Desde Madrid

España es, sin lugar a dudas, uno de los países pioneros en el intento de construir un nuevo orden jurídico internacional, gracias más que nada a la labor iniciada hace más de una década por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Con causas famosas, como la que estableció contra el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet y contra los responsables del genocidio argentino, el magistrado ayudó a la construcción de una jurisprudencia que se vio fortalecida en octubre de 2005 por la importantísima sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Rigoberta Menchú contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y varios de sus colaboradores, en la que la Justicia local estableció que no es necesario que haya víctimas españolas para que los tribunales de ese país tengan jurisdicción en casos en los que se han cometido crímenes de genocidio y lesa humanidad. En julio de 2006, el Tribunal Supremo sugirió al Constitucional que fijara ciertos límites a esta jurisprudencia al considerar que este derecho de la Justicia local no puede en modo alguno ser absoluto.

Aun así, a partir de ese momento las causas que se abrieron en España contra dictadores y represores que actuaron en otros países del mundo se han multiplicado, y a la labor de Baltasar Garzón se sumaron otros jueces de la Audiencia, como Santiago Pedraz, que es el responsable en estos momentos del proceso que se le sigue al ex general guatemalteco. Ríos Montt ha logrado escabullirse del proceso de extradición al gozar de inmunidad en su país, ya que es candidato a diputado en las elecciones que se realizarán en septiembre de este año.

El camino abierto por el carismático Garzón comenzó a construirse a principios de la década de los ’90 y tuvo su punto cúlmine en octubre de 1998 cuando el juez español logró la detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte. Luego de 503 días detenido en la capital británica, el ex mandatario chileno finalmente logró eludir la mano de la Justicia española, pero el paso para afianzar una nueva jurisprudencia internacional ya estaba dado.

A partir de ese momento España vio cómo sus tribunales comenzaban a instruir causas contra responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en diferentes partes del globo. Además de los conocidos casos que involucran a ex represores argentinos, como el actualmente condenado en Madrid Adolfo Scilingo, que espera para julio que el Tribunal Supremo resuelva acerca del recurso presentado por su defensa para que se lo considere inocente, o el ex integrante de los grupos de tareas de la ESMA Ricardo Cavallo, que también espera que la Justicia local decida si lo extradita finalmente a la Argentina para que pueda ser juzgado allí, en los tribunales españoles se han abierto procesos de gran trascendencia internacional, como el que involucra a siete líderes retirados chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin y el ex presidente del Parlamento de ese país Li Peng, en el marco de una querella interpuesta por grupos de apoyo al Tíbet que los acusan de cometer genocidio y crímenes contra la humanidad en la región. La Audiencia Nacional podría pedir a las autoridades chinas que arresten a los acusados e incluso que embarguen sus propiedades. Los miembros de la secta Falun Gong, muy perseguida por el gobierno chino, también han abierto otra causa contra ex responsables del gobierno en Pekín a los que se los acusa de crímenes similares. China se ha manifestado más que molesta por el desarrollo de estos procesos.

Otro de los personajes importantes investigado por los tribunales españoles ha sido el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, involucrado por Baltasar Garzón dentro de la causa en la que se investiga el denominado Plan Cóndor, la operación de coordinación represiva puesta en práctica por Estados Unidos en América latina durante los años setenta y ochenta del pasado siglo. Este proceso, según explicó a Página/12 el abogado argentino Carlos Slepoy, actor importante en muchas de estas causas, está parado en los tribunales ya que se enmarca dentro de los procesos contra ex responsables del aparato represivo chileno, una causa que “desde hace unos tres años” afirma el letrado “permanece inactiva, no se ha movido demasiado”.