“Retener una causa (judicial) es retener poder.” No lo dice alguien que mira los tribunales desde afuera. Lo afirma un juez federal, Daniel Rafecas. La cita es parte de una entrevista que concedió para una investigación sobre la “Parálisis de la Justicia frente a los casos de corrupción” que realizó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Es un estudio que busca explicar las razones por las cuales las causas penales contra funcionarios públicos y grupos económicos tardan un promedio de 14 años en llegar a juicio oral, si es que no prescriben antes en el camino. El trabajo está basado, en gran parte, en conversaciones con importantes miembros del Poder Judicial (jueces, camaristas, fiscales y peritos) y organismos especializados. Las conclusiones atribuyen las demoras a los manejos especulativos de sus señorías, su falta de capacitación, las deficiencias propias del sistema y la astucia de los abogados (que trabajan de eso: estirar los tiempos).

Recién este año habrá un juicio oral por las coimas del caso IBM-Banco Nación, denunciadas en 1994. En mayo comenzará el juicio por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, una causa abierta en 1995. Podrían considerarse historias gloriosas en términos de agilidad judicial. Otras, como la de la venta de leche adulterada al Estado que involucró al empresario Carlos Spadone en 1991, terminaron cerradas. Spadone fue sobreseído por el paso de los años en 2005. También se declararon prescriptas más de una decena de investigaciones sobre fraudes bancarios de los ochenta, entre ellos los del Banco del Oeste y el Banco de Italia. Ejemplos sobran.

El trabajo de ACIJ, coordinado por el abogado Luis Villanueva, pretende complementar con un análisis cualitativo los resultados de un minucioso estudio cuantitativo que hizo un año antes otra ONG, el Centro de Investigación y Prevención sobre Criminalidad Económica (Cipce). Este organismo contabilizó sólo 15 condenas en los últimos años sobre un total de 750 causas: excepto María Julia Alsogaray, todos funcionarios de segunda línea. También estimó que el 20 por ciento de los expedientes se cierra por prescripción, sin que se lleguen a esclarecer los hechos. Desde 1980 el Estado perdió, según el Cipce, 10 mil millones de dólares por hechos de corrupción. Las denuncias suelen aparecer unos dos años después de que fue cometido el delito. Las investigaciones duran un promedio de 14 años, mientras un juicio ordinario se resuelve en un año y cinco meses.

El informe de ACIJ clasifica los motivos de las demoras en dos grupos: de un lado, las maniobras e intereses de los jueces y otros funcionarios judiciales que intervienen; del otro, las deficiencias propias del sistema penal, la falta de recursos para investigar y de mecanismos de control sobre las investigaciones.

Cuestión de poder

Los jueces, advierte el documento al que accedió Página/12, utilizan las causas sobre corrupción “como prenda de negociación con el poder político”. Buscan, dice, “beneficios particulares”: “frenar procesos de destitución, obtener ascensos o cualquier otra ventaja”. “Se ha generado una cultura del poder en la que muchos jueces aprovechan su capacidad de decisión sobre el destino de los sujetos implicados”, afirma. Es el famoso cajoneo.

A eso se refiere el juez Rafecas cuando habla de que “retener una causa es retener poder”. Por esa razón, dice Rafecas, la mayoría de los expedientes con alto impacto institucional “difícilmente llegan a juicio oral”, que es la instancia clave donde se define la culpabilidad de los acusados. “Los casos que llegan a juicio son los menos trascendentes en términos de interés público, como los de tenencia de droga, pequeños traficantes y falsificación de documentos. De ahí que la tarea de los jueces de los tribunales orales federales es vista como de menor jerarquía a pesar de que cuentan con los mismos privilegios que los camaristas. Ningún juez federal dejaría su cargo para ir a un tribunal oral porque eso significaría perder un espacio de poder”, explica.

“No es una novedad que algunos jueces utilizan estas causas como medio para negociar con el poder político”, les dijo a los investigadores Gabriel Cavallo, que acaba de dejar su cargo de camarista para dedicarse a la actividad privada. “Al menos era así en los noventa. Las causas contra la administración actual son muy recientes como para decir lo mismo”, sostuvo. Otro camarista, Jorge Rimondi, señaló que un síntoma del “apego” de los jueces a las causas que implican a funcionarios es que pese a que tienen la posibilidad de delegar la investigación en los fiscales, “en los casos de mayor trascendencia deciden retenerlas”. El abogado Ricardo Monner Sans, un denunciante habitué de los tribunales federales, asegura que es frecuente la subordinación política de los jueces “sea por miedo a las consecuencias o directamente por complicidad”.

Falta de training

Los funcionarios judiciales –jueces, fiscales y compañía– no tienen ninguna obligación de capacitarse ni de rendir cuentas de su trabajo, alerta ACIJ. Sus entrevistados, resume el informe, coincidieron en marcar la “falta de idoneidad de jueces y empleados para investigar casos complejos de corrupción”. Carecen de conocimientos de contabilidad, sistema bancario y fraude corporativo, enumera entre otras cosas. “Aunque exista la voluntad de investigar, la capacitación no es acorde”, sostienen en la ONG.

Alfredo Popritkin, un contador y ex perito de la Corte que intervino en causas como la de los sobresueldos del menemismo, dice que ni siquiera en el fuero penal económico los magistrados saben desmenuzar grandes fraudes. Manuel Garrido, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), recordó que en ese fuero los puestos de prosecretario estaban previstos para contadores, y terminaron ocupados por abogados. Los jueces, dijo, a menudo “no saben qué medidas de prueba ordenar”. Así, estas dificultades para juntar las evidencias también demoran la llegada a los juicios orales.

Ante la falta de especialistas en los juzgados las investigaciones terminan confiadas a los dictámenes de los peritos. Así lo hizo notar el camarista federal Horacio Cattani. “Error”, dice Cattani, porque los peritos son personajes “auxiliares” y sus reportes, un elemento de prueba más en el montón. Todo esto, sin contar que las pericias suelen tardar uno, dos o más años en llegar y retrasan todo lo demás. El camarista sostiene que los investigadores judiciales deberían ser mucho más abarcativos en su tarea. Rimondi, por ejemplo, alienta el uso de las escuchas telefónicas, las cámaras ocultas y las pericias informáticas.

El fiscal Federico Delgado reclamó mecanismos de rendición de cuentas. Pero señaló que el problema empieza con la selección de los funcionarios judiciales: todavía, dijo, “no hay transparencia en el acceso a los cargos” y “el que llega no siempre es el mejor”. Las mayores críticas de los entrevistados se las llevó el Cuerpo de Peritos Oficiales de la Corte, “blanco de fuertes sospechas en lo relativo a su idoneidad moral y técnica” y “la falta de transparencia en su selección”.

Congestión

La regla de oro de los tribunales federales es que las causas irrelevantes, sobre tenencia de drogas y falsificación de documentos de inmigrantes, son las que llegan a juicio una atrás de la otra. Los llamados delitos de poder tardan años en tocar esos estrados. “Los juzgados están abarrotados de estas causas menores, lo cual les impide disponer de los recursos humanos y físicos indispensables para atender con mayor dedicación las causas complejas”, advierte ACIJ.

Para algunos de los entrevistados por la ONG debería haber un “criterio de oportunidad” por el cual se puede desistir de acusar a imputados que llegan sin antecedentes o acusados de delitos por penas bajas. No descartan otros mecanismos de depuración de causas. El ex camarista Edgardo Donna, sin embargo, advierte que es alto el riesgo de “discrecionalidad”. Rimondi, en la misma línea, dice que debería haber una “regulación taxativa” que no deje margen para la arbitrariedad.

Embarrar la cancha

“La causa de los sobornos del Senado me insumió tres años por culpa de las apelaciones”, se queja el juez Rafecas consultado por Página/12. No es el único que protesta por esto. “El abuso de legítimas herramientas jurídicas, como nulidades y recursos, hace que el proceso en los casos en que se investigan delitos de poder se convierta en una verdadera carrera de obstáculos emplazados por las defensas para no llegar al juicio oral”, resume el informe de ACIJ. El abogado Fernando Díaz Cantón–que defendió, entre otros a Fernando de la Rúa– reconoce su participación en ese juego. “Es un torneo para no llegar al juicio oral”, dice, en el que se aprovechan “todas las herramientas que ofrece la ley”.

En ACIJ muestran que mientras en el fuero penal esta práctica es moneda corriente, en otros los propios jueces la han limitado. Un fallo de la Cámara Civil dice que “en nombre del derecho de defensa en juicio, el debido proceso y el libre ejercicio profesional no puede aceptarse todo tipo de actitudes carentes de una mínima ética profesional”. Rafecas propone una reforma que elimine chances de apelación y acelere el juicio oral. Rimondi acota que los magistrados, si quieren, pueden limitar los malabares de los abogados rechazando los pedidos que formulan para entorpecer y acotando la investigación a cuestiones precisas.

Brigada anticorrupción

Los organismos especializados en detectar e investigar actos corruptos como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y la Oficina Anticorrupción (OA) “no logran incidir de manera significativa en los resultados”, concluye el informe. Garrido, titular de la FIA, dice que la ley no es clara sobre el papel de este organismo (puede actuar a la par de un fiscal pero no puede querellar, por ejemplo) y esto limita “el acceso a los expedientes”. Además se queja de que algunas dependencias clave como la AFIP y el Registro de la Propiedad le niegan información imprescindible en forma sistemática. Y eso sin contar que “no se dispone del presupuesto necesario para cumplir con las objetivos”.

Para el penalista Alberto Binder, del Cipce, la FIA y otros organismos de control (como la Sindicatura General de la Nación y la Unidad de Información Financiera) “tienen un alto grado de ineficiencia y descontrol, lo que lleva a que sea muy complejo poder mostrar un caso con los mínimos elementos necesarios”. La OA, agrega el camarista Cattani, tiene un defecto de base: su dependencia directa del Poder Ejecutivo. Alejandro Rúa, ex titular de la Unidad AMIA, sostuvo que la OA “no tiene una verdadera estrategia de litigio” y los organismos de control en general “toman decisiones en consonancia con los vaivenes políticos del momento y no utilizan las herramientas procesales” disponibles. Falta, dice, una “voluntad de independencia real”. Algo que, según se desprende del informe de ACIJ, se traslada a los despachos de muchos jueces.