Si todavía no conoce Buenos Aires, el agente del FBI que investigó la versión norteamericana del affaire de la valija podría tener la oportunidad de hacerlo gracias a la Justicia argentina. El hombre se llama Michael Lasiewicki y el fiscal porteño Gerardo Di Masi pidió que declare como testigo en la causa en la que se analiza si hubo algún delito en la contratación del avión privado del que bajó Guido Antonini Wilson el 4 de agosto con los 800 mil dólares que le fueron incautados. El vuelo había sido gestionado por la empresa estatal de energía Enarsa y costó –según figura en el expediente– cerca de 90 mil dólares.

Lasiewicki es el sabueso que manejó en Estados Unidos la investigación que derivó el 11 de diciembre en la detención de tres venezolanos y un uruguayo acusados de actuar como agentes ilegales de Venezuela con el objetivo de presionar a Antonini para que no revelara el origen y destino del dinero que quiso ingresar sin declarar a la Argentina.

Los personajes presos en Miami son Franklin Durán y Carlos Kauffmann, ex socios y amigos de Antonini, el abogado Moisés Maionica y el empresario uruguayo Rodolfo Waseele Paciello. Fueron grabados y filmados por el propio Antonini que, en cuanto regresó a su casa en Key Biscayne –cuatro días después del episodio en Aeroparque–, firmó un acuerdo para cooperar con el gobierno norteamericano. De ese modo, evitaba que le iniciaran cargos a él (por lavado u otro delito) en virtud del Acta Patriótica y, de paso, obstaculizaba su posible extradición a la Argentina.

En los tribunales porteños recién se activaron las investigaciones cuando “el gordo” ya estaba instalado de vuelta en Miami. Mientras allí trabajaba codo a codo con el agente Lasiewicki, en Argentina se abrían dos causas. Una lo involucra directamente y está a cargo de la jueza en lo penal económico Marta Novatti, que pidió su extradición por posible contrabando y lavado de dinero (ver aparte). La otra, que instruye el juez federal Jorge Ballestero, intenta determinar si los funcionarios públicos que compartieron el vuelo privado con Antonini –o algún otro– cometieron algún delito. Se trata del ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, su secretaria Victoria Bereziuk y del titular de Enarsa, Exequiel Espinosa. También se rastrea los costos y circunstancias en que se contrataron cerca de treinta vuelos anteriores a la República Bolivariana.

La posibilidad de que Lasiewicki declare como testigo la planteó inicialmente el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNI), Manuel Garrido. Su intención: acreditar si hubo funcionarios argentinos directamente involucrados en el encubrimiento del origen y destino del dinero que fue denunciado por el FBI y el fiscal Thomas Mulvihill en Estados Unidos. Garrido tuvo en cuenta varios elementos que surgen de la acusación: las referencias a la participación de al menos un abogado argentino en un encuentro con Antonini Wilson en Fort Lauderdale, la supuesta grabación de uno de los imputados cuando dice que la plata era para la campaña de un candidato presidencial (Cristina Kirchner, según reprodujo Mulvihill) y la mención de que el maletín lo subió al jet privado de Enarsa un asistente de un alto ejecutivo de Pdvsa.

Al fiscal de este caso, Di Masi, le pareció coherente el pedido de Garrido y le dio impulso en diciembre. También requirió por exhorto –junto con los fiscales que actúan en el fuero penal económico– todos los elementos con los que cuentan el FBI y la Justicia norteamericana. El juez Ballestero debe decidir si le hace lugar a la citación de Lasiewicki. Hasta ahora no ha declaró nadie en esta causa. La vocera del FBI en Miami le dijo a Página/12 que no tiene presente ningún otro caso en que un agente de la agencia federal haya testificado en otro país. Tampoco le sorprendió la posible convocatoria.

Por el momento, la mayor parte de las medidas de esta pesquisa apunta a determinar si el vuelo de la valija, en la compañía Royal Class, y los anteriores se pagó indebidamente. ¿Por qué no viajaron en aviones de línea comunes? ¿Eran misiones especiales? ¿Podían haber pagado menos? Hasta ahora se determinó, según fuentes judiciales, que el vuelo contratado por Enarsa que terminó con el secuestro del maletín costó casi 90 mil dólares. También se analiza la relación entre los pasajeros. Antonini, por ejemplo, venía con Diego Uzcátegui Speech, hijo del entonces vicepresidente de Pdvsa; y había otras tres personas de la petrolera venezolana a bordo. Todo indica que subieron por una gestión de Uzcátegui padre y con el visto bueno de Uberti.

La semana pasada funcionarios del juzgado y de la fiscalía de Di Masi hicieron un allanamiento en Enarsa, en Libertad 1068, en busca de documentación sobre todas las visitas a la tierra de Chávez. Se llevaron varias cajas, que están en estudio. También está en plena confección el cruce de llamadas telefónicas que hicieron Uberti –entonces hombre de confianza del ministro Julio De Vido– y otros hombres del Gobierno, cuando demoraron a Antonini en Aeroparque.