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El objetivo oficial es una tasa de inflación en el rango del 20 al 25 por ciento para este año. Esa meta la presentó en conferencia de prensa el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Es la misma variación de precios que había hasta el adelanto (noviembre) y posterior aplicación (diciembre) de la fuerte devaluación en el inicio del gobierno de Mauricio Macri. Con la evolución del crecimiento económico sucede lo mismo, y hasta peor. El último semestre de 2015 transitaba por variaciones positivas interanuales del 2,5 por ciento, y Prat-Gay estima que este año terminará con una leve mejora del PIB del 0,5 al 1,0 por ciento. ¿Cuál es el sentido de instrumentar una medida cambiaria tan perturbadora de la estabilidad y el bienestar social si al cabo de un año la aspiración es arribar al mismo punto de partida? Bajar el salario real. El ministro lo explicó como el necesario proceso para enfrentar el “desajuste notable en los precios relativos”. Para eludir la deliberada incomprensión de la cuestión económica que habitualmente promueve la mayoría de los economistas, esa definición en este caso debe traducirse en la generación de una impresionante transferencia de ingresos de trabajadores y jubilados hacia sectores concentrados (complejo agroexportador, grandes compañías industriales y de comercialización de bienes). La pretensión oficial es que el salario disminuya como costo laboral en pesos y en dólares en la estructura de costos del sector privado para incrementar su tasa de rentabilidad, e impulsar así una intensa corriente inversora. Además aspira de ese modo que la carga de la seguridad social disminuya en el total del gasto del presupuesto nacional para liberar recursos para hacer frente a la creciente cuenta de pago de intereses, una de las consecuencias de la primera fase del megacanje II ya efectivizado.

Para lograr el “ajuste” de los precios relativos en la línea propuesta por Prat-Gay, la negociación de las paritarias debería estar limitada a ese objetivo oficial de tasa de inflación. Ante el insólito apagón estadístico del Indec-Todesca (antes los indicadores eran discutibles, ahora directamente dejaron de elaborarse), Prat-Gay pretende que empresas y sindicatos le crean sus estimaciones para negociar salarios en el rango del 20 al 25 por ciento. Para sumar más despropósitos alrededor del índice de precios al consumidor, el Banco Central conducido por Federico Sturzenegger utiliza para el diagnóstico y proyección de su política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de este año un indicador de precios publicado en un blog (Cosas que Pasan), además del IPC-BA y el dibujado denominado Indice Congreso, ahora discontinuado (página 7, gráfico I, del informe del BCRA “Objetivos y planes para 2016”). El índice CqP puede ser un riguroso entretenimiento de un especialista en su blog, pero que sea tomado como insumo estadístico de referencia por el Banco Central es un exceso.

En ese escenario de disparates alrededor de las estadísticas, consultoras de la city mucho más cercanas al macrismo que a la oposición calculan una inflación del 35 al 38 por ciento para 2016. Si se cumplieran esas estimaciones y el techo a las paritarias, el retroceso del salario real sería muy significativo. El apagón estadístico del Indec como la propagación de diferentes índices de precios (hasta el de un blog) sólo suma confusión para una negociación clave del programa económico (y político) del gobierno de Macri. Por ese motivo es tan relevante la posición que tendrá el sindicalismo y el marco en el cual se desarrollarán las próximas paritarias. El shock inflacionario provocado por la fuerte devaluación y la estrategia oficial de establecer un techo a las paritarias amenazando con probables despidos si se lo superara es la apuesta de Prat-Gay para alcanzar su objetivo inflacionario.

El aumento de la tasa de inflación por la brusca variación del tipo de cambio y que la principal medida antiinflacionaria posterior sea limitar los aumentos nominales del salario deberían provocar incomodidad teórica a la mayoritaria legión de economistas ortodoxos. ¿Los aumentos de precios no son originados por la emisión monetaria y la financiación espuria del déficit fiscal? Es lo que han repiqueteado durante años pero ahora su preocupación está concentrada en la inflación cambiaria y en la puja distributiva, dos de los factores principales de propagación que ha destacado la heterodoxia como explicación de los aumentos de precios en la economía argentina. Después de criticar la utilización del tipo de cambio como ancla de la tasa de inflación, el Banco Central ha decidido probar esa medicina manejando la cotización entre 13,50 y 14,50 pese a que el inmenso lobby devalucionista evalúa como insuficiente esos valores, como queda en evidencia por la estrecha liquidación de divisas por parte del complejo agroexportador y de las quejas por ahora serenas de poderosas empresas industriales.

Uno de los referentes del monetarismo, el economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour, concluyó en un artículo publicado en Ambito Financiero (“Cómo funcionó la dinámica alcista de la inflación en diciembre”) que “el comportamiento y las políticas en el mercado laboral serán cruciales para delinear el escenario de inflación”. Es una desconcertante afirmación para la grey ortodoxa. ¿La emisión monetaria no es la causa de la inflación? Pero Bour los tranquiliza porque además de advertir que para limitar el traspaso de la variación de la devaluación a precios –que llevaría varios meses– “habrá que actuar sobre los fundamentos –fiscales y monetarios– y los mecanismos de propagación (salarios)”.

Otra figura relevante del neoliberalismo, Daniel Funes de Rioja, titular de la cámara que reúne a los grupos más concentrados de la industria de la alimentación, Copal, también se alejó de la explicación monetarista de la inflación. En una entrevista radial donde cuestionó la continuidad del programa Precios Cuidados (“precios pisados”, lo redefinió), subrayó que los grandes convenios paritarios (los gremios de mayor peso y los sectores económicamente más poderosos) son los que históricamente “le fijan el piso a la inflación” con la pauta de aumento salarial que definen. Otra sentencia sorprendente para el mundo de la ortodoxia. ¿No era la emisión monetaria el villano de la película de la inflación?

La fuerte devaluación, la eliminación de retenciones y la disminución de subsidios han provocado un shock inflacionario; no la emisión monetaria. Es una evidencia inmediata, y que puede observarse en pasados episodios, con alzas bruscas de precios por la devaluación de enero de 2014 o por el piso elevado que existe desde 2007. La inflación en este período reconoce como principales motores el mercado cambiario y la puja distributiva. Esto implica una visión alternativa a la ortodoxa sobre las fuentes de tensión en los precios. No fueron las políticas fiscales y monetarias expansivas el origen de este ciclo inflacionario, sino que las causas centrales se encuentran en incrementos de costos ligados a la puja distributiva y al ajuste del tipo de cambio.

Sin embargo el equipo económico presentó el esquema ortodoxo de Metas de Inflación. Este consiste en adoptar un objetivo de inflación como la exclusiva ancla nominal de la economía. La política monetaria queda subordinada entonces a cumplir un único objetivo sin importar el costo económico de su instrumentación en términos de empleo y desaceleración de la actividad. Por lo tanto, la política fiscal queda condicionada a la monetaria. Se restringe así en forma considerable la capacidad de autonomía de la gestión de la economía, puesto que el resto de los instrumentos de la política macroeconómica, como la fiscal, la regulación del flujo de capitales del exterior, la política de ingresos y de empleo, entre otros, queda sujetado a la política monetaria. De ese modo el mercado financiero se convierte en auditor de la política económica de los gobiernos.

Es una estrategia de gestión de la economía que promete reducir la tasa de inflación con tasas de interés elevadas y apreciación paulatina del tipo de cambio (banda del 13,50 a 14,50 pesos). Para lograr una inflación más baja se afectará en forma negativa la actividad económica por la caída de la demanda de la producción nacional y por el disciplinamiento de la puja distributiva. Esto se concreta limitando a los formadores de precios internos con la competencia importada, facilitada por la apertura, y reduciendo o manteniendo el salario real de los trabajadores (dependiendo de la fuerza de cada sindicato), definiendo un estadio regresivo de la distribución del ingreso.

De ese modo la fuerte devaluación con el consiguiente shock inflacionario tiene como meta oficial dar toda la vuelta en un año y llegar al mismo punto de partida en términos de crecimiento y variación de precios, pero con el salario perdiendo esa carrera en círculo.

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