En el debate sobre la nacionalización de las AFJP en Argentina se ha utilizado mucho la referencia al funcionamiento del modelo chileno. Las referencias que se hacen son a menudo interesadas y no se corresponden con la realidad. El modelo chileno se impuso durante el régimen militar en 1981, prácticamente a sangre y fuego. La gran mayoría de los trabajadores fueron obligados a cambiarse al sistema privado bajo un ofrecimiento prácticamente irresistible: mejores pensiones con más bajas cotizaciones. Y si tan sustancioso argumento no convencía, ahí estaba la fuerza para obligarlo a cambiarse al nuevo sistema. A diferencia de muchos otros países, el sistema de capitalización individual en Chile se estableció como sistema único. “Unico” es una manera de decir, porque hubo una gran excepción: los propios impulsores del sistema. Las Fuerzas Armadas que se quedaron fuera, y siguen fuera de él.

El sistema chileno, en una operación de envergadura que contó en su momento con el patrocinio de muchos organismos internacionales, ha sido ampliamente divulgado en el mundo. Se han puesto de manifiesto sus bondades, pero se habla muy poco de sus problemas. Estos tienen que ver con una suerte de “siete pecados capitales”.

Es un sistema claramente excluyente. Le puede garantizar una buena pensión a un joven con formación, con buen salario y buena salud y por tanto, gran continuidad laboral. Pero, para la gran mayoría la tasa de reemplazo está muy por debajo del 50 por ciento. Por otra parte, más de la mitad de la población chilena quedó fuera del sistema y ha sido un sistema extremadamente machista, toda vez que siete de cada diez mujeres simplemente están fuera del sistema de pensiones.

Asimismo, es un sistema de alto costo de administración. De cada 10 pesos que usted cotiza, dos van a financiar no su fondo de pensión, sino su costo de administración. También, es totalmente asimétrico e injusto, porque no se ha logrado establecer una vinculación entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad de la administradora. Por tanto, se ha dado en años anteriores, y se volverá a producir este año, una situación altamente irritante. Mientras los fondos de propiedad de los chilenos caen, la rentabilidad de las administradoras se va a mantener altas como en los mejores tiempos, en los cuales llegaron a niveles por sobre el 20, el 25 e incluso el 30 por ciento.

El impacto de la crisis financiera internacional sobre los fondos ha sido devastador. De esto tampoco se habla mucho en el país. Hacia agosto del 2007, los fondos de pensiones habían acumulado alrededor de U$S 110 mil millones, de los cuales más de 30 mil estaban en el extranjero. A finales de septiembre del 2008, se habían simplemente evaporado más de 20 mil millones. Esto equivale a dos tercios del total de fondos de las AFJP argentinas. Los afiliados mas jóvenes, que tenían parte importante de sus ahorros en los fondos A y B, que son los más líquidos porque tienen una mayor composición de renta variable, fueron de lejos los más afectados.

El argumento de las administradoras chilenas es que en algún momento esto se va a recuperar. Pero ¿qué ocurre? con la gente que está ya en edad de jubilar y ha perdido un 15 o 20 por ciento de sus ahorros. A esas personas, si son cardíacas o depresivas, derechamente les recomiendo que no miren por el momento sus estados de cuentas.

El gobierno de Michelle Bachelet hizo de la reforma previsional su principal bandera en materia de protección social. La ley ya fue aprobada. Involucra un avance importante en cuanto a la creación de un pilar solidario, que va a significar que la gente modesta, independientemente de que haya cotizado durante su vida activa, pueda tener una pensión básica solidaria en torno de los cien dólares si forman parte del 60 por ciento más pobre del país. Esta medida no les vino mal a las AFJP, toda vez que su costo es enteramente de cargo fiscal. En Chile está pendiente la creación de una AFJP estatal, que pueda introducir más competencia. El gobierno tiene un compromiso al respecto. Espero que lo cumpla durante las próximas semanas, enviando el proyecto de ley al Parlamento.

Las situaciones de Chile y Argentina no son exactamente comparables, pero a la luz de la experiencia chilena, no cabe duda de que la introducción de mecanismos de reparto sería bienvenida para garantizar una mínima solidaridad dentro del sistema, y una ampliación de la garantía pública sobre los ahorros, sería también muy bienvenida por parte de aquellas personas cercanas a la edad de jubilarse y que hoy no pueden hacerlo por la brutal caída que han experimentado sus ahorros. Todas estas reformas suponen naturalmente una garantía absoluta en cuanto a que los recursos de los ahorrantes van a ser correctamente ocupados y no desviados para otros fines. Espero que el debate argentino pueda encauzarse correctamente, sin histerias ni maniobras destinadas a defender quién sabe qué oscuros intereses. Y, para que ese debate sea informado, les recomiendo que miren bien el sistema chileno y duden de las versiones ingenuas e interesadas que sus autores han continuado esparciendo por el mundo, incluyendo Argentina.

* Senador, vicepresidente del Partido Socialista de Chile y ex ministro de Economía.