El Indec sigue sumando elementos para afectar sus credibilidad: ayer decidió modificar a último momento el calendario de difusión de indicadores dado a conocer a principio de año y postergó hasta pasado mañana el controvertido informe del índice de precios al consumidor. A la vez, la Justicia instó al Indec a informar cómo calcula el IPC y cuáles fueron las modificaciones que han sido aplicadas para calcularlo.

El incumplimiento del calendario por parte del Indec comenzó en marzo cuando no se publicó el indicador de pobreza de 2007. A partir de ese momento se comenzaron a modificar las fechas de salidas de distintos informes, pero principalmente el de la inflación. Así pasó de darse a conocer el tercer día hábil del mes a los días 9 o 10 de cada período.

En tanto, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó un amparo que había presentado la Asociación por los Derechos Civiles ante la falta de respuesta oficial sobre esos datos, según informó esa entidad. La jueza Claudia Rodríguez Vidal ordenó al Indec entregar esa información en 20 días. La respuesta que dio hasta ahora el Indec, señaló esa asociación, “era insuficiente e inadecuada para satisfacer el derecho al acceso a la información y así permitir una efectiva participación ciudadana”.

Por otro lado, en los tribunales de Comodoro Py 2002 el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lleva adelante una causa penal donde se investiga si funcionarios del Indec manipularon estadísticas para bajar los registros inflacionarios. Ahora, en otra causa, el Indec deberá informar qué metodología utiliza actualmente para calcular el IPC. La Asociación presentó el año pasado una acción de amparo de acceso a la información pública ante la falta de datos oficiales. La entidad quería saber los datos en el marco del Programa de Educación para establecer cuál es el real índice de pobreza. Uno de los métodos a través de los cuales se mide la pobreza es comparando el ingreso de cada hogar (que surge de la información de la Encuesta Permanente de Hogares) con el valor de una canasta de bienes y servicios que se consideran indispensables. “Esta canasta se valoriza mes a mes utilizando el IPC. Este índice es el principal indicador para medir la inflación. Ante el silencio oficial, la ADC interpuso una acción de amparo”, señaló.