El oficialismo parlamentario puede exhibir una nueva medalla sobre su exitosa solapa. Con el apoyo de 35 de los suyos y la oposición de 21 senadores, anoche convirtió en ley un proyecto que otorga beneficios fiscales a las empresas petroleras que a futuro inviertan en la exploración y en la explotación. Los numerosos votos en contra que cosechó la iniciativa podrían llevar a pensar que la norma fue altamente cuestionada en el recinto. No fue así. La mayoría de los votos en contra los aportó el radicalismo. Esta oposición no se tradujo en los discursos. Radicales y peronistas coincidieron en que “no había que ideologizar el debate”, que “había que dar incentivos” y en que “la prioridad estaba en aumentar las reservas”. Sin mayores cuestionamientos que aquellos que, en soledad, formuló el socialista Rubén Giustiniani, el oficialismo pudo darse el gusto de dedicarse a rebatir los dichos de los diputados que habían criticado el proyecto el pasado 15 de septiembre.

La defensa del régimen de incentivos a la inversión petrolera por parte del chaqueño Jorge Capitanich fue interrumpido desde las barras, cuando al grito de “Patria sí, colonia no”, unos pocos militantes de Quebracho tapizaron de volantes las bancas del recinto (ver aparte). Finalizado el cuarto intermedio con el que los senadores intentaron superar el mal trago y el mal olor, Capitanich se detuvo en el discurso que el diputado de la CTA, Claudio Lozano, había realizado en la Cámara baja. Frente a un recinto vacío, recordó que Lozano había dicho que se les otorgaban beneficios fiscales a los mismos que llevaron adelante el saqueo y que no veía la misma voluntad del oficialismo para discutir aumentos de salarios para los jubilados. Capitanich repasó los incrementos salariales impulsados por el Gobierno, pero no tomó el guante que Lozano había tirado al señalar a las empresas beneficiadas por las concesiones de los ’90.

La Selección Argentina penaba frente a su par española; el recinto continuaba vacío, cuando Giustiniani interrumpió a Capitanich para preguntarle por el costo fiscal que estaba comprometido en la iniciativa. “Es extremadamente difícil establecer cuál es el costo fiscal. Depende de la presentación de las ofertas”, respondió el chaqueño. Capitanich destacó “las opciones estratégicas que tiene Enarsa” ya que podrá asociarse a empresas estatales como la venezolana Pdvsa o la brasileña Petrobras. Esto le permitió aventurar que se está impulsando “la reconstrucción del Estado en la participación de la extracción del petróleo”. Por las dudas, sostuvo que “con esta ley no necesariamente se va a beneficiar a tal o cual empresa, sino que se beneficiará a quienes participen del plan de inversión”.

Para el oficialismo, las críticas a la ley se basaban en preconceptos ideológicos cuando no en afirmaciones falaces. “Debemos terminar con esta política de no hacer nada”, dijo el santacruceño Nicolás Fernández, luego de puntualizar que tan sólo 5 cuencas de las 27 que hay en la Argentina están en explotación. Para Fernández, el objetivo del proyecto es fomentar mayor nivel de reservas. Algo de lo que incluso dijo que se beneficiarían futuros gobiernos.

“Primero entregamos YPF y ahora la plataforma submarina”, comenzó Giustiniani. Para el socialista el proyecto “marca una línea de continuidad con la política que privatizó YPF y que hoy subsidia a las petroleras privadas”. Para cuestionar los incentivos fiscales, recordó que las petroleras “obtienen una ganancia anual de 8800 millones de dólares”. Ganancia record a la que calificó como “superior a las obtenidas en la década del ’90”. Subrayó que de ellas “sólo invierten el 10 por ciento y que en el exterior liquidan el 70 por ciento”.

El sanjuanino César Gioja coincidió con el titular de la bancada radical, el mendocino Ernesto Sanz, al calificar como “ideologizado” el debate que la norma tuvo en Diputados. Alabó el proyecto por ser “una respuesta oportuna y eficiente”. Fue más allá y dijo: “Nosotros tenemos que saber cuánto petróleo tenemos, cuánto gas tenemos, para planificar si seremos un país petrolero o un país con petróleo”. Duda que a tantos años de la privatización menemista nadie puede responder. No hubo tiempo para más. El debate fue el decorado necesario. No llamó la atención que Pichetto pidiera que en una sola votación se diera respaldo en general y en particular. El oficialismo no estaba dispuesto a aceptar ningún cambio.