Por una denuncia del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en contra de una manifestación de organizaciones sociales sostenida durante un mes frente al edificio en donde funciona el Poder Ejecutivo de esa provincia, fue detenida ayer la dirigente social Milagro Sala. La orden provino del juez de feria Raúl Gutiérrez y la ejecutó personalmente el ministro de Seguridad provincial. Gutiérrez imputó a Sala por “instigación al delito y tumulto en concurso real”. “Alzamiento en contra de leyes gubernamentales”, añadió Mariano Miranda, el abogado del estado provincial que denunció a la dirigente social por el acampe que la Tupac Amaru y otros colectivos desarrollan en la plaza central de la capital jujeña para reclamarle a Morales que les conceda una entrevista. “Mientras se mantenga la comisión del delito, es decir el acampe, se mantendrá la detención”, afirmó Miranda. La Tupac aseguró que Sala es “una perseguida política” y su detención “una tremenda violación a los derechos sociales, civiles y políticos de los cooperativistas y una clara manifestación de odio”. La líder de la Tupac, que es diputada del Parlasur,inició una huelga de hambre y recibió muestras de solidaridad de dirigentes políticos, organismos de derechos humanos y del bloque Progresista del Parlasur, que incluye legisladores de todos los países del bloque regional.

El ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer, llegó al mediodía de ayer a la casa de Sala en la capital jujeña. Tocó timbre y le presentó dos órdenes: una de detención en contra de la dirigente social, pedida por la fiscal de turno Liliana Fernández de Montiel y concedida por Gutiérrez, y otra de allanamiento que “no hizo falta llevar a cabo” porque “Milagro no opuso resistencia”, contaron fuentes allegadas a la Tupac Amaru.

El juez de turno durante la feria ordenó la detención en el marco de la causa que inició el gobernador, cuando el 14 de diciembre pasado denunció a Sala por el acampe que la Red de Organizaciones Sociales jujeñas había instalado un día antes en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy. Miranda explicó en una entrevista con la prensa local que Sala está acusada de instigar al delito y de alzarse en contra de actos gubernamentales. También aseguró que “mientras se mantenga la comisión del delito”, es decir, el acampe, “se mantendrá la detención”, aunque no aseguró que tras el eventual levantamiento, Sala quede en libertad: “Eso lo tiene que decidir el juez”. Ante la prensa porteña, Morales desmintió que vaya a “negociar el levantamiento del acampe por la liberación” de Sala y consideró que la protesta es “desestabilizante”. El Gobierno de Jujuy no pudo probar un solo desmán sucedido en 34 días de acampe.

Sala fue llevada a la Comisaría de la Mujer de San Salvador de Jujuy, la 49. Desde allí inició una huelga de hambre seca, mientras su abogado, Luis Paz, intentó sin éxito presentar en la Justicia un pedido de excarcelación fundamentado en “la debilidad de las pruebas” en contra de la dirigente denunciada y en “la ausencia de peligro de fuga”. “No está el juez ni la fiscal ni siquiera alguien de mesa de entradas que lo reciba”, advirtió. Si bien es parlamentaria del órgano legislativo de Unasur, Sala no posee fueros. El titular del bloque argentino ante ese cuerpo, Jorge Taiana, exigió explicaciones sobre la situación a la canciller Susana Malcorra (ver página 5). El rechazo a la detención de la dirigente unificó a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, sentido en el que se expresaron por distintas vías. Algunas participaron de una movilización a la casa de la provincia de Jujuy, en donde mantienen un acampe desde la tarde de ayer (ver página 4).

Hace exactamente 34 días, las agrupaciones sociales integradas en la red decidieron en asamblea establecerse frente a la Casa de Gobierno jujeña para reclamarle a Morales que los reciba, luego de la falta de respuesta institucional a dos pedidos de audiencia escritos presentados el 24 y el 30 de noviembre del año pasado. La intención del diálogo gira en torno de los planes sociales y la continuidad de las cooperativas de vivienda que funcionan a través de esas organizaciones. Miranda no descartó que desde la Justicia emane una orden de desalojo en los próximos días.

Delitos inexplicables

Los delitos que la fiscal Fernández de Montiel determinó en el pedido de detención son los integrados en los artículos 209 y 230 inciso dos del Código Penal. El 209 propone una pena de entre dos y seis años para quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”. El 230 plantea un castigo de cuatro años de cárcel para aquellos que, según su inciso dos, “se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos”.

¿Cuál fue el delito al que supuestamente Sala habría instigado públicamente? ¿en contra del cumplimiento de qué ley provincial o nacional se habría alzado Sala? Su abogado, Luis Paz, no tiene la respuesta porque nada de eso figura en el expediente. “No están descriptos los hechos, las circunstancias en las que se habrían llevado a cabo, el tiempo, el modo”, puntualiza y concluye: “La detención carece de una orfandad probatoria de cabo a rabo. Entiendo que es una orden que el Gobierno le da a su abogado a la que éste no puede negarse, pero tampoco puede explicarla”.

Si bien Morales denunció a Sala el 14 de diciembre pasado, Paz sostuvo que tuvo acceso al expediente “recién el 11 de enero”. El viernes pasado, él y Miranda se encontraron en la Justicia. “La acusó a Milagro de no respetar el plan de regularización de cooperativas, pero ella no es presidenta de ninguna cooperativa; ni siquiera es autoridad –formal– de la Tupac. Ella es presidenta del Partido por la Soberanía Popular y diputada en el Parlasur. Acusarla en tanto quien debería responder por las cooperativas es como acusar a un ciudadano común de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Solo quienes tienen esa responsabilidad pueden cometer ese delito”, desmenuzó. La detención, entonces, se entiende sólo en código de puja política. Desde la organización intentan adivinar el fin del gobierno de Morales es la ilegalización de la Tupac y de las cooperativas que la conforman. “Hay una conducción política de la Tupac que no participa de acuerdos en la Legislatura, que denuncia negociados del peronismo y del radicalismo desde hace tiempo y a diario; del empresariado con el gobierno actual. Bueno, éstas son las consecuencias.”

Cambio en la Justicia jujeña

Fuentes de la Tupac consideran que el tránsito veloz de la denuncia de Morales en la Justicia local tiene que ver con un “aleccionamiento” que el Ejecutivo está imponiendo sobre el Poder Judicial. La punta del ovillo es la denuncia penal que el estado jujeño impuso al fiscal Darío Osinaga por incumplimiento de deberes de funcionario público por no haber promovido la persecución de la causa contra Sala.

La modificación de la integración del Superior Tribunal de Justicia provincial es “el exceso”, advirtió Paz. En una “sesión extraordinaria de madrugada”, contó, el bloque radical –es mayoría legislativa– avaló un decreto de ampliación de la cantidad de jueces supremos: “Llevó el cuerpo de cinco a nueve miembros para tener mayoría. Dos de los diputados que aprobaron el proyecto renunciaron al día siguiente y asumieron como jueces en el tribunal”, contó el abogado de Sala.

Grave precedente

“En este momento la policía de Gerardo Morales me está deteniendo”, tuiteó Sala ayer poco antes de la una y media de la tarde. “Es una perseguida política”, definió la Tupac y calificó la detención como “un grave precedente” para las organizaciones del resto del país y una “tremenda violación a los derechos sociales, civiles y políticos de los cooperativistas” que la integran. El abogado de Sala sumó una lectura al hecho, al considerar que el “avasallamiento” que implicó la detención de la dirigente jujeña “también fortalecerá al campo popular”. “Frente al avance en contra nuestra, demostraremos que nos vamos a unir para no bajar los brazos”, sumó.

Además, Paz acusó al gobernador de “gastarse millonadas” en “denostar y castigar” a Sala mediáticamente. “Ha sacado una solicitada invitando a los comerciantes de alrededor de la Plaza Belgrano a que nos demanden judicialmente y prometiéndoles subsidios a quienes lo hagan”, puntualizó y concluyó: “Es él quien está instigando a un enfrentamiento social”.