“La gente que habla de bajar la edad de imputabilidad y dice que ahora todo es culpa de los menores, creerán que los menores se cayeron de Marte. Si esos menores están en esa situación, nosotros somos responsables”, se despachó la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay, con la espontaneidad que la caracteriza, cuando le tocó exponer el viernes en el XV encuentro Nacional de Mujeres Juezas. “No hagamos responsables a los chicos. Pongámonos a ayudarlos de manera que no signifique torturarlos, encerrarlos, maltratarlos, tratarlos como a animales, a veces peor que a los animales”, propuso en clara contraposición al pedido del gobernador bonaerense Daniel Scioli para que los niños sean imputables a partir de los 12 años.

Quizá por casualidad, Argibay dijo lo que dijo en territorio de Scioli, ya que la megarreunión de juezas se hizo en La Plata, en el Colegio de Abogados. Fue una charla descontracturada donde paseó por temas muy variados. La alusión al debate sobre la responsabilidad penal de los menores, que se recalentó esta semana a partir del asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea en San Isidro, era prácticamente ineludible. Como venía hablando de “qué necesitamos las mujeres para tener justicia”, Argibay inauguró el tema llamando a “defender a nuestras niñas” y luego se refirió a los niños en general. “Estamos con el tema de los menores y de bajar la edad de imputabilidad (...) si esos menores están en esa situación, nosotros somos los responsables. Los mayores que no les hemos dado lo que teníamos que darles. Educación, salud, justicia, atención, amor, cariño, protección y por eso están en esa situación”, llegó a enumerar cuando la interrumpieron los aplausos.

Scioli había dado una conferencia de prensa el miércoles cuando se presumía que dos menores de 18 años habían actuado en el crimen de Barrenechea. “Hay países que han encarado este tema”, señaló en referencia a Uruguay, Brasil y Paraguay, que “tienen leyes que fijan la imputabilidad en delitos graves a partir de los 13 o 14 años”.

Argibay retrucó con un pedido para no estigmatizar a los jóvenes y para dejar de pensar en la cárcel como solución. La jueza sostiene, como lo ha dicho ya en entrevistas con Página/12, que poner la edad de imputabilidad por debajo de los 18 años va contra la Convención de los Derechos del Niño (incorporada a la Constitución argentina) que dice que los menores “son niños hasta los 18 años”. Esto implica que no se les puede aplicar el mismo régimen penal que a los adultos. “No hagamos responsables a los chicos. Son nuestros chicos y tenemos que responder por ellos”, insistió. “Lo hemos hecho nosotros –continuó– y los que por ganar infinita cantidad de dinero para hacer no sé qué vienen y toleran vivir al lado de una villa miseria, con chicos que se están muriendo. Con chicos que no van a la escuela. Con chicos que no tienen futuro. Que no tienen más futuro que una cárcel. Esto a mí me duele, me indigna y me hace llorar. Y creo que nosotros podemos hacer mucho”, exclamó.

Algo similar le había señalado a la procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo, en la antesala de la charla. Falbo, por su lado, estaba irritada por comentarios del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien la tildó primero de “absolucionista” y en declaraciones posteriores, se corrigió y dijo “abolicionista”. La postura de la funcionaria tiene coincidencias con el planteo de Argibay. “La cuestión de bajar la edad de imputabilidad como única respuesta no soluciona nada, si el Estado no ofrece apoyo complementario. Me refiero a lugares que a los menores les den educación, deporte, alimento. El Estado debe dar herramientas de socialización, no mandarlo a una cárcel. Se necesitan lugares donde alojarlos y si son devueltos a sus familias, esas familias deben ser subsidiadas, sino no arreglamos nada. A un chico que cometió un homicidio ¿Adónde lo mandás si no hay centros de contención?, se preguntó Falbo consultada por Página/12.

–Entonces ¿discrepa con el gobernador Scioli? –le preguntó este diario.

–No es que discrepo. El habló de seguir los modelos de otros países, pero creo que entiende que con bajar la edad de imputabilidad no alcanza. Todos los que somos parte de esto tenemos que debatir. La edad la establece el Código Penal. Hay una convención internacional que respetar.

–En el Congreso hay 14 proyectos de ley para crear un nuevo sistema penal juvenil, pero en el recinto no se debate. ¿Por qué?

–No se entiende. Lo que está claro es que la mano dura no ha dado resultado. También hacen falta programas de prevención y de esto debería ocuparse el Ministerio de Seguridad bonaerense.

–Posse dijo que usted debería renunciar por su postura.

–Yo no tengo que ver con la seguridad directamente. Que reclame donde debe hacerlo.

Según el Régimen Penal de Minoridad vigente, con raíces en la última dictadura, no son punibles los menores de 16 años. No se les puede aplicar el mismo castigo que a los adultos, como la privación de la libertad. A su vez, puede disponer de él un juez de menores, que (si considera que está en situación de abandono) suele asignarlos a los institutos, otra modalidad de encierro. Esos niños no tienen posibilidad de defensa propia. Una resolución de la Cámara de Casación Penal declaró a fines del año pasado la inconstitucionalidad del régimen aplicado a los menores de 16 años y dispuso liberar progresivamente a quienes estuvieran afectados por este régimen. La Corte frenó esa medida y pidió informes a los juzgados. El máximo tribunal tendrá la posibilidad, en base a este expediente, de pronunciarse sobre la legalidad del sistema actual y sus modalidades encubiertas de privación de la libertad.