El debate previsional del proyecto para poner fin a las AFJP requiere el esfuerzo de no quedar atrapado en mediocres consignas políticas si el objetivo es defender a los trabajadores y sus futuras jubilaciones. Con su amplio coro de voceros bien predispuestos, el poder económico sabe utilizar como nadie las propias defraudaciones adjudicándolas al otro como argumento de defensa de sus intereses particulares. Ese mecanismo de proyección, que sería carne de diván para psicólogos, tiene en la esfera pública un potente factor de confusión. Desde la más taimada, como sacar de contexto histórico un viejo discurso de Perón, hasta la más popular, como la definición rústica de “hacer caja”. La anécdota de Perón es en cierto sentido frívola porque fue él quien expandió la cobertura legal del sistema de protección social estatal y su crítica en ese video apunta al manejo de las jubilaciones por parte de los gobiernos militares y civiles que lo sucedieron en su largo período de proscripción política. Que el pensamiento conservador que siempre repudió a Perón hora apele a él tergiversándolo pone al descubierto el nivel de desesperación por la pérdida de un millonario negocio con el dinero previsional de los trabajadores. La discusión conceptual sobre la caja jubilatoria y la utilización de sus recursos resulta más interesante y reveladora de la perversidad argumental de los defensores de las AFJP. Fueron los militares, las políticas de ajuste impuestas por los grupos de poder y el propio régimen de capitalización privada que desquiciaron el sistema previsional y, por lo tanto, el haber jubilatorio. El recorrido de ese proceso permite ilustrar y tranquilizar a las almas atribuladas por el temor sobre el destino de la caja.

La situación más cercana es la que se registra con las AFJP: la asociación de financistas & afines han estado detrayendo recursos previsionales mes a mes del aporte jubilatorio mediante abusivas comisiones. O sea, el riesgo no es que el Gobierno se apropie de la caja jubilatoria, sino que durante catorce años fueron las AFJP que lo han estado haciendo en forma persistente con la impunidad que brinda el poder financiero sobre el dinero previsional de los trabajadores. Poner fin al funcionamiento de la jubilación privada es frenar el impúdico manotazo mensual a la caja por parte de los banqueros.

Otra contribución de los conservadores a perjudicar a los jubilados fue que en la mitad de esos años de régimen privado los aportes fueron menores al establecido por ley. Con una medida desesperada para salvar la convertibilidad agonizante, Domingo Cavallo los redujo del 11 al 5 por ciento, afectando por lo tanto la caja. Luego, el gobierno de Eduardo Duhalde lo subió al 7 por ciento y recién a partir de este año volvió al 11. Cavallo sabe bien cómo afectar la caja previsional: en 1994 redujo los aportes patronales disminuyendo así ingresos que correspondían al sistema de seguridad social. Más adelante, en 2001, en el gobierno de Fernando de la Rúa directamente redujo el 13 por ciento de las jubilaciones. Ya no era en la caja previsional, sino que la mano fue sin escala al bolsillo.

Durante la década del noventa, dominada por la política neoliberal, las jubilaciones estuvieron congeladas porque la creación de las AFJP desfinanció al sistema de seguridad social. La mano en las cajas previsionales fue introducida por los que ahora atemorizan con el riesgo del manejo discrecional por parte del Estado. Los economistas del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino estimaron que desde la creación de las AFJP, el sistema de seguridad social público resignó anualmente recursos por un monto cercano a los 5500 millones de pesos constantes de 2006. No es que ahora el sector público podrá financiarse con los fondos que iban a las AFJP, porque es lo que hacía aunque en forma onerosa emitiendo bonos que esas compañías compraban, sino que con el fin de las Administradoras se repara el error de haber desfinanciado el sistema de seguridad social.

Otro de los más potentes desestabilizadores de las cajas previsionales ha sido el empleo informal. La causa de ese desequilibrio se encuentra en el fuerte crecimiento del trabajo en negro desde mediados de la década del ’70. De esa forma disminuyó la relación pasivo/aportante, lo que agudizó la tensión financiera de las cuentas del sistema de seguridad social. El empleo informal significa que el empresario no realiza el aporte previsional establecido por ley, que deriva en menores ingresos a la caja. Las cámaras patronales, por ejemplo la UIA que reclama con espíritu republicano respeto a la “seguridad jurídica” con el proyecto oficial, son las que deberían aleccionar a sus integrantes que el trabajo en negro es una forma de apropiarse de recursos que corresponden a la caja previsional de los trabajadores. Del mismo modo, con la evasión en los aportes de su plantel.

Uno de los factores relevantes, y a nivel estructural el más importante, para comprender la inestabilidad de los fondos que tuvo el sistema jubilatorio se encuentra en la inflación y, por lo tanto, en las políticas macroeconómicas que durante muchos años han tenido como guía la estrategia del ajuste. La inflación es un poderoso mecanismo de descapitalización de los fondos previsionales. Las crisis económicas han provocado fuertes desequilibrios en las cajas previsionales, como también lo han hecho con el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos.

Al respecto, pese al pensamiento dominante, durante el período peronista 1945-1955 el sistema previsional no registró déficit ni fue descapitalizado. Ese resultado positivo se debió a la existencia de una elevada cantidad de aportantes en relación con los beneficiarios. El ejemplo que se expone como manejo discrecional de recursos fue la construcción de viviendas populares con financiamiento de las cajas previsionales. Pero, en realidad, el activo de bajo retorno en contrapartida a esas obras junto al proceso inflacionario de los años posteriores fue lo que derivó que recién en 1962, siete años después del derrocamiento de Perón, se contabilizara el primer déficit en el sistema. Con el dictador Juan Carlos Onganía se desalojó la presencia sindical de la dirección de las cajas previsionales, pasando el Estado –autoritario– a tener la administración central del sistema con el objetivo de controlar la evasión y uniformar las prestaciones y las condiciones para su obtención. Ese resultado no fue alcanzado. En la última dictadura militar, se inicia en 1980 un proceso sistemático de desfinanciamiento del sistema con la reducción de las contribuciones patronales.

En esta instancia aparece el concepto de “intangibilidad” expresado por dirigentes políticos como fundamento para advertir sobre la necesidad de cuidar el dinero de los jubilados. Aunque parezca una herejía ante el crispado discurso de la oposición, no tocar los recursos previsionales para otros destinos que no sea para pagar las jubilaciones (“intangibilidad”) significa directamente licuar esos fondos con la inflación. O sea, meter la mano en la caja por la lenta o rápida descapitalización según el ritmo de alza de los precios. Para no repetir fracasos de experiencias pasadas, además de consolidar políticas económicas para el crecimiento y no para el ajuste, ya sin las AFJP el objetivo del sistema jubilatorio estatal debería ser mantener el poder adquisitivo del dinero de las cajas. Para ello se requiere de una administración transparente de las inversiones de esos fondos, tarea que debe ser controlada por diferentes sectores. Esa supervisión debe ser institucionalizada para evitar que ante cambios de gobiernos, como ha sucedido a lo largo de la historia con experiencias conservadoras, se termine afectando a los trabajadores y a los jubilados.

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