De los conflictos armados aún abiertos, el de Colombia es el más antiguo del mundo junto al que enfrenta a India con Pakistán y el que disputan Israel y Palestina. Desde 1964, ha arrojado unos 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y el mayor número de desplazados luego del record de Sudán: entre 2 y 3 millones de personas. Como una herida absurda en el corazón de Sudamérica, el conflicto colombiano mezcla a la última guerrilla del continente con un presidente caudillista, presiones de Estados Unidos, paramilitares y el creciente poder del narcotráfico, que lo contagia todo. En este país, en donde todo parece posible, se produjo la asombrosa historia de Emmanuel. Y es también este pantano confuso el escenario en el que se realizó –y que a la vez explica– la fracasada operación de rescate de los rehenes encabezada por Néstor Kirchner.

La insurgencia

El 20 de julio de 1964, Manuel Marulanda (Tirofijo), junto con unas pocas docenas de hombres, crearon las FARC, la primera insurgencia del Partido Comunista de Colombia, que con los años se fue extendiendo hasta alcanzar porciones cada vez más importantes de territorio. Aunque siempre mutaron, adaptándose a circunstancias cambiantes, la transformación más importante ocurrió en los ’80, cuando la muerte de Pablo Escobar y el escándalo del Proceso 8000, que sacó a la luz la complicidad del Cártel de Cali con la campaña presidencial de Ernesto Samper, produjeron el colapso de las grandes corporaciones del narcotráfico.

El vacío dejado por los grandes cárteles fue ocupado por miles de pequeñas organizaciones, en una estrategia de descentralización que les permitió a las bandas de narcotraficantes evadir mejor a la policía, pero que también las puso a merced de los grupos paramilitares y guerrilleros, que comenzaron a exigir un porcentaje de las ganancias a cambio de protección. Se iniciaba así una etapa de mayor colaboración entre las guerrillas y los narcos. Y comenzaba, también, el fenómeno paramilitar, grupos armados que nacieron como reacción a la insurgencia y que fueron ganando poder y autonomía gracias a sus lazos políticos y la tolerancia de las fuerzas de seguridad. Los comentaristas televisivos que califican a las FARC de “narcoguerrilla” tiene razón, pero deberían agregar que lucha contra narco-paramilitares y un narco-ejército, en el marco de un narco-Estado que hasta llegó a tener un narco-presidente.

A esa altura, las FARC habían perdido parte de su carácter marxista-leninista original. Nacidas en pleno auge de las teorías foquistas, se fueron transformando con el colapso del bloque socialista y el contagio de las prácticas de los narcos y los paras: las masacres de civiles, que antes habían sido una excepción, se hicieron más comunes en las operaciones guerrilleras. Desideologizadas y realistas, las FARC ya no se planteaban tomar el gobierno, sino extender su control territorial y avanzar rodeando los centros de poder político y económico hasta alcanzar un equilibrio estratégico con el Estado. El objetivo último es que se les reconozca su status beligerante para encarar desde una posición de fuerza una eventual negociación de paz. En este sentido, no es menor que –a diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea– la mayoría de los gobiernos de la región, incluyendo a Brasil, Venezuela y Ecuador, así como la propia ONU, se resistan a calificarlas de “organización terrorista”.

En 1998, el gobierno de Andrés Pastrana negoció con las FARC un acuerdo de paz, que se encontraba bastante avanzado pero que se quebró en 2002, en medio de denuncias cruzadas: Pastrana acusó a la guerrilla de utilizar la zona de distensión (una amplia área desmilitarizada creada para facilitar las negociaciones) para esconder a los secuestrados y lanzar operaciones, mientras que el secretariado de las FARC acusó al gobierno de demorar los acuerdos para implementar el Plan Colombia con ayuda de Estados Unidos. Fue allí cuando apareció Alvaro Uribe.

El nuevo líder

Tras el fracaso de las negociaciones, Uribe, ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia, lanzó su candidatura presidencial con un discurso duro contra la guerrilla. “Su propuesta era básicamente restaurar el orden. El había sido crítico de las negociaciones de paz. Por eso cuando fracasaron logró instalar la sensación de que tenía razón, que todo había sido inútil”, me responde Yann Basset, politólogo francés especializado en Colombia y profesor de la Universidad Externado, al otro lado del teléfono desde París, cuando le pregunto por el triunfo de Uribe en las presidenciales del 2002. “Pudo capitalizar el fracaso del acuerdo de paz y la idea de que el Estado había cedido mucho, que la comunidad internacional había apostado mucho, y que las FARC se burlaron de todo eso”, agrega Basset.

De modales caudillescos, personalista como Hugo Chávez pero con una ideología diferente, Uribe comenzó a implementar su propuesta de “seguridad democrática”, que incluyó una serie de medidas, desde un impuesto especial para financiar hasta la creación soldados campesinos y una red de informantes, destinada a acorralar militarmente a las FARC. El Plan Patriota, uno de los ejes del programa, consistió en un despliegue militar masivo en el suroeste del país a través de un incremento de las tropas terrestres y una mayor presencia aérea. En pocas palabras, la idea era desequilibrar la relación de fuerzas con las FARC y recuperar el dominio territorial.

Como parte de esta política, Uribe inició negociaciones con los paramilitares para conseguir su desmovilización. La base fue la Ley de Justicia y Paz, que los obliga a contar la verdad y reparar a sus víctimas a cambio de una sentencia reducida, lo cual generó una enorme polémica, pues los paramilitares cometieron crímenes verdaderamente atroces. El desarme fue relativamente exitoso y la cantidad de desmovilizados llegó a la asombrosa cifra de 30 mil, pero el problema ahora es su reincorporación a la sociedad. Aunque el gobierno creó planes de ayuda financiera, se trata de mano obra supercalificada para el delito pero totalmente subcalificada para cualquier trabajo decente. Ya hay indicios de que, tras cobrar el subsidio, muchos de ellos se están reciclando en actividades delictivas. Y que el espacio dejado vacante por las organizaciones paramilitares está siendo ocupado por nuevas bandas.

Además, claro, del escándalo político. La desmovilización de los paras y los procesos judiciales de búsqueda de la verdad echaron luz sobre sus vínculos con el poder político y económico, desataron una serie de asesinatos y golpearon al gobierno: Mario Uribe, senador y primo hermano del presidente, fue denunciado por sus vínculos con los paramilitares, junto a otras prominentes figuras oficialistas. Se sospecha de las relaciones del mismo presidente, cuando era gobernador de Antioquia y la organización Convivir creció espectacularmente. Y se revelaron detalles increíbles, como el hecho de que Don Berna, una mezcla de narco y para que llegó a controlar una milicia de 5 mil hombres, fue recluido en una cómoda finca-cárcel en lugar de una prisión común.

Pese a todos estos problemas, lo cierto es que Uribe logró desactivar a uno de los actores del conflicto y pudo mostrar avances concretos en la disminución de la violencia. Así, entre el 2002 y el 2006 prácticamente todos los indicadores de mejoraron: según datos del Ministerio de Defensa, los homicidios bajaron un 60 por ciento y los secuestros un 76 por ciento. A esto se sumaron algunas iniciativas de mucho impacto, como la decisión de asegurar las rutas turísticas y garantizar la libertad de movilidad de la clase media durante los meses de vacaciones. Y entonces, con una economía en crecimiento gracias a los elevados precios de las materias primas, los paramilitares desactivados y las FARC en retroceso, Uribe impulsó una reforma constitucional para habilitar su reelección. Quienes suelen quejarse por la inseguridad jurídica en Venezuela deberían prestar atención a este dato: la de Uribe fue la 19ª reforma constitucional sancionada en los últimos 14 años. En mayo de 2006, Uribe arrasó con el 60 por ciento de los votos.

La guerra sin fin

Pese a la ofensiva militar, las FARC se mantienen en pie. La otra organización armada, el Ejército de Liberación Nacional, se encuentra muy debilitada, una parte fue absorbida por las FARC y se estima que otra podría iniciar un proceso de desmovilización, lo cual le permitiría a Uribe demostrar su voluntad de negociar tanto con la derecha (los paras) como con la izquierda. Pero lo central es que las FARC siguen operando, lo que las convierte en la guerrilla más antigua del continente.

–¿Cómo se explica esto? –le pregunto por teléfono a Antonio Navarro Wolf, actual gobernador de Nariño, ex candidato presidencial de la izquierda y ex líder del M-19, la organización insurgente que dejó las armas en 1990.

–Por varios motivos. Las FARC tienen una raíz histórica en la guerra entre liberales y conservadores, que se resolvió a mediados del siglo XX y dejó 300 mil muertos. Además, el conflicto se da en un país extenso, con selvas, montañas y mucha población campesina. Es un conflicto esencialmente rural. Y las FARC son la última guerrilla del mundo que practica, aunque sin teorizarla, la guerra popular prolongada. Esta perspectiva de largo alcance es propia del mundo campesino, donde las cosas no se miden en horas o minutos, sino en semanas y meses. Son los tiempos rurales, los tiempos de los desplazamientos, las cosechas, las estaciones. Esto hace que los tiempos de la guerra, y por lo tanto los tiempos de la paz, sean largos.

–¿Qué rol juega el narcotráfico?

–Es otra de las razones por las que las FARC perduran. Les permite financiarse de modo autárquico. Por eso la caída del Muro de Berlín no tuvo ningún efecto. Y también por la política antinarcóticos muy agresiva impulsada por el gobierno. Las fumigaciones, que afectan a la población campesina, son la estrategia más barata de erradicación, pero lo barato sale caro. Se fuerza a la población a que esté del lado de las FARC. Y en este sentido no hay que equivocarse. No es una mafia armada. Es una guerrilla. Tiene base social.

Barras y estrellas

La intervención de Estados Unidos en la lucha contrainsurgente comenzó hace décadas, junto con las intervenciones en Centroamérica y el Caribe, con la diferencia de que en Colombia se mantuvo hasta el día de hoy. El Plan Colombia, lanzado en 1999 por Bill Clinton, prevé ayuda para el combate al narcotráfico por unos 600 millones de dólares al año. La alianza estratégica entre ambos países, fortalecida por Uribe, se refleja en datos en apariencia anecdóticos –como el hecho de que la embajada estadounidense en Bogotá es la quinta más poblada del mundo– y otros más estructurales: Colombia es, junto a Perú y Chile, el único país de Sudamérica que negocia un Tratado de Libre Comercio con Washington, pese a las críticas que ha recibido y la enorme disparidad entre ambas economías. De hecho, el PBI colombiano equivale al 1 por ciento del estadounidense.

Pero esto podría cambiar en el futuro cercano. “Con el cambio de mayoría en el Congreso luego de las últimas elecciones legislativas, quedó claro que los demócratas pondrán más énfasis en los temas sociales, y menos en la contrainsurgencia. El balance en el Plan Colombia entre los temas de seguridad y los del desarrollo está cambiando”, me dice Cynthia J. Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center, que acaba de publicar un artículo sobre el tema en Foreign Affairs y que atiende el teléfono desde su casa en Washington.

–Pero, ¿puede cambiar el eje de la política anti-drogas de Estados Unidos?

–Parece difícil. Hay que recordar que ya lleva varios gobiernos, pues comenzó durante la primera gestión de Clinton. Lo que sí está claro es que el eje de esta política, que son las fumigaciones de las plantaciones de coca, no ha dado los resultados esperados. Se han atomizado los cultivos en siembras más pequeñas y muchas veces se han reubicado cerca de áreas de cultivos legales, para dificultar las fumigaciones.

–Y la cocaína sigue llegando a Estados Unidos.

–Sí, el precio no ha bajado de manera significativa y la pureza se mantiene o aumenta.

–¿Eso significa que nada va a cambiar?

–No. Seguramente los demócratas impulsarán desde el Congreso una política más orientada al desarrollo rural y la lucha contra la pobreza. Y esto podría consolidarse si los demócratas llegan a la Casa Blanca.

Densa selva

El 24 de diciembre de 2006, las FARC intentaron tomar el caserío de La Julia, en Meta, una de las zonas con más presencia histórica. Fracasaron. El episodio no sorprendió a un país acostumbrado a los golpes guerrilleros, pero demostró las dificultades para realizar operaciones ofensivas aún en las zonas supuestamente más favorables. Pocos días más tarde, fueron detenidos los integrantes de una columna de las FARC que habían realizado una serie de atentados en Cali. La investigación posterior reveló que habían recurrido a pandilleros comunes, mercenarios de poca monta, para realizar los ataques.

Todo esto revelaba la debilidad de la organización y sus dificultades para lanzar operaciones a gran escala, frente a lo cual el secretariado de las FARC ordenó un cambio de orientación estratégica. El objetivo, ahora, es encarar una guerra de guerrillas en el sentido más clásico: emboscadas y ataques por sorpresa, golpear imprevistamente y huir a los refugios de la montaña o la selva, exasperar al enemigo e intentar extenuar al gobierno, agotarlo política, moral y económicamente. En la edición 57 de la revista colombiana Análisis Político, los especialistas Camilo Echandía Castilla y Eduardo Becharra Gómez aseguran que se trata del paso de una lógica de control territorial a una de control estratégico, lo que implica retener la iniciativa con acciones de bajo costo militar y elevada ganancia política.

La confirmación del ADN y la revelación de que Emmanuel no estaba en poder de las FARC cuando se difundió la oferta de entregar a los rehenes sugiere que el problema de la guerrilla no es sólo militar: el episodio es llamativo para una organización que, se piense lo que se piense acerca de sus procedimientos, siempre ha sabido moverse con astucia política y sentido de la oportunidad. La causa real del paso en falso es aún desconocida, aunque se especula con que podría ser una desconexión entre la conducción guerrillera y los grupos encargados de cuidar a los prisioneros como consecuencia del hostigamiento del gobierno.

En cualquier caso, el viaje de Néstor Kirchner a Colombia se produjo en este panorama confuso y dinámico. Si es cierto que Chávez teatralizó exageradamente el operativo y que Kirchner, al jugarse personalmente, no tuvo en cuenta ni la imprevisibilidad de la guerrilla ni la de Chávez ni la de Uribe, también es verdad que cualquier participación en un asunto como éste implica exponerse a riesgos inesperados, y que tal vez sea necesario contemplar, en un futuro, las infinitas complejidades y matices de un conflicto tan denso como la densa selva colombiana.