La Presidenta decidió ayer el reemplazo de uno de los funcionarios que se relacionan directamente con el mundo financiero estadounidense. Se trata del representante ante el FMI, Héctor Torres, que dejará su lugar después de más de cinco años. Torres ocupa la silla que corresponde a la Argentina en el directorio del organismo. Fue designado en su momento por Roberto Lavagna, pero después del alejamiento del ministro su referente en Buenos Aires pasó a ser Martín Redrado. El hecho de que ahora Torres se vea obligado a presentar la renuncia fue interpretado en algunos ámbitos como una señal de debilitamiento del presidente del Banco Central. Justo esta semana, Redrado dejó trascender sus discrepancias con la decisión de cancelar toda la deuda con el Club de París, en lugar de optar por una refinanciación a largo plazo.

El Ministerio de Economía señaló que el desplazamiento de Torres obedece a “razones de gestión”, sin más precisiones. Indicó que su puesto será ocupado por quien es hasta ahora su segundo, Pablo Pereyra, economista de 37 años que llegó a Washington en 2006, designado por la entonces ministra Felisa Miceli. El traspaso se hará efectivo en noviembre, después de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial.

Si bien el anuncio lo hizo Economía, y también trascendió que la relación de Torres con el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, no es la mejor, la decisión de removerlo del puesto corresponde a la presidenta Cristina Fernández.

Lorenzino acompañó ayer al ministro de Economía, Carlos Fernández, en una reunión que mantuvo con Redrado y con el secretario de Legal y Técnica de la presidencia, Carlos Zannini, para resolver cómo se hará el pago al Club de París. Un punto a resolver es si el Gobierno emitirá un nuevo decreto o resolución para “fortalecer el andamiaje legal” que estructurará el pago. Esto se debe a que surgieron algunos planteos, de los holdouts y también de sectores de la oposición –Federico Pinedo, de PRO, dijo que lo expondrá formalmente a través de un proyecto de ley–, de que el dinero que se girará al Club de París sería embargable. La advertencia surgió porque el Club de París, según esta interpretación, no es un organismo financiero internacional, sino un “grupo informal” de acreedores. Un decreto de 2005 habilita al Gobierno a utilizar las reservas de libre disponibilidad del Banco Central para cancelar deuda con organismos internacionales. Pero si el pago no fuera a un organismo, los holdouts podrían echar mano.

Fuentes oficiales dijeron a este diario que consideran que el Club de París es un organismo financiero y aclararon que la norma no menciona “organismo multilateral” como el FMI o el Banco Mundial, sino sólo “financiero”. De todos modos, señalaron que de ser necesario se podría emitir un nuevo decreto para ordenar la situación. También indicaron que el proceso para determinar cuál es el monto exacto de la deuda a cancelar llevará varias semanas.

En tanto, el Gobierno culpó ayer a los holdouts por el sacudón financiero que siguió al anuncio del pago de la deuda al Club de París. Los holdouts son los bonistas que rechazaron la reestructuración de títulos en default que se hizo en 2005. Conservaron esos papeles disconformes con la propuesta argentina y demandan al país en tribunales internacionales, básicamente de Nueva York. El embajador argentino en Washington, Héctor Timerman, sostuvo que esos financistas, en su mayoría fondos buitres, lanzaron “una campaña” porque “ven alejarse la posibilidad” de que el Gobierno les haga una oferta para arreglar su situación.