Diez represores que actuaron en el Batallón de Inteligencia 601 están cerca de conocer su sentencia. Están acusados en la causa en la que se investiga la desaparición de un grupo de militantes montoneros que fueron secuestrados al regresar al país en el marco de la operación de “contraofensiva”. El expediente se rige por el Código viejo, lo que implica que no se realizará un juicio oral. Sin embargo, a pedido de las partes, serán públicas las últimas audiencias de testigos, que comenzarán el próximo 10 de julio. Luego, el juez Ariel Lijo tendrá cuarenta días para dar su veredicto.

En octubre de 1997, en el programa del mediodía de Mauro Viale, un sargento retirado del Ejército llamado Nelson Ramón González aseguró que Ricardo Zucker –hijo del actor Marcos Zucker– estaba enterrado en Campo de Mayo y que el Ejército lo perseguía porque tenía “listas”. Zucker había sido secuestrado en febrero de 1980, luego de que regresara al país desde Madrid, donde estaba exiliado. Su esposa, Marta Libenson, y Julio César Genoud fueron apresados con él. Todos habían vuelto a Argentina como parte del plan de la conducción de la agrupación Montoneros de tratar de reiniciar la lucha contra los militares.

La sorpresiva aparición de aquel “arrepentido” hizo que se comenzara una investigación sobre el destino de quince personas que fueron secuestradas entre fines del ’79 y principios del ’80. En 2002 el juez federal Claudio Bonadío reactivó el caso, ordenó detener a cuarenta represores y declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida.

En estos cinco años, la causa tuvo idas y vueltas. Bonadío fue apartado del expediente después de arrestar a los ex dirigentes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía por considerarlos partícipes necesarios de la desaparición de los militantes de su agrupación. El caso fue dividido y se iniciaron causas separadas que quedaron a cargo de distintos juicios. Ahora, finalmente, diez de aquellos represores, entre los que está la plana mayor del Batallón de inteligencia 601, recibirán su sentencia.

Los acusados son: Jorge Luis Arias Duval, que fue jefe de la Central de Reunión del 601 y responsable del grupo de tareas 2, que llevó a cabo los secuestros que se investigan en esta causa; Julio César Bellene, que fue segundo jefe del Batallón 601 entre 1978 y 1981 y pasó a ser jefe hasta 1984; Juan Carlos Gualco, Carlos Gustavo Fontana y Waldo Carmen Roldán, también de la conducción del 601. Además, Santiago Manuel Hoya, personal civil de inteligencia; Antonio Herminio Simón, que fue jefe del destacamento de inteligencia 123 de Paso de los Libres, y Julio Héctor Simón, que fue personal civil de inteligencia del 601 luego de ser secuestrador y torturador de varios centros clandestinos. Este Simón, alias El Turco Julián, fue condenado el año pasado por el secuestro de la familia Poblete.

Los otros dos represores involucrados en estos hechos son Cristino Nicolaides, ex comandante del III Cuerpo de Ejército, y Pascual Omar Guerrieri, ex jefe de la central de operaciones del 601. En un acto realizado en 25 de abril de 1981, Nicolaides dio cuenta del secuestro de quienes habían participado de la contraofensiva: dijo que dos células de entre 10 y 14 hombres habían logrado ingresar en el país y que habían sido aniquilados. Guerrieri, a quien Bonadío consideró creador del grupo de tareas 2, fue sorprendido el año pasado cuando violaba el arresto domiciliario. El represor se presentó en el Regimiento de Patricios para pedir “asilo” porque había periodistas en la puerta de su casa. Le dijeron que no y fue filmado en la calle cuando debía estar en su departamento. El juez Lijo, que ya estaba a cargo del caso, y el magistrado de Rosario Omar Digerónimo lo mandaron al penal de Marcos Paz. Pero el represor estuvo allí sólo un año. Los dos jueces decidieron a principios de este año que, por motivos de salud, el hombre volviera a su casa.

Las audiencias del juicio contra estos diez represores comenzarán el 10 de julio próximo. Durante cuatro días, 19 personas darán su último testimonio antes del veredicto. Entre los convocados hay familiares de las víctimas –entre ellos el secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, Edgardo Binstock–, el dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo y el diputado Miguel Bonasso. Sólo resta definir si Silvia Tolchinsky, que estuvo secuestrada y vio a algunos de los desaparecidos en Campo de Mayo, vendrá al país o declarará a través del consulado o la embajada en Madrid. Tolchinsky vive en España y en el juicio también se juzga las torturas a las que fue sometida y su reducción a la servidumbre. Como la causa se rige por el Código viejo, las acusaciones ya están hechas. Los fiscales Jorge Alvarez Berlanda y Oscar Amirante pidieron 25 años de prisión para todos los acusados por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, apremios ilegales y torturas. La abogada Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), solicitó la pena máxima para todos los represores.