Todo parecía estar bajo control. Apenas habían pasado unos minutos de las cinco de la tarde, cuando el Senado comenzó a tratar la Ley de Hidrocarburos. Tan controlada estaba la sesión que, siguiendo una práctica de los últimos tiempos, antes de que comenzara el debate, el titular del bloque oficialista, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, pidió cerrar la lista de oradores y establecer un horario tentativo de votación. El chaqueño Jorge Capitanich comenzó a defender el proyecto, cuando desde la segunda bandeja del recinto un grupo de jóvenes empezó a increparlo. “Patria sí, colonia no”, gritaban mientras arrojaban unos panfletos que arriba de la firma de Quebracho, decía: “Legalizar el saqueo del petróleo es traicionar a la Patria”. Junto con los volantes también viajaron cuatro bombitas de mal olor.

“¿Cómo entraron?”, se le escuchó decir por lo bajo a Capitanich. Con la lengua afuera, los encargados de seguridad llegaron al segundo piso para buscar al grupo de jóvenes. “Somos unos boludos, se nos fueron”, decían con la voz todavía entrecortada por el esfuerzo. Los militantes de Quebracho se habían evaporado. Tan fácilmente como salieron del recinto, pudieron sortear el vallado custodiado por la Policía Federal en las esquinas del Palacio Legislativo. El senador por San Luis, Daniel Pérsico, que intentó franquear el mismo lugar por el que habían salido los militantes de Quebracho, no tuvo la misma suerte. La policía le impidió el paso. Algo comenzó a oler mal en el Senado. Luego del cuarto intermedio con el que se despejó el tufo que había inundado el recinto, el secretario parlamentario Juan Estrada informó que los rebeldes se habían acreditado como estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata, interesados en la importancia de los recursos naturales. Estrada destacó que estaban individualizados y que se les había permitido el ingreso porque “somos tolerantes y porque somos democráticos”. Pichetto, tomó la posta y dijo que “ser tolerantes no implicaba ser tontos o ingenuos”. Recordó que desde hace dos días se conocía que Quebracho haría una marcha de repudio contra la ley. Luego, mientras las autoridades de la Cámara repartían el listado de jóvenes que habían pedido autorización para ingresar, se recordaba que impedir el funcionamiento de las cámaras legislativas está castigado por el artículo 241 inciso 11 del Código Penal. Artículo que contempla una pena de 15 días a 6 meses de prisión. El oficialismo, que se aprestaba a conseguir el respaldo a la ley sin mayores sobresaltos, no contaba con este hecho. Superado el mal olor, las instituciones mostraron su fortaleza y a salvo dejaron su honor aprobando la ley que el Gobierno alienta.