Image: Adrián Pérez

Gustavo Calleja es fundador del Grupo Moreno y director del Instituto Energético de la Fundación Illia. Fue subsecretario de Combustibles en el inicio del gobierno de Alfonsín, junto a “Storani, Carranza y Grinspun”, aclara.

–¿Cuál es la solución a los cortes?

–La única solución es invertir. La crisis es estructural y estrictamente por desinversión. El Estado tiene que recuperar el control de la prestación de los servicios públicos y realizar las obras con el dinero capturado de la renta petrolera. Para eso, hay que considerar a los hidrocarburos como recursos estratégicos.

–Sería volver al modelo de gestión pública previo a las privatizaciones.

–Desde 1990 empezó una política pergeñada por el liberalismo, organizada por Menem, Cavallo y Dromi, y continuada por Kirchner. Se regalaron los bienes del Estado y se abandonó la potestad de fijar las políticas hidrocarburíferas y de servicios públicos. Teníamos YPF, Gas del Estado y Agua y Energía Eléctrica. Se consideraba que los servicios públicos debían ser accesibles y permanentes para todos los argentinos. En su lugar llegaron estas multinacionales que tuvieron permiso para llevarse libremente sus utilidades y se las eximió de la obligación de invertir.

–Las distribuidoras eléctricas dicen que están invirtiendo.

–La única verdad es la realidad: no hay luz. Tenemos cortes todos los días. El argumento de que hubo una demanda inesperada por las altas temperaturas y por la venta masiva de aires acondicionados no corre. Se sabía que llegaba el verano y que la gente compró aires acondicionados. Ellos tendrían que haber invertido para abastecer el pico de la demanda. Es un servicio público y lo tienen que prestar siempre.

–Las empresas sostienen que las tarifas actuales no alcanzan para cubrir los costos de mayores inversiones.

–No es cierto, sus balances muestran utilidades. Además, tienen contratos por 50 años. En cualquier país capitalista del mundo primero se invierte y después se recupera. Ellos obtuvieron ganancias extraordinarias en los ’90 que giraron al exterior. Ahora tienen ganancias normales en pesos. No entienden que se acabaron las sobreutilidades en dólares. El Gobierno debería encarar un estudio profundo de los costos de las empresas, con auditores independientes y la participación de los usuarios, para saldar esta discusión. Se vería que tienen sobrecostos por todos lados, a través de contratos de asesoramiento, de remuneraciones y tercerizando servicios a empresas vinculadas. Todas esas son formas de ocultar ganancias.

–¿Cuánto habría que invertir para terminar con los cortes?

–Antes de las privatizaciones, el Estado invertía cerca de 4000 millones de dólares al año, en exploración de petróleo y gas, en generación, transmisión y distribución eléctrica y en energía atómica. Hoy no se llega a un tercio de esa cifra. El Estado podría hacerlo si recuperara la renta petrolera: allí hay 12.000 millones de dólares al año. Y también habría recursos para recuperar la estructura ferroviaria, que en su momento se financió toda con las ganancias de YPF. Acá el problema es el modelo.

–¿Por qué?

–En 1989 había tres represas en ejecución, se exploraban 250 pozos por año y existían 40 años de reservas de gas y 17 de petróleo, el costo de producción interno regía el precio de los combustibles y las tarifas de servicios públicos eran accesibles. El 40 por ciento de los argentinos que no tenían gas natural pagaban sólo 20 por ciento más por las garrafas, el gasoil se reservaba para el transporte público y el agro y estábamos autoabastecidos. Hoy quedan seis años de reservas de petróleo y gas, el país ya es importador de combustibles, no se construyó una sola represa hidroeléctrica en 18 años, no se explora nada, los argentinos pagan el combustible a precio internacional y se exportan hidrocarburos en forma alucinante. Esas son las consecuencias del modelo privatizador.

–Los defensores de las privatizaciones recuerdan los apagones de Alfonsín.

–Fueron por un problema puntual y se terminaron en seis meses. Se rompió el Chocón y hubo que vaciarlo. Pichi Picún Leifú, Piedra del Aguila y Yacyretá estaban en construcción. Para colmo, Salto Grande se quedó sin agua y hubo una falla en Segba porque no se hizo el mantenimiento adecuado, por culpa de Sourrouille y Brodersohn que habían recortado el presupuesto de la empresa. Después de que se arregló el Chocón las cosas volvieron a funcionar, pero se aprovechó esa situación para generar consenso en favor de las privatizaciones. Hoy el problema es estructural, no coyuntural, y llevará años arreglarlo.

–¿El mayor problema es de generación o de distribución?

–Ambos. La generación no alcanza. Están disponibles realmente algo más de 17.000 megavatios y se necesitarían 23.000. En cuanto falla algo hay cortes. De Vido anuncia dos usinas para 2008 que agregarán 1600 mega, pero van a consumir lo que no tenemos: gasoil y gas. En lugar de eso se tendrían que haber construido represas.

–¿Y en distribución?

–Habría que volver a una sola empresa en manos del Estado. Es antieconómico que haya siete empresas en el área metropolitana para brindar el servicio de generación y distribución eléctrica: son siete directorios, siete compañías que quieren utilidades.

“Renegociar y subir tarifas”

Imagen: Rolando Andrade

Santiago Urbiztondo es director del Departamento de Estudios Regulatorios de FIEL, usina de ideas que en los ‘90 aportó argumentos en favor de las privatizaciones, con Ricardo López Murphy como figura estelar.

–¿Cuál es la solución a los cortes?

–Los milagros no existen. Las observaciones y las críticas que se hicieron desde 2004 apuntaban a evitar esta situación, porque cuando surgen los problemas los tiempos para resolverlos son extensos. Es como un transatlántico que tiene el temprano delante y no lo ve, y cuando quiere reaccionar ya es tarde.

–¿Entonces no hay solución?

–Estamos en la situación en que depende de si llueve o no, de si hace mucho calor o poco calor. Nos quedamos sin margen y los riesgos son inevitables. En el corto plazo no se logrará un nivel de oferta significativo, entonces lo que existe son soluciones coyunturales a un costo muy elevado, como la importación de barcazas con fueloil, la utilización de generadores móviles, la instalación transitoria de equipos en la costa para evitar cortes. Si el Gobierno lograra convencer a la gente de que consuma menos, fantástico, pero por lo general eso no alcanza.

–¿En el corto plazo seguirán los cortes?

–En el corto plazo es ir apagando incendios. Por el lado de la oferta no hay más que hacer. Estos son temas que requieren soluciones de mediano y largo plazo.

–¿Y cuáles son?

–Acá está pendiente una renegociación contractual desde hace demasiado tiempo. En el interior del país se han renegociado contratos y las tarifas son dos y tres veces superiores a las que se cobran en la Capital Federal. En el área metropolitana las tarifas están congeladas. No hay ningún otro bien de la economía que haya permanecido sin ningún aumento desde 2002 en adelante. Tenemos una situación de desequilibrio grave. Eso genera que por el lado de la oferta no haya inversión.

–¿Las empresas no están invirtiendo?

–La inversión es sólo de mantenimiento. Frente a ello, la demanda está sobredimensionada por el crecimiento que experimentó el país y porque como ocurre con cualquier bien, si se le pone un precio excesivamente bajo, va a estar muy demandado. Cómo nos vamos a sorprender de que se vendan tantos aires acondicionados si la electricidad vale un tercio que en Brasil.

–¿Lo que usted sugiere es aumentar las tarifas eléctricas?

–Lo primero es renegociar los contratos, porque si no ocurrirá como con los ferrocarriles, que el Gobierno les da plata e igual no invierten porque no saben si mañana seguirán teniendo los subsidios. Se necesita un acuerdo para poder exigir un servicio de calidad, que sea la contrapartida lógica de lo que se está remunerando. Desde la devaluación, la inflación mayorista fue del 200 por ciento y la minorista, del 100 por ciento. El Gobierno cómo puede reclamar por mal servicio si primero no blanquea esa situación. Mientras no se resuelva, las empresas están impedidas de hacer las inversiones.

–Pero su obligación es brindar el servicio. Además, están obteniendo ganancias.

–Las ganancias son contables, no reales. Sus activos están depreciados, no subieron 200 por ciento. La cuestión es que con esta tarifa no se pueden afrontar inversiones que cuestan el doble o más. La tarifa no da para recuperar la inversión. Esa es la ecuación relevante. Pero insisto, subir las tarifas sin renegociar los contratos no alcanza, porque hay que resolver cómo será el esquema de ajuste a futuro. Ninguna empresa va a invertir si no tiene en claro ese punto, porque qué pasaría si hubiera un 30 o 40 por ciento de inflación y las tarifas siguieran congeladas.

–Con ese criterio, ¿cuánto deberían aumentar las tarifas en este momento para que las empresas hagan las inversiones?

–No lo sé, pero no me parece que con 20 por ciento resolvamos el problema. Esa fue la inflación del último año. Nunca defendí la posición de las tarifas dolarizadas, incluso escribí trabajos en contra de esa regla, pero si desde 2002 a la fecha hubo una inflación mayorista del 200 por ciento y una inflación minorista del 100 por ciento, y en el caso de las distribuidoras eléctricas, la rentabilidad que tenían en los ’90 era del 6 por ciento, entonces, pucha, no hay tanto margen para que las empresas hagan las inversiones. El aumento no debería ser menor, pero todo depende de cuánta gente quede afuera por la fijación de una tarifa social, que me parece bien.

–¿Y cuánto deberían subir para desalentar el consumo de los usuarios residenciales?

–Si acá quisiéramos reemplazar el modelo de inversión privada por el de gestión pública, entonces podríamos olvidarnos de la señal de precios tanto para la oferta como para la demanda. Pero suprimir la señal de precios nos lleva a la desinversión y al sobreconsumo, y ahí tenemos la crisis. Las reacciones espasmódicas de los planes de Energía Plus, PUREE y de uso racional de la energía a lo sumo nos pueden alejar de las manifestaciones más puras de la crisis, pero no van a terminar los problemas. Yo sigo prefiriendo el modelo privado sujeto a control. El caso Skanska lo tenemos ahí, es un ejemplo renovado de lo que pasa con el Estado.