La Convención Constituyente de Entre Ríos fue más sensible a las presiones de la Iglesia que a los sectores que impulsan nuevos derechos en la sociedad: por 25 votos contra 18, ayer rechazó la incorporación de la unión civil en la nueva Constitución local. Los principales dirigentes de las entidades de gays y lesbianas del país estuvieron presentes en la sesión, convencidos de que los números daban para la aprobación. Pero la jugada del Arzobispado de Paraná pudo más que los consensos previos y logró sepultar el proyecto de convertir al estado entrerriano en la primera provincia que llevara a la Carta Magna un derecho homosexual.

El dictamen que había sido aprobado por mayoría en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías reconocía “el derecho a unirse libremente a las personas” y otorgaba a quienes se unieran civilmente “los beneficios de la seguridad y la previsión social en las mismas condiciones que los cónyuges”.

La posibilidad cierta (hasta el jueves) de que la unión civil tomara rango constitucional en la provincia despertó la furia de la Iglesia local, que encaró un trabajo de pinzas. Tal como fue denunciado en la propia sesión de ayer, representantes del clero presionaron individualmente a los convencionales para que rechazaran el proyecto. Pero también se lanzaron a la arena pública: organizaron una conferencia de prensa, emitieron un comunicado y publicaron una solicitada. Tal como señaló PáginaI12 en su edición de ayer, el texto firmado por el Arzobispado de Paraná para convocar al rechazo de la iniciativa llegó a equiparar la orientación sexual hacia personas del mismo sexo con “conductas contrarias a la naturaleza” como “el robo, el asesinato o la mentira”.

“Vamos a presentar una querella penal por ese ataque a nuestra dignidad y honor –señaló César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina–. Aunque realmente no pensábamos que esas expresiones irían a tener el efecto que tuvieron. Habíamos ido a Entre Ríos con muchas expectativas, pero finalmente vimos que pudo más la presión de los poderes.” Marcelo Suntheim, también de la CHA y también presente en la sesión de ayer, acotó sin embargo que “hay un éxito en todo esto: hace cinco años hubiera sido impensable que una reforma constitucional en una provincia incluyera este tema en el debate, que hasta tuviera dictamen favorable en la comisión correspondiente. Esto habla de un avance, aunque finalmente no se haya aprobado por circunstancias políticas del momento”.

Precisamente, en la convención, quienes se opusieron a la iniciativa se cuidaron de utilizar los argumentos con los que batalló la Iglesia –varios convencionales criticaron con dureza los términos del comunicado del Arzobispado– y se centraron en aspectos formales: señalaron que la inclusión de la unión civil corresponde eventualmente al Congreso nacional y que su incorporación en una Carta Magna provincial iría contra la Constitución nacional.

“Fueron todos pretextos formales para no abordar la cuestión de fondo –evaluó el socialista Américo Schwartzman, el convencional que impulsó el proyecto–. De todos modos, es un buen síntoma que se haya podido discutir. El tema quedó instalado: en Entre Ríos no se hablaba de unión civil, era una utopía. Ahora fue expuesto y debatido, con lo que estamos en condiciones de pelearla en la Legislatura.”

La figura de la unión civil ya rige en la ciudad de Buenos Aires, en la cordobesa Villa Carlos Paz y en la provincia de Río Negro, aunque en este último caso aún no fue reglamentada, por lo que no está en práctica.

María Rachid, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, también presente en la sesión de ayer, evaluó que “aunque íbamos para terminar con un festejo, el saldo fue positivo. En una provincia que no es progresista se obtuvo 18 votos contra 25. Y una importante cantidad de legisladores que consideraron que no corresponde poner la unión civil en la Constitución se comprometieron ante las organizaciones a votarla por vía de una ley”.