Todavía resonaban los primeros ecos de la provocativa decisión de rescindirles el contrato a 2300 trabajadores del Gobierno de la Ciudad, cuando el jefe de Gobierno lanzó su segunda ofensiva: la decisión de intervenir la obra social de los empleados municipales, la Obsba. La primera decisión había recogido un mayoritario repudio, de quienes consideraron los despidos como una medida arbitraria contra empleados precarizados y una expresión de las tradicionales políticas de ajuste neoliberal, y apenas unos pocos y callados elogios de quienes ven con buenos ojos la reducción del gasto público y de los planteles estatales, cualquiera sea la forma y el medio utilizado. La segunda decisión, la que recayó sobre la obra social, tuvo un impacto diferente: recibió impensables elogios de sectores gremiales y políticos ubicados en la vereda opuesta del PRO. A poco de andar, sin embargo, comienza a observarse que ambas medidas no son opuestas sino que responden a una misma lógica.

La cuestión tiene varias aristas. El sindicato de municipales que conduce el histórico Amadeo Genta logró el beneficio de que, al producirse la desregulación de las obras sociales, la suya fuera considerada como un instituto provincial, entes que por acuerdo de los gobernadores con el menemismo habían quedado al margen de la apertura de sus padrones a la libre elección. El nuevo régimen de obras sociales nacido en los ’90 prometía mejorar los servicios a través de los emblemas del neoliberalismo: apertura competitiva, gestión privada y libre contratación. El objetivo de máxima del plan era permitir el acceso directo del capital privado al sistema –libre competencia entre empresas de salud y obras sociales–, pero se conformó con menos. El sistema quedó cerrado exclusivamente a las obras sociales sindicales, pero posibilitó el acceso indirecto del capital privado por dos vías: cesión del gerenciamiento de las obras sociales más grandes a empresas privadas (Seguros, Luz y Fuerza, entre otras) o la creación de nuevas obras sociales que no eran más que meras pantallas para encubrir la captura de afiliados por parte de empresas de medicina prepaga (Ospoce, Arbitros de Fútbol, etc.).

La “libre elección” permitió que los afiliados, principalmente los de altos ingresos, dejaran de ser “cautivos” de la obra social de su actividad para mudarse a otras que les ofrecían más calidad de servicios y el carnet plástico de una prepaga de renombre como prestadora. No fueron muchas las veces que la nueva prestadora respondió a las expectativas generadas. En cambio, las obras sociales de origen de los emigrados se vieron debilitadas por el enflaquecimiento de sus ingresos e iniciaron un proceso de continuo ajuste a la baja, que aún persiste. El plan había logrado su objetivo principal: el debilitamiento del sistema y la pérdida de una herramienta fundamental de identificación del trabajador con su sindicato.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Obsba se mantuvo al margen de aquellos embates, tuvo el beneficio de una corriente de ingresos segura (aunque recortada por la pérdida de poder adquisitivo del salario estatal porteño) y el privilegio de prestar servicios en un espacio geográfico limitado. Sin embargo, los resultados, en materia de prestación, distan de ser mínimamente aceptables. La falla, evidentemente, está en la capacidad de sus administradores y dirigentes (el Sutecba) y no en el sistema.

En la disputa gremial, los trabajadores de la educación alineados en UTE (filial local de Ctera) eligieron dar la pelea contra la conducción de Sutecba reclamando la “libre elección de la obra social” para los trabajadores municipales. El planteo se inició en 1999 y un año después obtuvo una sanción favorable de la Legislatura porteña (Ley 472) que jamás se cumplió. El miércoles 2, al intervenir la Obsba y prometer la desregulación, Macri le cumplió el deseo.

La curiosa coincidencia de planteo (desregulación y libre opción) entre Macri y un gremio incuestionablemente progresista (UTE-Ctera) sólo se explica en función de un objetivo inmediato: la pérdida de poder del sector Datarmini-Genta. Pero las intenciones son diferentes. La UTE reivindica el carácter solidario del sistema de obras sociales, que en la realidad está gravemente herido, y promueve el mantenimiento de la pertenencia de los trabajadores a su rama de actividad (en el caso de los docentes, por ejemplo, a Osplad). Para ello, considera un paso adelante que se quiebren las paredes sin aberturas que le impuso el Sutecba.

Macri, en cambio, dejó en claro a qué apunta cuando nombró interventor de la Obsba a Jorge Rey. Gerente de Recursos Humanos en la generadora eléctrica CMS Energy en la última década, ocupante de similar cargo en la constructora Ormas en los diez años anteriores (1985-1994) y con un paso previo por otra constructora, Iecsa del grupo Macri (Socma), Rey exhibe una trayectoria con dos características muy marcadas. Conoce bien al Estado, porque siempre trabajó para empresas contratistas o concesionarias de servicios y obra pública. Y conoce bien a los sindicatos, pero de la vereda de enfrente, como gerente de personal. Está claro que no es la promoción de los sistemas solidarios de salud en manos sindicales (aunque fueran otras distintas a las de Datarmini y Genta) lo que más le entusiasma a Rey ni es el objetivo de la tarea encomendada.