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Los abanderados de la mano dura en cuestiones de seguridad censurarían con fanatismo si un asesino serial fuese convocado a opinar sobre el panorama del delito en el país. Los consejos de ese condenado no tendrían legitimidad y serían repudiados debido a su probado comportamiento antisocial y peligroso para la sociedad. En cambio, el mundo de incertidumbre que entrega la economía debe ser de los pocos que ofrece amnistías sobre el pasado de sus protagonistas. En especial, si han brindado un servicio de fidelidad al poder económico. En Argentina se manifiesta con particular intensidad ese espacio de impunidad de los mercaderes de la angustia. Ese comportamiento simulado de amnesia colectiva es frecuente pero ha tenido una expresión grotesca con la cancelación total de la deuda al Club de París. Como si fuesen ajenos al período oscuro de la economía doméstica, los endeudadores seriales, banda numerosa liderada por Domingo Cavallo, salieron de sus guaridas para advertir sobre los peligros que acechan y ofrecen propuestas sobre cuál debería ser el camino a transitar. Conchabados en bancos de inversión del exterior, en entidades financieras locales, en consultoras de la city y algunos cobijados en las polleras de la política, ahora dan cátedra sobre cómo manejar la economía. Son los mismos que, entre otros desastres, destruyeron el sistema de seguridad social, congelaron los haberes, redujeron 13 por ciento la jubilación y privatizaron el sistema para entregar el negocio del siglo de las AFJP a los bancos.

La destrucción de empresas públicas o regímenes de prestaciones estatales es más rápida y sencilla que su proceso de reconstrucción, que necesita de más esfuerzo y complejidad. Si no se toma en cuenta esa condición básica de cualquier desafío económico o social, se ignora por especulación política que recomponer, por ejemplo, un sistema previsional devastado requiere de tiempo para recuperar cuadros técnicos, gestión, recursos y estrategia. Excepto cuando se desarrolla un proceso revolucionario –que no es precisamente el estado actual– se pueden implementar medidas drásticas. En realidad, más que un levantamiento popular ahora se está en presencia de la embestida de la restauración conservadora de la mano de los dirigentes del sector del campo privilegiado, que reúne a aliados impensados de la denominada centroizquierda que hablan para la tribuna progresista y votan con la mano derecha. Por eso mismo, la reestatización de Aerolíneas Argentinas y el proyecto de movilidad jubilatoria constituyen dos iniciativas relevantes que se enfrentan a esa avanzada y aspiran a transitar el sendero de la reconstrucción. Se trata de medidas que son un primer paso en ese camino, quedando otras cuestiones a abordar para definir una política coherente e integrada.

Con la aprobación del 65 por ciento de los diputados en el recinto (141 a 77 votos), y con otra histórica coincidencia de las centrales obreras CGT y CTA luego de la expresada con Aerolíneas, se obtuvo media sanción al incremento bianual de las jubilaciones mediante un índice que toma en cuenta el salario y la recaudación previsional. La movilidad ha sido una permanente reivindicación de los actores sociales preocupados por los jubilados. Y representa un ladrillo más –no el último– en el rescate del régimen previsional público, que a partir de una sucesión de aumentos (once) de la jubilación mínima en los últimos años ha registrado los siguientes avances:

- La moratoria previsional implicó otorgar la posibilidad de acceder a un haber jubilatorio a todo adulto retirado del mundo del trabajo que no cumplía con la exigencia de 30 años de aportes acumulados. Esta medida benefició a casi 1,5 millón de personas, elevando la cobertura previsional por encima del 80 por ciento de la población en edad de jubilarse, nivel que es el más alto de la región. Se acerca mucho a la idea de la universalización de la prestación jubilatoria.

- La reforma previsional brindó al trabajador la posibilidad de elegir a qué subsistema quiere aportar: capitalización o reparto. Pudieron regresar así a un modelo de solidaridad intergeneracional poco más de 1,3 millón.

- También implicó pasar desde la capitalización al reparto a 1,2 millón de personas próximas a cumplir la edad de jubilarse con saldos en sus cuentas que no alcanzarían el haber mínimo. Y a los integrantes de regímenes especiales (docentes, investigadores y diplomáticos), lo que implicará mejores jubilaciones.

- A la vez, se estableció un tope en la comisión que cobran las administradoras privadas y los “indecisos” pasaron a quedar en el sistema estatal.

- A partir de este año se restableció el aporte personal al sistema de seguridad social del 7 al 11 por ciento de los ingresos.

- Se creó un fondo anticíclico de Garantía al Sistema de Reparto de unos 20 mil millones de pesos.

- Y ahora se dispone la movilidad del haber jubilatorio.

Respecto de este último aspecto, básico del sistema previsional y reclamado por la Corte Suprema de Justicia con el fallo Badaro, en la negociación del proyecto se avanzó en la fórmula de tomar el índice mayor entre el salarial del Indec y el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), serie elaborada por la Secretaría de Seguridad Social. Esto procura una evolución de la jubilación cercana a la que tendrá el ingreso del trabajador activo. La aprobación de la movilidad viene a cumplir con las garantías constitucionales y las normas internacionales contenidas en los convenios suscriptos por el país. Los investigadores del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp) Mario Paganini y Hernán Pena elaboraron el oportuno documento Movilidad de los haberes previsionales. Destacan que “habiéndose analizado la declaración de derechos y garantías establecidas en la Constitución nacional, se encontraron dos principios que establecen las pautas a seguir: a) el Estado debe garantizar la existencia de un sistema de seguridad social, y b) las prestaciones de las jubilaciones y pensiones de dicho sistema deben ser móviles”. Aclaran que estos principios tienen un orden lógico (no histórico) de prioridad: “primero hay que procurar tener un sistema que pueda mantener un equilibrio intertemporal, para luego garantizar la movilidad de las prestaciones”. Entonces recomiendan la utilización del Ripte como factor de actualización, observando de ese modo a la fórmula de ajuste aprobada en Diputados porque incorpora la recaudación, que es una variable de mayor volatilidad.

Resulta interesante el ejercicio realizado por Paganini y Pena de aplicar el Ripte para el período comprendido entre julio de 1994 y diciembre de 2007. El saldo alcanzado en ese lapso fue que la variación acumulada en el Ripte fue del 116,8 por ciento, porcentaje menor a los aumentos otorgados a la jubilación mínima. “Esto se explica por la decisión política de priorizar a los sectores más necesitados en momentos de crisis”, explican. Señalan que esa estrategia se reflejó en que el 73 por ciento de los jubilados reciben hoy la mínima, en un fuerte achatamiento de la pirámide previsional. El haber mínimo creció casi 300 por ciento, mientras que para el resto de los beneficios se aplicó un aumento del 55. O sea, concluyen que “de los 4,8 millones de beneficiarios del sistema, aproximadamente 3,0 millones no tienen afectados sus haberes por la falta de movilidad por índice”. Para el resto, cuyos haberes deberían ser ajustados, “745 mil con haberes inferiores a 1000 pesos y 544 mil con haberes hasta el máximo, generarían un incremento en el gasto del sistema de 819 millones de pesos mensuales, algo más de 10.650 millones anuales, guarismos perfectamente absorbibles por la actual situación de superávit del sistema”.

Para una comprensión amplia del complejo e inconcluso proceso de reconstrucción del sistema previsional estatal, resulta necesario prescindir por un momento del vuelo bajo de la especulación electoral y evaluar tanto lo que se hizo y, fundamentalmente, lo que aún falta hacer desde la base que brinda el aporte de un ladrillo más.

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