“Hemos notado en (José María) Campagnoli una actitud sumamente antirrepublicana y antidemocrática en su forma de conducirse y de violar las normas.” Lo dice Adolfo Villate, uno de los fiscales que se ocuparán de ejercer la acusación en el juicio político por mal desempeño que se inicia mañana contra el fiscal de Saavedra. El enjuiciamiento estará centrado en su actuación en el llamado caso Lázaro Báez donde, según explica Villate, “modificó el objeto procesal, no investigó lo que debía, duplicó la investigación sobre lavado de dinero y filtró información capaz de frustrar medidas”. “Creemos que lo hizo por afán mediático y también por interés político”, enfatiza. Pero Campagnoli arrastra una veintena de otras denuncias por hacer procedimientos, pesquisas y allanamientos con sus propios métodos, de dudosa legalidad, entre los que cuentan el armado de álbumes de fotos de niños de barrios humildes, como una zona del Barrio Mitre, usados para inducir a las víctimas de delitos a acusarlos.

“En una entrevista en el diario La Nación, Campagnoli dijo que no es importante el camino, sino el descubrimiento de la verdad. Eso es como decir que el fin justifica los medios. Para nosotros el respeto de la legalidad es sustancial en todo Estado de Derecho”, dice Villate en diálogo con Página/12. “Campagnoli asumió su cargo de fiscal durante el menemismo, sin haber concursado, es decir, sin que nadie le preguntara y lo evaluara en función de su vocación democrática. Lo que venimos a descubrir es que no tiene vocación democrática y que para él, el proceso penal es un estorbo que hay que dejar de lado y se atribuye la potestad de investigar por fuera del Código Procesal Penal. Sin embargo, el Código es una herramienta que da garantías a los ciudadanos y que debe ser respetado, cualquiera sea la investigación”, sostiene. En el caso Báez, dice Villate, “ya había un fiscal y un juez competentes investigando el tema sin que nadie les pusiera trabas o los persiguiera, pero apareció Campagnoli y duplicó el expediente, arrogándose una competencia que no tiene”.

En el juicio político que está por comenzar, Villate –que es fiscal general en Rosario– será acusador junto con su colega Marcelo García Berro, fiscal general de San Martín. Ellos consideran que Campagnoli recurrió a una serie de artilugios para meterse en el caso Báez. “Para eso modificó el objeto procesal de una causa que ya tenía a su cargo, convirtió al imputado en víctima, no investigó lo que sí tenía que investigar, duplicó una investigación de lavado de dinero que ya tramitaba en el fuero federal y reveló medidas de prueba antes de que se produjeran, como si no le interesara que se concreten”, enumeró Villate.

Mundo de espectáculos

Las maniobras que se le atribuyen a Campagnoli en el caso por el que será juzgado empezaron después de una emisión de Periodismo para Todos, donde Jorge Lanata exhibió una entrevista con el financista Federico Elaskar, que tenía una cueva conocida como La Rosadita, y otra con Leonardo Fariña, el ex marido Karina Jelinek: ambos aparecían contando, autoincriminándose, que habían participado de operaciones para sacar del país unos 55 millones de euros que vinculaban con Báez. A raíz del programa, políticos y denunciantes habituales hicieron presentaciones en tribunales, donde se abrió una causa por supuesto lavado de dinero que quedó en manos de Sebastián Casanello y Guillermo Marijuán.

En el ínterin Campagnoli también hizo su propia denuncia de oficio por el tema, pero el juez de instrucción que la recibió dijo que era incompetente, porque todo apuntaba a lavado, que es un delito federal. Así fue como el fiscal reflotó de la fiscalía 10 (donde subrogaba) una causa en la que justo Elaskar había sido denunciado por sus socios de La Rosadita (la financiera SGI) por defraudación. En ese momento ese expediente da un giro casi total sorpresivamente: Elaskar pasa de ser investigado a tener el papel de víctima de una extorsión. Para esto, Campagnoli trasladó el expediente de su fiscalía a la Secretaría de Investigaciones Penales, por entonces bajo su mando, y que se caracteriza por investigar delitos de autor desconocido. En apenas un mes, según explica Villate, la causa juntó 17 cuerpos. Incluso la jueza María Gabriela Lanz, hizo notar como una rareza esa actividad repentina.

Así, Campagnoli se puso a investigar una posible red de lavado que incluiría a los supuestos extorsionadores de Elaskar, y empezó a apuntar entre ellos a quienes habían denunciado al financista, como Gustavo Fernández y hasta el empresario Báez y su entorno. Mientras Campagnoli expandía su actividad investigativa, también investigaban lavado Casanello y Marijuán, a quienes incluso les iba pidiendo copias de sus actuaciones. La acusación de Villate y García Berro hará también hincapié en que Campagnoli ordenó allanamientos sin fundamento, sin investigación previa, e intervenciones telefónicas “por las dudas”.

El programa de Lanata siguió con la cobertura del tema. Un hombre, Edgardo Levita, mencionado con insistencia por el conductor, presentó un amparo diciendo que él no tiene nada que ver y pidiendo que dejaran de mencionarlo. De ese amparo se le dio traslado a Artear (Grupo Clarín), y entre la documentación que presentó el abogado apareció casualmente un dictamen de Campagnoli. Era un borrador, que se supone que fue entregado por el fiscal antes o en simultáneo a su presentación, donde se mencionaba a muchas personas supuestamente involucradas y que le habrían servido a Canal 13 para justificar la mención de Levita. El dictamen, además, apuntaba contra Báez y su entorno, por la alegada extorsión a Elaskar y en el que se pedía una lista de medidas, incluso allanamientos.

Ese dictamen es una de las pruebas de los acusadores de Campaganoli. La discusión por la competencia para investigar el supuesto lavado e incluso la supuesta extorsión a Elaskar llegó a la Cámara del Crimen y la sala IV definió que debía quedar en la Justicia federal. El fiscal Marijuán dictaminó que no existió la extorsión y el juez Casanello terminó sobreseyendo a Elaskar. Ante Casanello, Elaskar y Fariña se desdijeron de lo que habían afirmado en televisión. El juzgado los procesó por lavado de activos por voluminosas operaciones económicas y financieras. Báez, su hijo Martín, el contador Peréz Gadin, entre otros, siguen investigados.

“Tenemos la convicción de que Campagnoli quería seguir investigando el lavado de dinero, que no era de su competencia y que lo hizo por afán mediático y también por interés político”, señala Villate. “Suponemos que esos son sus móviles. Su hermana fue concejal del ARI, es amiga de Elisa Carrió, quien ya había mostrado interés en investigar a los Kirchner, a Báez y a su empresa Austral Construcciones en otra causa, y justo parece haber un interés de Campagnoli en esto, además con ansia de poner en conocimiento público lo que hace. Ningún fiscal anda repartiendo medidas de prueba antes de ser ordenadas por el juez; es paradójico porque su argumento era que si las medidas fracasaban era porque las personas involucradas tienen vinculación con el poder, no porque él las había hecho públicas. Todo era ganancia para una construcción mediática, ese el trasfondo”, sostiene el fiscal de Rosario.

Pruebas y testigos

Otra de las imputaciones contra Campagnoli es por haber contestado con desmesura y exabruptos ante la decisión de la procuradora general Alejandra Gils Carbó de quitarle la subrogancia de la fiscalía 10. Campagnoli ha denunciado que lo sacaron de allí como represalia por su investigación, pero la decisión de Gils Carbó fue posterior a que la Cámara le ordenara mandar el expediente al fuero federal.

Esta semana del juicio político estará signado por la declaración de testigos. Campagnoli puede declarar en cualquier momento. El primer día desfilarán testigos de la fiscalía. El martes habrá “show”, ya que declararán como testigos de Campagnoli, Lanata, los periodistas Nicolás Wiñazky y Daniel Santoro, los jueces Ricardo Recondo y Luis Cabral (de la Asociación de Magistrados, que ha expedido comunicados en defensa del fiscal), Graciela Ocaña y Manuel Garrido. El miércoles será el turno de un grupo de fiscales y abogados que también hicieron pronunciamientos pro Campagnoli y también serán incluidos el fiscal Oscar Ciruzzi y los abogados Alberto Bovino y Maximiliano Rusconi. Marijuán declaró por escrito y tienen pendiente hacerlo las juezas Lanz y Wilma López.

Como reveló este diario, en una nota de Raúl Kollmann, Campagnoli arrastra unas 20 denuncias en su contra, en la Procuración, lo que es un record. Una de ellas, por su actuación en el Barrio Mitre, donde los vecinos dicen que allanaba al grito de “te voy a matar, negro de mierda” y sus propios empleados revelaron que tenía un álbum con fotos, en su mayoría de niños humildes, tomadas de manera irregular, y con cámaras ocultas, que era utilizado para inducir a las víctimas que denunciaban delitos a acusarlos. Esas actuaciones motivaron la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional, pero todavía faltaba producir pruebas cuando se impulsó el juicio político, por eso no fue incorporado a las acusaciones. De todos modos, los fiscales Villate y García Berro evalúan pedir también testimonios de los empleados que relataron ese modo de proceder, así como del hostigamiento a empleadas, y que solía tomar medidas sin orden del juez y que espiaba, con filmaciones ilegales, a su propio personal.