El ex presidente del Banco Central Pedro Pou volverá a ser investigado en las dos causas por presunto fraude a la administración pública y coacción que se abrieron con la quiebra del Banco Mayo. La Cámara Federal decidió revocar el sobreseimiento del titular del Central durante el menemismo que había dictado el juez Norberto Oyarbide. Si bien las resoluciones se conocieron ayer, se dictaron el 30 de diciembre último. En los expedientes se investiga la decisión del organismo monetario de excluir activos y pasivos del ex Mayo, los motivos que llevaron a desechar la oferta del Banco Galicia y aceptar la del Citibank, y el silencio guardado por las entidades financieras tras ser invitadas a mejorarla. Con todo esto, deberá analizarse la responsabilidad del entonces directorio del BCRA.

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah colocaron a Pou nuevamente contra las cuerdas. Con la intervención del secretario Pablo Herbón, los jueces afirmaron que “la resolución recurrida (apelada) habrá de ser revocada en razón de que el informe en cuestión carece de virtualidad para descartar el eventual obrar ilícito”. Consideran entonces que sigue “pendiente dilucidar” el entramado denunciado.

El 26 de mayo de 1999, el juez Gabriel Cavallo dictó el procesamiento de Pou por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa abierta por la caída de los bancos Patricios y Mayo. La denuncia había sido presentada por los entonces diputados Alfredo Bravo, Héctor Polino y Jorge Rivas. En la decisión de Cavallo pesó la certeza de que la autoridad monetaria había mirado hacia otro lado mientras circulaban montos millonarios en autopréstamos. Y que tampoco tomó nota de la baja calificación recibida por el Patricios, en 1977, ni de la recomendación de los técnicos respecto de la necesidad de sanearlo.

Cavallo procesó a nueve funcionarios y ex funcionarios del Central. Pero en julio de ese año desprocesó a Pou por “falta de mérito”, aunque el hecho no cerró para siempre la cuestión. La justificación es que no habría tenido “acabado conocimiento” de lo que estaba sucediendo con el Patricios en los días previos a su caída, ni tampoco de los malos momentos por los que atravesaba el Mayo. En cambio, su vicesuperintendente de Entidades Financieras Miguel Angel Ortiz había ocultado los datos que preanunciaban el hundimiento del Patricios y la incapacidad del Mayo para absorberlo. La Sala II de la Cámara, por su parte, ordenó a Oyarbide que continúe con la investigación sobre Pou, que había sido desvinculado de la causa. En tal caso el pedido fue hecho por Irurzun, Cattani y Eduardo Luraschi.

Ahora se decidió continuar con la investigación, tal cual como se inició en 1999. En uno de esos expedientes se investiga la decisión del Banco Central, del 30 de octubre de 1998, por la que se dispuso la exclusión de activos y pasivos del ex Banco Mayo. También se investigan los motivos que llevaron a desechar la oferta de adquisición que presentó el Galicia y aceptar la del Citi. Además se estudia la razón por la cual no se presentaron nuevas ofertas. En las otras actuaciones se procura develar si funcionarios del BCRA “determinaron la voluntad de integrantes del Consejo de Administración del ex Banco Mayo, al punto de haberse valido de la coacción para que éstos sólo intentaran paliar esa situación recurriendo a su ayuda financiera”.

En ambos fallos, los jueces Cattani, Irurzun y Farah recuerdan que en los expedientes la Cámara ya había revocado los sobreseimientos. “Tal informe no brinda respuesta en torno de la causa por la cual se consideró mejor la propuesta del Citibank que aquella ofrecida por el Banco Galicia, ni tampoco lo hace con relación a la razón por la cual las restantes entidades financieras invitadas guardaron silencio o desistieron de realizar una oferta más conveniente”, expresaron los jueces.