Con el suministro de gas cortado a industrias y estaciones de GNC, el enojo creciente de taxistas y expendedores en distintos puntos del país, la embestida de la oposición y la perspectiva de un agravamiento de los problemas energéticos en la última semana de campaña en la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno decidió pasar de una posición defensiva a otra ofensiva. Altas fuentes oficiales advirtieron ayer que se analizan “fuertes sanciones” a las empresas Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS) por incumplimientos de contratos, retraso en las inversiones y falta de obras, las cuales podrían llegar “a la quita de la concesión de los servicios”. También informaron que la Secretaría de Comercio Interior lanzará hoy a la calle operativos de control sobre toda la cadena gasífera. “En caso de detectar fallas en la provisión se aplicará la Ley de Abastecimiento, porque todo el mundo tiene que tener gas”, enfatizaron. Las acciones fueron ordenadas por Néstor Kirchner al ministro Julio De Vido.

–¿Cuándo volverá el gas a las estaciones de GNC y a las empresas? –preguntó Página/12 a los voceros oficiales.

–Lo más rápido posible, es inminente –respondieron, sin que fuera posible obtener mayores precisiones. Sin embargo, eso no ocurriría antes de pasado mañana.

El Gobierno hizo saber que interpreta que la crisis de abastecimiento es culpa del sector privado, por no haber realizado las obras que hubieran evitado esta situación. “Estamos haciendo un análisis exhaustivo de responsabilidades en toda la industria del gas: abarca la producción, el transporte y la distribución”, indicaron. Pero luego avanzaron un paso más: adelantaron que “muy probablemente habrá sanciones a TGN y TGS”, que podrían incluir –recalcaron– “la anulación de los contratos de concesión”. Los motivos, por ahora esbozados de modo general, son una serie de incumplimientos de contratos, entre los que se cuentan “demoras en las inversiones”.

El modelo privatizador del sector gasífero establece que las empresas deben garantizar el abastecimiento de la demanda, aunque no se fijaron obligaciones específicas como en el caso de las telefónicas (una de sus metas era digitalizar las redes). Las empresas trazaron en los noventa una curva de demanda de la cual surgía un cronograma de inversiones a realizar. Sin embargo, como a partir de 1998 la economía entró en recesión, la mayoría de las compañías postergó esas obras. El Gobierno las acusa de haber remitido a sus casas matrices la totalidad de sus ganancias de aquellos años –cuando cada peso valía un dólar– en lugar de volcar ese dinero a obras que tarde o temprano serían necesarias. A partir de 2002, cuando el consumo interno empezó a crecer nuevamente, otra vez postergaron obras por la falta de renegociación de sus contratos, todavía pendiente en toda la cadena del gas salvo la distribuidora Gas Natural BAN.

El argumento central del Ejecutivo sería que las empresas no cumplen con la premisa básica de responder a la demanda y por eso se podría llegar a la quita de las concesiones.

La última vez que el Gobierno tomó una decisión semejante fue a fines del mes pasado, cuando le arrebató al grupo Taselli el manejo de los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur. Anteriormente, el 3 de abril, reestatizó el astillero Tandanor, en marzo de 2006 expulsó a Aguas Argentinas, en junio de 2004 anuló el contrato con el mismo Taselli del ferrocarril San Martín, en enero de ese año dio de baja la concesión del espacio radioeléctrico y en noviembre de 2003 reestatizó el Correo Argentino que operaba el grupo Macri.

La advertencia de que “toda la cadena del gas será inspeccionada” extiende la mirada sobre las petroleras –con las que el Gobierno también se encuentra en conflicto por la provisión de gasoil– y las distribuidoras, además de las dos transportadoras. Estas últimas empresas, a su vez, entraron en tensión con la Casa Rosada desde que estalló el caso Skanska, donde se investiga el pago de supuestas coimas por la ampliación de gasoductos operados por TGN y TGS. TGN tiene como principales accionistas al grupo Techint, a la Compañía General de Combustibles y a la francesa Total. TGS es controlada por la brasileña Petrobras.

Especialistas del mercado gasífero recuerdan que a poco de asumir, el ministro De Vido encargó al ente de control del sector, el Enargas, un estudio detallado de los incumplimientos de contratos de todas las compañías. El voluminoso informe descansa desde entonces en el despacho del ministro de Planificación, con datos precisos que harían difícil la situación de TGN y Camuzzi. Esa carpeta podría reaparecer en esta instancia, aunque según lo adelantado por fuentes oficiales, las sanciones, con eventual quita de concesión incluida, recaerían sobre TGN y TGS.

En su arremetida contra las empresas gasíferas, el Gobierno volvió a convocar al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. “Se prepara la inminente aplicación de la Ley de Abastecimiento”, dijeron desde el Ejecutivo a este diario. “Equipos de inspectores de Comercio Interior ya fueron instruidos para comprobar el normal suministro” de gas, agregaron.

Sin embargo, la orden de cortar el abastecimiento a industrias y estaciones de GNC fue defendida por el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, quien explicó ayer que se hizo para garantizar la provisión a usuarios domiciliarios. “La prioridad la tienen las casas de familia”, indicó, y agregó que el corte a empresas y grandes usuarios “es una medida preventiva que se aplica no sólo en la Argentina, sino en todo el mundo y se ha hecho siempre”, insistió.

En declaraciones radiales, Folgar sostuvo que la normalización del servicio de GNC y a las empresas dependerá en buena medida de cuánto dure la ola de frío. “En la medida en que se vayan normalizando las temperaturas vamos a dar gas en los lugares donde se haya restringido”, afirmó. Por su parte, el gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi Gas Pampeana, Gustavo Pedace, admitió que los problemas frente al aumento de demanda energética son “más críticos” que los de la última semana de mayo, cuando también debieron restringir el suministro.

La gran mayoría de estaciones de GNC siguió ayer sin poder abastecer a los automovilistas. Las compañías de taxis restringieron los servicios, con demoras de hasta media hora. Los faltantes se sentirán probablemente hasta pasado mañana, aunque desde el Gobierno no dan precisiones. Toda esa situación disparó protestas en distintos puntos del país. Hubo cortes de calles y rutas en Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Taxistas y remiseros también interrumpieron el tránsito en el puente Zárate Brazo Largo y en la Ruta 9 a la altura de Pacheco, en Buenos Aires. En la Ruta 2 que va a la costa bonaerense los expendedores de GNC se lamentaron de no poder atender al público en el fin de semana largo. Frente a ese malestar creciente, el Gobierno amenaza responder con duras sanciones a empresas del sector.