presencia del Estado y de los trabajadores”, agregó.

El ministro de Planificación garantizó también el servicio durante las vacaciones de invierno, que en Capital Federal y provincia de Buenos Aires comienzan el próximo lunes. “Tenemos garantizado el normal servicio hasta el 31 de julio y en agosto trabajaremos en el día a día para afrontar ese período de alta demanda”, concluyó. Por la mañana, el Gobierno nombró a Juan De Dios Cincunegui como representante en el Consejo de Transición a cargo del proceso de transferencia.