Tres días después de que entrara en vigor un tribunal internacional bajo órbita de la ONU para juzgar a los presuntos responsables del crimen del ex premier libanés Rafik Hariri, una muerte sacudió el proceso. El miércoles pasado fue asesinado junto a su hijo y sus guardaespaldas Walid Eido, un diputado del bloque antisirio que Hariri había fundado. La relación entre un hecho y el otro parece cualquier cosa menos casual y desnuda la pelea política que hay detrás del proceso judicial.

El atentado contra Eido fue el primero en Líbano desde que en el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 30 de mayo la resolución 1757 para crear un tribunal internacional que juzgue a los supuestos responsables del crimen de Hariri (12 de febrero de 2005) y de otras 22 personas. El Consejo de Seguridad se amparó en el capítulo VII de la Carta Fundacional de Naciones Unidas, que prevé imponer un tribunal por la fuerza cuando las instituciones del país no alcanzan el acuerdo necesario. Lo inédito de este tribunal es que juzgará un crimen político. A partir de esta creación, en un futuro podría cuestionarse la legitimidad de los tribunales especiales, advierten los expertos. “En este caso ya no se trata de violaciones graves a los derechos humanos, sino de un asesinato político”, señaló a Página/12 Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). Chillier advierte sobre una posible consecuencia. “Sin minimizar la importancia de este crimen, podría suceder que se termine banalizando los mecanismos de los tribunales especiales.”

El presidente libanés, Emile Lahoud, cercano a Siria, se opone a esa corte, mientras que su premier, el pro Occidente Fuad Siniora y sus parlamentarios lo apoyan. Ninguna sorpresa ahí, ya que en la investigación preeliminar del caso Hariri las acusaciones recayeron en Siria. Siria había dominado la política libanesa durante décadas y hasta hace poco mantenía miles de soldados en el país: tuvo que retirarlos dos meses después del crimen de Hariri.

Con el nuevo asesinato las sospechas volvieron a recaer sobre Damasco. Las Fuerzas del 14 de Marzo, la coalición libanesa antisiria a la que pertenecía Eido, acusó abiertamente al régimen de Bachar al Assad de estar detrás del crimen. “Aquellos que han trabajado por un Líbano soberano y democrático han sido siempre objetivos de los ataques”, dijo George W. Bush esta semana, al exigir el fin de las “injerencias” de Irán y Siria en el país. Además, pidió que le se permita trabajar al Tribunal Especial para Líbano, que empezó a funcionar el 10 de junio, para investigar el asesinato de Hariri. Washington acusa Siria e Irán de brindar apoyo militar a la guerrilla libanesa de Hezbolá. El primer ministro, Fuad Siniora, también instó a las Naciones Unidas a que ayuden al Líbano en la investigación sobre la muerte de Eido, quinto dirigente de la mayoría antisiria en ser asesinado después de Hariri, los diputados Bassel Fleijan y Gebrán Tueni, y el ministro Pierre Gemayel. Eido era un fuerte defensor del tribunal especial. Precisamente, sus aliados ven en el asesinato un cálculo político premeditado.

Debilitado por una crisis política grave que dura desde hace siete meses, cuestionado por la oposición aliada a Damasco y a Teherán, presionado por Occidente para avanzar con el tribunal especial, Siniora tiene cada vez más problemas para hacer frente a la creciente inestabilidad que amenaza al país.