En medio del escándalo desatado por la irrupción de una patota en el viejo conflicto creado por la caída del Hospital Francés, por primera vez se unió el personal médico con el resto de los trabajadores para reclamar al Gobierno la salida del interventor y la nacionalización de la devastada institución. Para ello, solicitaron una entrevista con el propio Presidente. Una pretensión que no parece estar en el menú del Gobierno que dice no tener pensado involucrarse públicamente en un conflicto que considera del ámbito privado. Sin embargo, los episodios concentraron ayer la atención del Ministerio de Trabajo, desde donde se tramita un procedimiento de crisis. Se trata de una alternativa legal a la que recurren las empresas con problemas financieros para salir del trance de la manera menos traumática posible.

La participación de la cartera laboral se inició hace dos meses por pedido de José Luis Salvatierra. El interventor del Francés, designado por el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, asumió el cargo como consecuencia de un problema societario de la entidad filantrópica que regenteaba el hospital.

Si se acredita la gravedad del estado de las cuentas, el procedimiento de crisis permite vulnerar cláusulas convencionales. En ese sentido, para el Francés se estudia –según confiaron fuentes oficiales a Página/12– establecer un techo de 1500 pesos para todos los salarios y buscar un mecanismo para reducir progresivamente la masa de trabajadores, por ejemplo, a través de retiros voluntarios.

Con tres meses de demora en el pago de salarios, el Ejecutivo intuye que no habrá demasiada resistencia a este tipo de modificaciones a la baja. Sin embargo, nada garantiza que esté en el ánimo de los trabajadores ceder derechos adquiridos. Lo que está claro es que la interna gremial y el kirchnerismo no simpatizan. Y que Kirchner, por ahora, no tiene en carpeta recibirlos en la Casa Rosada.

Otra de las aristas del procedimiento es la de proveer de un marco conciliatorio para impedir despidos y habilitar al propio Ministerio de Trabajo a colaborar económicamente a través de algunos de los programas a su cargo. El sindicato es informado y consultado por las medidas que dispone la cartera, pero su eventual oposición a todas o alguna de ellas no genera ningún impedimento legal para que se implementen.

El interés oficial por el conflicto –amén de los personajes y sus vínculos políticos (ver aparte)– quedó plasmado en un contacto telefónico entre Salvatierra y Alberto Fernández. El jefe de Gabinete le solicitó un informe de la situación del Francés. Según le explicó el interventor, al asumir el hospital registraba ingresos por 300 mil pesos y una deuda de 9 millones mensuales. Y que ahora, producto de algunos acuerdos, llevó los ingresos a 2,5 millones y redujo la deuda a 4,5 millones.

El Gobierno aspira a una solución perentoria a la crisis, pero a la vez no quiere quedarse con el mote de “salvador”. Ve allí un caso testigo que podría replicarse en otros hospitales privados en crisis. Por eso también rechaza taxativamente la posibilidad de estatizar el nosocomio, una opción de la que ayer hicieron bandera algunos sectores de la gremial.

De todos modos, fuentes oficiales buscaron dejar en claro que eso no significa desentenderse del conflicto. Recuerdan su participación activa a la hora de destrabar 8,5 millones de pesos para afrontar el pago de sueldos atrasados.

Ese auxilio excepcional había sido votado en la Legislatura. Pero el secretario de Hacienda porteño, Guillermo Nielsen, se resistía a ejecutar la ayuda. Hubo entonces gestiones del gobierno nacional con el jefe de Gobierno Jorge Telerman para no demorar el pago. Finalmente el dinero se giró pero con el desacuerdo de Nielsen.