Confiado en tener asegurados los votos para imponer en Diputados y en el Senado el proyecto de reestatización del sistema previsional, el oficialismo sólo atenderá propuestas de modificación que considere que mejoran el original. Es decir, no tiene que negociar cambios para que se apruebe, como ocurrió en Diputados con las retenciones móviles, sino que, en todo caso, buscará darle al proyecto un mayor consenso.

Con cambios o sin cambios, la Cámara baja estaría votando el 6 de noviembre, según estimó ayer el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, ante una consulta de PáginaI12. En la bancada oficialista cuentan entre 145 y 150 votos, pasando revista a fuerzas propias, radicales K y bloques provinciales. Por eso, la posibilidad de hacer retoques está centrada en darle cabida al socialismo y al bloque Solidaridad e Igualdad (SI) para lograr más consenso y llegar a los dos tercios de los votos.

Consultado por este diario, uno de los referentes del SI, Carlos Raimundi, consideró ayer que su bloque acompañará el proyecto oficial, siguiendo la opinión de la experta en el tema que tiene su bancada, María América González. Raimundi dijo que había que dotar al proyecto de las mayores garantías posibles para que el dinero que pase de las AFJP a la Anses sea “intocable” para otro fin que no sea el pago de jubilaciones. También contó que una idea que quiere incorporar al proyecto es crear una suerte de fondo anticíclico. En caso de superávit, el fondo se volcaría al aumento de las jubilaciones mínimas o a otros mecanismos que aporten dinero al consumo para ayudar a que la economía no se enfríe, ya que la crisis financiera mundial empuja inevitablemente hacia un enfriamiento.

El centro de las eventuales modificaciones al proyecto apunta en todos los casos a garantizar el destino genuino de los fondos. Es así hasta en bloques que no van a votar el proyecto oficial, como el PRO, la Coalición Cívica o la UCR. El Gobierno adoptó una estrategia que tiene dos ejes centrales. Uno es el de no confrontar verbalmente y mostrar que los fondos van a tener controles más que suficientes. Frente a los duros ataques de Mauricio Macri –dijo que el proyecto es “criminal”– o Elisa Carrió –sin más afirmó que los Kirchner “se quieren robar la plata de los jubilados”–, en el oficialismo van a morderse la lengua.

“A nosotros nos conviene limitarnos a explicar el porqué de la decisión y no entrar en peleas, como nos pasó con los agroexportadores, que nos concentramos más en discutir que en explicar las ventajas de las retenciones móviles”, opinó una alta fuente de la Casa Rosada. Para sostener esta postura se afirman en dos hechos que el Gobierno considera verdades incontrastables y demostrables con números. Una, que el Estado ya está asistiendo a las AFJP para que puedan pagarle al 77 por ciento de los tan sólo 446.000 jubilados que tiene ahora el sistema privado. Es obvio que en el futuro, cuando crezca ese número, no van a poder pagar la mínima ni aunque haya un espectacular repunte de las finanzas en el mundo. La otra columna de este razonamiento es que la gran mayoría de la población prefiere el sistema estatal: el 90 por ciento de la gente que se incorporó este año al mercado laboral optó por el sistema de reparto. El otro eje es llevar tranquilidad sobre el control de los fondos. Rossi repasó los mecanismos ante PáginaI12. “Compartimos que tiene que haber el máximo nivel de transparencia. Por eso hay tantos controles previstos, ya que además de los organismos de control habituales en el Estado, como la Sigen y la Auditoría General de la Nación, se va a crear una comisión bicameral de seguimiento y en la Anses va a funcionar un consejo integrado por distintos sectores”.

Respecto de la comisión bilateral, en el oficialismo no descartan darle la presidencia a algún legislador que no sea del oficialismo, aunque probablemente sea algo que decidirán las cámaras con la ley aprobada. En cuanto al consejo que funcionará en la Anses, estará integrado por representantes de cámaras empresariales –como la UIA y la Asociación de Bancos– de los trabajadores (CGT y CTA) y organizaciones de jubilados.

El viernes, la oposición encontró otros argumentos para atacar al proyecto oficial. Uno es que el dinero depositado por los afiliados es propiedad privada y el Estado no puede disponer de ellos. La respuesta que dieron Rossi y el director de la Anses, Amado Boudou, es que es propiedad privada sólo de manera ficcional, ya que sus dueños no pueden disponer de ese dinero. “No es una caja de ahorro, que pueden retirar el dinero cuando quieran. Sólo lo van a cobrar cuando se jubilen y para cuando se jubilen ese dinero no va a existir en las AFJP, se habrá evaporado. Y el Estado por una cuestión de responsabilidad social tendrá que asistirlos sin nunca haber recibido los aportes”, fue el concepto central de ambas respuestas.

Otro de los puntos que cuestiona la oposición es por qué el poco dinero que queda en las AFJP de lo mucho que aportaron los afiliados va a un fondo común y no siguen habilitadas, aún en la Anses, cuentas individuales. “Primero, que el sistema previsional estatal se basa en el principio de solidaridad. Y segundo, esto no tendría sentido, porque aunque se mantuvieran en cuentas individuales todos van a cobrar más con la jubilación estatal que si mantenemos cuentas individuales con el dinero que les quedó en las AFJP”, responde Boudou.

Para esta semana está previsto que comiencen a trabajar en forma conjunta las comisiones de Previsión y Presupuesto. El martes empezarán su tarea escuchando las exposiciones del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y de Boudou. Toda la semana seguirán desfilando representantes de las AFJP, de la CGT y la CTA y de los jubilados. Y la semana siguiente habrá dictamen y se votará. Aunque el proyecto oficial tiene tanto o más peso que el de las retenciones móviles, el clima en el Congreso y la Casa Rosada contrasta claramente con los agitados días de julio. A los oficialistas de uno y otro edificio se los ve con la tranquilidad de quienes van a salir a la cancha a jugar un partido ganable.