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El fallo del juez de Manhattan, convalidado por la Corte de Segundo Distrito de Nueva York, a favor de los fondos buitre, fue acompañado por un bloqueo de los pagos a los bonistas que adhirieron al canje hasta tanto Argentina no efectivice el cumplimiento del pago a los fondos buitre por 1500 millones de dólares. Pese a que nombró un mediador que iniciará su intervención este lunes, Thomas Griesa ordenó bloquear los pagos que Argentina debía efectuar el 30 de junio.

Al mantener esta actitud, el juez está generando un conflicto de intereses entre los acreedores a favor de los cuales Argentina transfirió los fondos antes del 30 de junio, y las entidades fiduciarias responsables de hacer los pagos. Principalmente, el Bank of New York Mellon (BoNY) y la agencia belga Euroclear. El primero ya recibió instrucciones del magistrado de “no pagar” a los bonistas hasta tanto no se efectivice el pago a los holdouts, y la sugerencia de “devolver” los fondos al Banco Central de la República Argentina. Pero, a su vez, el BoNY ha recibido la demanda de los bonistas haciéndolo responsable de la falta de pago, y del gobierno argentino de “incumplir” con su parte del contrato de fideicomiso por el que se lo designa como agente pagador de los bonos. El Euroclear está esperando una respuesta del juez, pero podría quedar en igual situación.

El reclamo actual de los bancos pagadores es que el juez adopte una resolución en firme sobre qué hacer con los fondos para que, en caso de decidir que no se pague a los bonistas, asuma la entera responsabilidad. De lo contrario, quedarían atrapados en la encrucijada de ser los responsables de provocar una crisis en el sistema de pagos internacional por una medida judicial contra los bonistas, que no son parte en el juicio entablado por NML Capital y otros contra Argentina.

A su vez, el juez tiene dificultades para “embargar” los fondos porque Argentina ya los transfirió al BoNY y no va a aceptar que se los retransfiera en devolución. Es decir, es plata que “ya no es” de Argentina. Y “si es” de los bonistas, al juez le resultaría engorroso justificar el embargo sobre los mismos. Si los embargara, abriría el camino para una lluvia de juicios contra su propia autoridad de parte de los bonistas. Si pretende mantener la actual situación de inhibición de pago sobre los agentes liquidadores, hará recaer los juicios de los bonistas sobre éstos. Pero si Griesa quiere sostener la amenaza de “default técnico” sobre Argentina, tiene que mantener vigente el impedimento de pago hasta el 30 de julio al menos.