“La huelga de hambre de los presos sigue. Levantaron la protesta los del Servicio Penitenciario Bonaerense, pero entre tres y cuatro mil internos mantienen la medida en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.” Una fuente de prensa de la Procuración Penitenciaria, cuyo titular es Francisco Mugnolo, confirmó a Página/12 que se han realizado gestiones para dar asistencia a algunos internos que han sufrido descompensaciones “porque vienen manteniendo la huelga de hambre, sin interrupción, desde el 29 de septiembre”. La abogada Florencia Arieto, de la ONG “Arde la ciudad”, presentó hábeas corpus en distintos juzgados para que se les brinde atención médica a algunos de los detenidos. Uno de ellos, Daniel Agustín Cabrera, conocido como “Tractorcito”, que está preso en el Complejo Uno de Ezeiza, fue asistido ayer por un médico que fue enviado por decisión del procurador Mugnolo, ombudsman de las cárceles federales. El principal reclamo de los presos es “la aceleración de las causas porque el 75 por ciento de ellos están procesados, con prisión preventiva, y otros están sin condena firme”, explicó Arieto.

En diálogo telefónico con este diario, desde el penal de Ezeiza, Daniel Cabrera confirmó que en ese lugar “unos 900 presos (la mitad del total) sigue en huelga de hambre”. En el caso personal de Cabrera, su decisión apunta “a que la Cámara de Casación se expida sobre el recurso que planteamos porque a mí me condenaron a 33 años de cárcel por robo a mano armada reiterado. El máximo por ese delito, según el Código Penal, es de 15 años y el de homicidio en ocasión de robo, algo que no se me imputa porque nunca maté a nadie, llega a los 25 años. Supongamos que me den 25 años, ¿pero por qué 33 años?”. “El recurso en Casación tiene que ser favorable y como ya tengo computados trece años y nueve meses de prisión, esto supone que podría tener la condicional o salidas transitorias para trabajar, pero estoy acá adentro”, agregó.

La abogada Florencia Arieto presentó ayer un hábeas corpus por Cabrera ante el Juzgado Criminal Federal 1 de Lomas de Zamora. “Tractorcito, como otros presos, tuvo una descompensación porque sólo está ingiriendo líquido y aunque un enfermero le había aconsejado que le aplicaran sales hidratantes, el SPF no le hizo nada y por eso el procurador Mugnolo tuvo que enviar a un médico”. Arieto se refirió también a la situación por la que atraviesa otro de los huelguistas, Diego Rocha, quien “para colmo de males lleva cuatro años y medio como procesado, sin condena, y nadie se preocupa por su situación”. Las fuentes de prensa de la Procuración señalaron que “la situación de los tres o cuatro mil presos en huelga de hambre es muy precaria y es necesario que intervengan las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación”.

Cabrera recordó ante este diario que en Ezeiza “hay muchos casos de presos que podrían salir en libertad si llegan al juicio oral. Tenemos a un remisero, un laburante, que llevó a un pibe, lo esperó en una esquina, el pibe robó y lo metieron preso también al laburante, sin pruebas. Es un caso de muchos. Nosotros sólo estamos pidiendo que se aplique la ley, que se tenga en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que la prisión preventiva tiene un límite de dos años. Queremos que nos apliquen la ley como a (Carlos) Fraticelli y a su esposa, condenados por asesinar a su hija y en libertad porque estuvieron seis años presos sin condena firme. Lo que pasa es que acá sólo hay presos pobres y la ley no es igual para todos”.

Anoche se informó que unas 300 detenidas del penal de mujeres de Ezeiza habían resuelto levantar la huelga de hambre. La situación de muchas de ellas era todavía más desesperante, porque están en compañía de sus hijos. La abogada Arieto sostuvo que la situación “se está transformando en una bomba de tiempo, porque muchos de los presos están realmente mal y siguen decididos a mantener la protesta”.