El fiscal federal Eduardo Taiano pidió la indagatoria de 30 militares y 71 civiles sospechosos de haber participado en al menos 25 contrataciones del Ejército plagadas de maniobras fraudulentas destinadas a “favorecer a determinadas empresas” y “defraudar al Estado”. El requerimiento, presentado ante juez Rodolfo Canicoba Corral, se basa en la denuncia radicada casi un mes atrás por la ministra de Defensa, Nilda Garré, como resultado de una auditoría interna. La fiscalía sostiene que los elementos recolectados por esa cartera ya permiten suponer que los imputados participaron en varios delitos: asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y falsedad ideológica.

Entre los militares con pedido de indagatoria hay cuatro generales, siete coroneles, cinco tenientes coroneles, dos sargentos, cuatro mayores, dos capitanes, cinco suboficiales y un teniente primero. Todos fueron pasados a disponibilidad a partir de la denuncia judicial de Defensa. Entre ellos figura el general Héctor Mario Giralda, que era director de Asuntos Históricos; el coronel Andrés Andreotti, jefe del Batallón de Intendencia 601, y el ex comandante de Operaciones Terrestres Raúl Horacio Gallardo. La investigación también compromete a altos jefes, como Mario Fernando Troncoso, director de Personal del Estado Mayor, y al director de Logística y Material, Jorge Eduardo Gómez.

El documento de la fiscalía propone una listado de diecisiete medidas de prueba complementarias para la pesquisa. Una de ellas es el estudio de las cuentas bancarias de los funcionarios y de los proveedores implicados, quiénes están autorizados a operarlas y los movimientos que tuvieron durante 2007, el año en que fueron cometidas las irregularidades detectadas. También sugiere pedir datos a la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) para analizar a los proveedores, ya que se presume que algunas de las firmas serían empresas fantasma utilizadas como pantalla de operaciones ilegítimas y pagos desviados. Agrega una lista de posibles declaraciones testimoniales, como la de varios miembros de la Comisión Evaluadora del Ejército que intervinieron en algunas licitaciones.

El documento del fiscal afirma que la auditoría presentada por la ministra Garré “daría cuenta de la existencia de una estructura destinada de delinquir que operaría dentro del Ejército Argentino”. En los 25 contratos analizados (algunos directos y otros con licitación) se detectaron “mecanismos similares” y la participación de las mismas personas. Las irregularidades que se repiten son desdoblamientos de contrataciones para que figure un monto menor y evitar controles (por ejemplo, de la Sindicatura General); falsificaciones de firmas; adulteraciones de documentos; adjudicaciones a oferentes con dudosa situación fiscal y sin experiencia en los rubros adquiridos; adjudicaciones a proveedores vinculados entre sí y/o ligados a los funcionarios intervinientes.

A través de datos de la AFIP, la ANSeS y la ONC se detectó que distintas sociedades (invitadas a concursar o contratadas) compartían domicilio, casilla de e-mail y teléfonos. A su vez, se identificó la coincidencias entre los domicilios de una decena de militares y varios proveedores. A eso suma que en numerosos casos se invitaba a cotizar y/o se adjudicaron contratos a algunas empresas en rubros bien distintos de su especialidad. Una proveedora de librería y papelería cotizó para mantenimiento y reparaciones; otra de ferretería, electricidad y telefonía cotizó para la provisión de cuero para calzado; una de vigilancia y seguridad también se postuló para la adquisición de cuero; y sigue la lista.

Un párrafo especial aparece dedicado por Taiano a los datos aportados por el ministerio en relación con el coronel Néstor Hugo Korbs, que dependía del Batallón de Intendencia. Al expediente se incorporó un anónimo según el cual Korbs –en connivencia con otros militares– vendía destinos y ascensos por tarifas que iban de 2000 a 20.000 dólares. El mismo texto sugiere que actuaba “autorizado por Vendini” (sic) –por el jefe del Ejército Roberto Bendini– y lo señalaba como propietario de casas y campos en Esquel, inversiones en Bariloche, plazos fijos dentro y fuera del país y numerosos viajes. En Defensa registran más de cincuenta viajes de Korbs al exterior en siete años.

La decisión de citar a los militares y civiles a indagatoria y convalidar las medidas que pidió la fiscalía queda ahora en manos del juez Canicoba Corral.