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Las normas para la regulación de las tasas de interés y comisiones que cobran los bancos a clientes particulares despertaron una reacción en cadena de voceros del sistema financiero que anticipan todo tipo de catástrofes: será el final de los créditos para el consumo, los comercios ya no aceptarán las tarjetas de crédito como medio de pago, habrá una fuga hacia el dólar paralelo de los ahorristas por falta de tasas atractivas para los plazos fijos. Todo ello, a partir de la lectura de que la “intervención del Gobierno” alteraría un “mercado que funciona”, con “tasas que se pagan” porque son convalidadas por el público. El diagnóstico que llevó a la determinación de un nuevo régimen de regulación es distinto: la radiografía que se hizo a nivel oficial no sólo concluye que el sistema financiero no está cumpliendo con las necesidades de un modelo de crecimiento e inclusión social, sino que además se detectaron fuertes distorsiones que provocan, de un lado, una suerte de saqueo por sobretasas que se cobran sobre los sectores más humildes de la población. Pero, además, revela la existencia de un aceitado mecanismo de préstamos masivos por afuera del circuito formal, que genera fuertes ganancias a las que no son ajenas los propios bancos del sistema. A partir de esa caracterización, a lo que apuntan las nuevas medidas es a corregir una situación irregular e injusta, que no debería provocar ninguna de las catástrofes anunciadas, según sostienen fuentes del organismo regulador. “El sistema debería sumar más clientes con estas regulaciones, no menos”, afirman en ese ámbito. “Todos los bancos están con alta rentabilidad y se van a poder reacomodar sin dejar de ganar”, aseguran las mismas fuentes.

Es un problema que viene de lejos. El sistema financiero argentino dejó de ser funcional a un modelo de crecimiento y cada vez se parece más a una oficina en la que “si pedís que te presten plata, primero tenés que demostrar que a vos la plata te sobra”, dicho popular con el que se describen las exigencias que suelen hacer inaccesible el crédito. Pero en los últimos años surgió una salvedad. “Inaccesible, salvo que se esté dispuesto a pagar tasas exorbitantes.” ¿De usura? En la Argentina, las normas bancarias no las definen así, aunque en varios otros países de la región sí. Incluso, allí son pasibles de sanciones graves para la entidad que las aplique. Aquí, como no tienen sanción legalmente, los mecanismos de préstamos a tasas altísimas se desarrollaron tanto dentro del circuito formal como por fuera de éste.

En la Argentina, hablar de circuito formal quiere decir bajo regulación y control del Banco Central, aunque sólo recientemente la autoridad monetaria comenzó a tener verdadera vocación por controlar a las entidades. El peso de dicha vocación es directamente proporcional a la resistencia de los bancos privados a aceptar las nuevas normas de control.

En los últimos años, el Banco Central sistematizó el seguimiento de la relación entre las tasas de los préstamos (activas) y las ofrecidas por depósitos a plazo fijo (pasivas) en cada banco, determinando así el spread (diferencia entre una y otra) del sistema en su conjunto y de cada entidad en particular. Un análisis reciente encargado por las autoridades del organismo arrojó como conclusión que el spread en general es muy elevado pero, además, hay una gran dispersión entre distintas entidades: mientras que la tasa pasiva es baja (por lo general, inferior a la expectativa de inflación) y bastante pareja entre todos los bancos, la tasa activa es muy superior a la pasiva, pero en un rango que puede estar entre los 15 y los 50 puntos de spread, incluso sin tomar algunos casos extremos. Esta situación, que ya se daba durante el año pasado, se agravó tras la devaluación de enero y tras la suba de tasas pasivas inducida por el Banco Central, porque elevó en mayor proporción la tasa de interés que se cobra por los préstamos.

Un análisis complementario al anterior puso la lupa sobre los costos adicionales que las entidades cobran al otorgar un crédito y con la cancelación de cada cuota. Así se verificó que los cargos por comisiones, gastos administrativos, mantenimiento de cuentas, y otros extras, no sólo elevan significativamente el costo financiero total, sino que además amplían la dispersión entre bancos, ya que las entidades tienden a fijar cargos arbitrariamente altos en cada uno de estos rubros, sin relación ni siquiera entre ellas para un mismo ítem. El costo adicional por esos diferentes cargos puede llegar a elevar la tasa efectiva de interés que paga el cliente entre 10 y 40 puntos anuales, dependiendo del caso y el grado de arbitrariedad del banco prestador. En consecuencia, la inequidad resultante en el sistema se revelaba aún mayor al tomar en cuenta los costos adicionales en los créditos bancarios.

De la radiografía del sistema financiero, tomado en sentido global, surgía un factor todavía más distorsivo. E inequitativo. La avidez de consumo y el acceso a bienes del hogar o vehículos (autos y motos) por parte de una franja masiva de la población dieron lugar al desarrollo, en los últimos años, de múltiples formas de sociedades de préstamo por afuera del sistema financiero formal. Entidades de crédito vinculadas a las terminales automotrices o a las más importantes cadenas de comercialización de electrodomésticos, y hasta de hipermercados o shoppings (que emiten sus propias tarjetas de compras), se convirtieron en el brazo financiero de la venta masiva de bienes de consumo durable en cuotas, con un costo financiero oculto muy superior a las tasas activas bancarias. Este fenómeno pasó a constituirse en la cara más visible de lo que pasó a denominarse “proveedores no financieros” de crédito; es decir, no pertenecientes al sistema financiero formal.

Por debajo de ese segmento, todavía existe otro, menos visible pero tan o más masivo que el anterior y, sin ninguna duda, más injusto y abusivo. Es el de las entidades prestamistas destinadas a quienes no llegan a acceder al sistema, ya sea por nivel de ingresos o por su informalidad en la relación laboral. Desde pequeñas oficinas que promocionan su oferta de “efectivo” a través de volantes o miniafiches callejeros hasta entidades montadas como sociedades de crédito bajo la forma de mutuales o cooperativas, con cierta apariencia de formalidad pero que funcionan igualmente al margen de las regulaciones de las entidades financieras bajo la órbita del Banco Central. Las tasas de interés que cobran este tipo de entidades, usualmente, duplican y hasta triplican las cobradas en las entidades oficiales. En 2013, un análisis de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) señalaba que en este segmento de entidades el costo financiero total oscilaba entre el 110 y el 165 por ciento anual. Este año, se estima que el rango se encuentra entre el 150 y el 220 por ciento. Además de las condiciones leoninas de contratación, que hacen fácilmente ejecutable el bien embargado al deudor, normalmente sin intento siquiera de defensa de este último (usualmente, una persona de condición humilde).

Con todo, lo que más llama la atención en el funcionamiento de esta suerte de sistema “extrabancario” es el origen de los fondos con los que financian los créditos al consumo: el propio sistema financiero formal. Son los bancos los que proveen de recursos a estas organizaciones o firmas que otorgan masivamente créditos, sin regulación oficial, a tasas que cualquier reglamentación calificaría de usurarias. El mecanismo es el “descuento de carteras” en los bancos privados formales: la entidad “proveedora no financiera” de préstamos lleva al banco los documentos firmados por el tomador de crédito personal o prendario, a favor de esa entidad, y los ofrece en garantía para sacar un préstamo. Así, obtiene los recursos con los que operará para el otorgamiento de nuevos créditos en ese mercado informal. La tasa de interés que paga al banco, con los cargos adicionales, puede conformar un costo financiero total del 60 u 80 por ciento anual. La que le cobrará al cliente “informal” que tome el crédito que ofrezca en la calle la “proveedora no financiera” es el doble o algo más. Una tasa de ganancia o spread espectacular, sobre un capital que ni siquiera es propio y, además, con una operación de bajo riesgo, ya que el tomador del crédito debe responder con el bien comprado, mediante ejecución sumarísima, en caso de no cumplir con el pago de las cuotas.

El hecho de que sea el propio sistema financiero el que provea los recursos no es el único puente que liga ese sistema “extrabancario” al circuito formal de las finanzas. Muchas de estas sociedades “extrabancarias” están vinculadas, o directamente controladas, por los mismos bancos privados en los que descuentan los documentos. Tomados en su conjunto, se podría decir que estos grupos financieros les cierran las puertas de los bancos formales a una franja de potenciales clientes para obligarlos a ir a sociedades vinculadas, donde les cobrarán tasas exorbitantes contra la firma de renuncias de derechos en condiciones leoninas, que en el circuito formal o regulado no serían admisibles.

La evaluación de las autoridades regulatorias del sistema financiero es que este sector de proveedores no financieros representa un volumen de operaciones más que significativo, no muy distante de lo que es el stock de préstamos personales o prendarios del circuito formal. Cada operación de descuento de carteras o documentos de estas “mutuales”, “cooperativas” o sociedades de crédito en un banco formal puede significar una financiación de tres a cinco millones de pesos (o más), que cada entidad repetirá mes a mes o con mayor frecuencia, dependiendo de su volumen de operaciones.

El paquete de normas que emitió el Banco Central esta semana apunta fundamentalmente a combatir esa inequidad resultante. Fija tasas máximas de interés nominal a los préstamos personales y prendarios, considerando dos categorías de bancos: Grupo I, bancos líderes (son alrededor de 30), y grupo II, el resto (aproximadamente 50), otorgándoles un margen de tasas más altas a estos últimos entendiendo que sus costos de fondeo pueden resultar más altos en relación con los primeros. En segundo término, establece nuevas reglas sobre el valor de las comisiones y cargos de productos y servicios financieros básicos que pueden cobrar los bancos, que deberán contar con “autorización previa” para aplicar aumentos. El tercer aspecto novedoso de las nuevas normas es la fijación, por primera vez, de una regulación para el acceso al financiamiento de los “proveedores no financieros de crédito, entendiendo como tales a aquellas personas jurídicas que, sin ser entidades financieras supervisadas por el BCRA, ofrezcan créditos a individuos”: mutuales, cooperativas, emisoras no financieras de tarjetas de crédito o compra, entre otros. Sólo podrán acceder al financiamiento en las entidades financieras (descuento de carteras u otra forma de crédito) los proveedores no financieros que se inscriban en un registro que abrirá el BCRA. Los inscriptos estarán obligados a informar sus accionistas y directivos, así como la calificación de sus tomadores de préstamos. El Banco Central restringirá el acceso al crédito, dejando afuera a aquellos proveedores no financieros que cobren a sus tomadores una tasa nominal que más que duplique a la que fije como referencia la autoridad monetaria. La actual, cercana al 27 por ciento, implicaría que no deberían cobrar más del 54 por ciento: menos de la mitad de la que actualmente aplican en su gran mayoría.