Le bastó un solo mes al gobierno de Macri para mostrar, mediante los instrumentos puestos en marcha, cuál será la orientación de su política económica. Devaluación, quita de retenciones a las exportaciones y el acercamiento a los fondos buitre han marcado el quiebre con la política anterior. Pero otro aspecto crucial de esta política ya empieza a articularse a pasos acelerados: la vuelta al endeudamiento. Siguiendo el mismo rumbo que el PRO implementó en los últimos ocho años en el Gobierno de la Ciudad, y que ya aplica en el gobierno de María Eugenia Vidal, el ensanchamiento de la deuda será “la fuente de recursos” con las que se alimentará el gobierno nacional para el pago de beneficios a grupos concentrados (a través de transferencia de recursos que resigna el Estado) o para “cumplir con el fallo” del juez Thomas Griesa. Es decir, asumir el pago de una suma que podría ascender a unos 20 mil millones de dólares a los fondos buitres, holdouts y otros acreedores no declarados aún que quedaron fuera de los canjes.

Alfonso Prat Gay se refirió durante la semana a esta deuda como el producto de la “desidia” del gobierno anterior por no haber llegado a un arreglo en Nueva York. “La basura no es nuestra pero no tenemos ningún problema de empezar a limpiarla: el juicio es parte de la basura que heredamos”, dijo el ministro. Esa limpieza ya tiene decidido el método: tomar deuda nueva con la banca extranjera para cancelar la vieja y así volver a poner en marcha ascendente el contador de la deuda, como ocurrió a partir de 1976, y se realimentó con la convertibilidad hasta que provocó el estallido de diciembre de 2001.

Los fondos buitre, vale recordar, obtuvieron ese “derecho” mediante la compra espuria de títulos caídos en cesación de pagos a partir de 2002, pagando menos del 30 por ciento de su valor nominal con el simple objeto de litigar en los tribunales neoyorquinos. La especulación era que le reconocieran el derecho al cobro por el valor de origen de los títulos (más intereses y resarcitorios) y no por lo que efectivamente pagaron al comprarlo. Con Griesa, lo lograron.

Esta práctica fue condenada por las Naciones Unidas a instancias de una propuesta argentina, con apoyo de 135 países. No obstante, el ministro de Hacienda y Finanzas fue tajante esta última semana al reconocer el derecho pleno de los fondos buitre y cuestionar, en cambio, la actitud de resistencia al pago del gobierno argentino hasta el último 10 de diciembre. “El no arreglo fue caro para la Argentina –aseguró–, este es el costo de lavarse las manos durante tantos años: donde debíamos tres mil ahora debemos 9882 millones de dólares. Son seis mil millones de dólares (producto) de desidia: no crean ni por un segundo el verso de que peleándonos con los buitres estamos beneficiando a los argentinos, no es así.”

Aquella cifra está referida a las deudas presentadas ante el tribunal de Griesa (buitres y me too), pero se estima que sumando otros bonos que no fueron al canje se llega a un total, computando intereses punitorios y resarcitorios, de 18 mil a 20 mil millones de dólares. Sobre esta suma, el gobierno macrista se limita a negociar si logra una quita sobre los punitorios y a cuánto podrá estirar los plazos de pago. Por lo pronto, ya salió a buscar plata al mercado para empezar a “cumplir con el fallo”.

Pool de bancos

Con el objetivo de fortalecer reservas y tener fondos disponibles para pagos de deudas, el gobierno negoció un préstamo de corto plazo con cinco grandes bancos extranjeros (JP Morgan, HSBC, Citibank, Deutsche y Goldman Sachs), “alquilando” títulos públicos como garantía. El mecanismo significa convertir letras intransferibles del Tesoro en poder del Banco Central (una deuda intra Estado) en títulos negociables en la plaza internacional (Bonar 2022, 2025 y 2027), que serán los que recibirán los bancos extranjeros. La operación, que se pretendía por un monto de 8000 millones, no se haría por una cifra mayor a 5000 millones de dólares.

Bono importadores y ampliación del Bonar 2020

La Secretaría de Finanzas informó que licitará, este miércoles, títulos con vencimiento en 2020 por mil millones de dólares, ofreciendo una tasa del 8 por ciento anual, un punto más que el Bonar 2017. El 29 de diciembre, había colocado bonos por otros 1046,5 millones de dólares destinados a cancelar deudas con importadores, Bonar 2016, con vencimiento en diciembre próximo. Ambos instrumentos prenuncian que la política del gobierno es la utilización de la emisión de deuda para contemplar distintas necesidades, tanto para cubrir déficit público como para atender compromisos externos.

Los antecedentes del PRO

En los ocho años que lleva a cargo del Gobierno de la Ciudad, el macrismo elevó la deuda del distrito en una proporción sin precedentes. La deuda en dólares más que se triplicó, pese a sus condiciones privilegiadas en cuanto al nivel de ingresos promedio de la población, cantidad de empresas radicadas que tributan impuestos, y lo reducido de su territorio.

En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal había solicitado autorización al congreso para endeudarse en casi 100 mil millones de pesos este año, contra un presupuesto de 354 mil millones. Le autorizaron poco más de 60 mil, que de todos modos es más del doble de la deuda que tomó Daniel Scioli en su último año de gestión.

Si la recurrente opción por la deuda de los gobiernos macristas no se ha convertido aún, a nivel de la Nación. en la bola de nieve que siempre termina resultando el crecimiento de la deuda en Argentina, es porque arranca de un nivel bajísimo de endeudamiento que le dejó la gestión anterior.