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“Cuando redactó la llamada a indagatoria, el juez Ariel Lijo ya tenía virtualmente redactado el procesamiento. Eso se ve en que no acepta ni razonamientos ni documentación que vaya en otro sentido.” Ese es el pensamiento casi unánime instalado en los tribunales de Comodoro Py. Ayer, hasta el vicepresidente también lo dio por descontado: “Es un escándalo. Me van a procesar sin llamar a declarar a ningún empresario”, sostuvo. Sucede que hay un choque frontal entre lo que sostiene el juez, quien acepta la versión de la familia Ciccone, y lo que responden Amado Boudou y Alejandro Vandenbroele. Como se sabe, Lijo afirma que Ciccone fue propiedad de Boudou y que el vicepresidente –entonces ministro de Economía– hizo gestiones para que se levantara la quiebra de la calcográfica y que el Estado la contratara para imprimir billetes. Boudou y Vandenbroele, en cambio, afirman que la imprenta siempre fue de los Ciccone –sobre todo de Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone– y que el rescate se hizo con unos cincuenta millones de pesos que aportó el financista Raúl Moneta, tal vez junto con otros empresarios. Boudou, además, dice que no tuvo nada que ver en todo el proceso. Esta semana declararán ante el juez y el fiscal Jorge Di Lello, Nicolás Ciccone, uno de los dueños y fundadores de la imprenta; el ex funcionario de Economía vinculado con el vicepresidente Guido Forgieri y José María Núñez Carmona, amigo de Boudou.

El dueño

El gran punto de confrontación es quién terminó de dueño de Ciccone después de que la empresa quebrara y fuera rescatada por el fondo The Old Fund. Una asombrosa decisión del juez comercial Javier Cosentino había puesto a la sofisticada imprenta –la única privada que imprimía billetes en América latina– en manos de su competidor, Boldt, una compañía con dominio de buena parte del juego en la provincia de Buenos Aires.

Según el juez, la quiebra de Ciccone la levantó Boudou junto a su amigo Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele. Lijo atribuye a este último un conocimiento, una amistad, con Boudou que éste niega categóricamente: “No lo conozco, no lo vi en mi vida, jamás hablé”, afirma el vicepresidente. Y lo cierto es que el juez consiguió pruebas muy laterales, muy menores para probar esa relación. En cualquier caso, para Lijo, Vandenbroele es Boudou y debe tenerse en cuenta que Vandenbroele fue el titular y director tanto de Ciccone como de The Old Fund.

En el texto de su declaración indagatoria, que presentó Vandenbroele esta semana –su abogado es Germán Soria–, incluyó varios adjuntos. Dos de ellos son escritos firmados ante escribano. En el primero, el yerno de los Ciccone, Reinwick, conviene con Vandenbroele cómo se haría el salvataje de la empresa. El segundo es una evaluación de la gestión de Vandenbroele de cómo se rescató Ciccone. Es decir, ambos textos –según Boudou– prueban que la empresa es de los Ciccone, en especial de Reinwick. A esto se suma una solicitada, en febrero de 2012, en la que el yerno de Nicolás Ciccone afirma que la empresa y The Old Fund son suyos.

Hay un elemento de máxima importancia que señala Boudou: los términos del acuerdo por el que se salvó la calcográfica. El dinero lo aportó Moneta. En caso de que el préstamo, al tres por ciento mensual, le fuera devuelto, la totalidad de la imprenta volvía a Reinwick. En caso de no devolverse el dinero, Moneta se quedaría con Ciccone o tendría la opción de vender la empresa.

Pero Lijo le cree a Reinwick, que dice que firmó todo porque estaba amenazado de muerte. “Si me decían que firme la venta de la Casa Rosada, la firmaba”, alegó en su declaración indagatoria. Reinwick nunca hizo la denuncia. Ni siquiera ante un escribano. Nunca lo declaró en el expediente hasta diciembre pasado. La defensa de Boudou –los abogados Diego Pirota, Eduardo Durañona y Déborah Lichtman– obviamente advierte que el argumento de que firmó bajo amenaza es insostenible: “A nadie lo aprietan para que firme que es dueño de una empresa. En todo caso lo aprietan por lo contrario, para sacársela. No tiene la menor credibilidad la versión de Reinwick”, afirman.

El dinero

El magistrado aceptó esta semana el planteo de la Cámara Federal y de la defensa de Boudou en el sentido de que si la clave de la causa es de quién es la empresa y cómo se rescató, la base es esclarecer la ruta del dinero. Esto ya fue planteado hace un año por Vandenbroele a Lijo, a quien inclusive le adjuntó los certificados de depósito y, sobre todo, los títulos que luego se convirtieron en el dinero que se usó para rescatar la imprenta. Vandenbroele dice que es claro que esos títulos fueron aportados por Moneta. Boudou, por su parte, agrega que la gestión de la empresa pasó a un gerente del Banco Macro, es decir a la empresa del banquero Jorge Brito.

El camarista Eduardo Farah directamente planteó que debían ser llamados a declarar tanto Moneta como Brito. En una causa judicial que tiene que ver con conflictos por radios que adquirió, Moneta fue declarado insano, por gravísimos problemas de salud que padece. Pero seguramente sus allegados tendrán que decir. En su momento, hace también hace un año, la Unidad de Información Financiera (UIF), que conduce José Sbattella, presentó un informe al juez en el que ya se mencionaba a Moneta y a Brito.

Ahora, Lijo ordenó que se averigüe cómo fue la ruta del dinero y también de las empresas que intervinieron, Dusbel y European Advisory, que –según el vicepresidente– son de Reinwick y que son las beneficiarias del acuerdo de salvataje.

Plan de pagos

Uno de los elementos de importancia en la causa es la evaluación de las gestiones que se hicieron para levantar la quiebra de Ciccone y que se concretaron en un plan de pagos de sus enormes deudas impositivas. Boudou ha dicho que no tuvo nada que ver, que la AFIP lo consultó y que su respuesta fue la adecuada: que debía decidir la misma AFIP y que la política general del Gobierno era no perder puestos de trabajo.

Esta semana se produjo un cimbronazo en ese aspecto. El juez había imputado al ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Riesnik Brenner. Con esa movida, el magistrado daba a entender que Riesnik era el hombre de Boudou en el ente recaudador. Le hizo esa imputación porque el funcionario fue el que dio el visto bueno a un plan de pagos para Ciccone que el juez considera ilegal. Riesnik, de la mano de su abogado Francisco Castex, se quiso sacar de encima la imputación de dos maneras, una de ellas claramente destinada a darle a Lijo lo que éste quería.

n Dijo que el plan de pagos que propuso no era ilegal, que se habían otorgado planes de pagos con quitas a otros, aunque no con quita de honorarios. Pero que eso no era ilegal. Eso sí: admitió que él propuso que se le consultara a Economía porque la imprenta era una empresa estratégica y con muchos empleados.

n Contó que fue convocado al Ministerio de Economía y que allí se reunió con el jefe de Gabinete de Boudou, Guido Forcieri, y que éste le presentó a Núñez Carmona. Riesnik afirmó que le dijeron que para ellos Ciccone era una prioridad y que Núñez Carmona (que no era funcionario de Economía) seguiría el trámite de cerca. Eso fue música para los oídos de Lijo, que de inmediato citó a Forcieri a indagatoria para la semana que empieza mañana. En un comunicado, Forcieri negó que hubiera existido esa reunión, dijo que nunca habló con Riesnik sobre Ciccone y que el funcionario de la AFIP vino a pedirle que lo ayudara en un juicio de su padre contra Economía. Como hasta ahora, el juez optó por creerles a los que están en la otra vereda del vicepresidente.

Hay un dato adicional: existen llamadas entre teléfonos a nombre de Riesnik y Núñez Carmona. Este explica que nunca habló con Riesnik, pero que uno de los hermanos del funcionario lo llamó para participar de aquella famosa misión comercial a Angola.

Delitos

El fiscal de Cámara, Javier De Luca, ya planteó uno de los aspectos polémicos del caso: ¿Por qué imputar a Boudou si éste no tenía firma en ninguno de los momentos clave del caso Ciccone? Por ejemplo, dice De Luca, si la imprenta se salvó por un plan de pagos de la AFIP, ¿cómo se va a imputar a Boudou si éste no tenía firma para otorgar el plan de pagos? La que otorgó el plan de pagos, que Boudou afirma que no era ilegal, fue la AFIP. Y, seguidamente, si a Ciccone se le encargó la impresión de billetes para el Estado, ¿cómo se va a imputar a Boudou si quien decidía y firmaba las órdenes era el Banco Central y no Economía?

Aun así, Lijo considera que haber hecho las gestiones constituye el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y, además, ha hecho trascender que podría inclinarse por la figura del cohecho: Boudou les habría pedido el setenta por ciento (¿una coima?) de la imprenta a los Ciccone por salvarles la empresa.

Como se ve, es una guerra sin tregua. Lijo sólo cree la versión de los Ciccone y reafirma que Boudou fue dueño de la imprenta y de The Old Fund. El vicepresidente y Vandenbroele muestran lo firmado por Reinwick en nombre de los Ciccone, pero el magistrado contesta que no es suficiente, que cree en la versión de las amenazas. Boudou dice que la causa sólo se basa en la política. El juez lo niega.