Tras ocho meses de debates la Asamblea Constituyente ecuatoriana se disponía anoche a aprobar la nueva Carta Magna. Ayer por la mañana los asambleístas llegaron a un acuerdo sobre la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia, un punto que amenazó con dividir al propio oficialismo. También definieron cómo será el órgano que reemplace al Congreso hasta la elección de los próximo diputados. El texto, que será sometido a un referéndum en septiembre, permite la reelección presidencial consecutiva y le otorga al jefe del Ejecutivo la facultad de disolver el Congreso.

La de anoche fue la última sesión de la Asamblea. Con una cómoda mayoría oficialista, el órgano sesionaba desde noviembre con el objetivo de elaborar la nueva Constitución, una de las promesas de campaña de Correa. En el último mes los asambleístas debieron apurar los tiempos para terminar la redacción y votar el documento antes del 26 de julio, fecha en que se vencía el plazo establecido.

Uno de los puntos que suscitó grandes polémicas fue el de la reorganización de la Corte Suprema de Justicia. En la madrugada del viernes, durante la penúltima sesión, los asambleístas acordaron reducir el número de jueces de 31 a 21. La orden del presidente Correa era llevarlo a 11. La oposición quería que la Corte siguiera teniendo 31 miembros.

Hoy la Asamblea le entregará la Carta Magna al presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien convocará al referéndum para el 28 de septiembre. En caso de ganar el sí –para el cual se requiere la mitad más uno de los votantes–, la Asamblea volverá a juntarse cinco días después de que se proclama en los resultados para elegir, de entre sus miembros, una comisión legislativa. Este cuerpo será el encargado de designar un Consejo Electoral transitorio, que convocará a elecciones para enero de 2009. En esos comicios los ecuatorianos elegirán presidente, legisladores, prefectos (gobernadores) y alcaldes.

Las características y las atribuciones de ese cuerpo, que legislará durante el período de transición –desde que se imponga el nuevo sistema hasta que los funcionarios electos asuman sus puestos–, fueron uno de los puntos que más polémicas generó durante los debates. El Congreso unicameral está en receso indefinido por una orden que la Asamblea dio al instalarse, pero volvería a funcionar si el proyecto constitucional no es aprobado. El asunto recién se saldó ayer a la mañana, después de una maratónica sesión en la que el oficialismo se impuso con el voto de 80 de los 130 miembros de la Asamblea.

Durante el período de transición el presidente Correa seguirá gobernando. Si se presenta a las elecciones y gana, el período que comience en 2009 será considerado como su primer mandato. De esa manera podrá ser reelecto, a pesar de que el texto constitucional permite una sola reelección, modalidad inexistente en la actual Constitución.

Entre las reformas más importantes figura la facultad del presidente de disolver el Parlamento. De hacerlo, el mandatario deberá poner su cargo a consideración en las mismas elecciones en que sean nombrados los nuevos diputados.

Una victoria del sí en el referéndum constitucional significaría un triunfo personal para Correa, quien propuso la sanción de una Carta Magna desde su campaña presidencial, en 2006. Según señaló en varias ocasiones, con la nueva Carta Política busca regular la economía, sepultar el neoliberalismo y acabar con una década de crisis política en Ecuador, en la que tres presidentes fueron derrocados.

Desde la oposición aseguraron que Correa intenta perpetuarse en su cargo. “Esta Constitución lo que trata es de perennizar en el poder al presidente para que de esa forma pueda controlar todos los actos de nuestras vidas”, expresó ayer la asambleísta Anabella Azín, del opositor partido Prian. Además de lo personal, los rivales políticos del presidente cuestionan las nuevas atribuciones del Ejecutivo. “El gobierno puede disolver el Congreso por temas subjetivos. No se atacan los problemas políticos fundamentales y el Estado queda con un papel intervencionista y sobreprotector”, dijo Pablo Lucio Paredes, asambleísta del movimiento Futuro Ya.

Según explicó a PáginaI12 Luis Hernández, el asambleísta del Movimiento Red, que oscila entre el oficialismo y la oposición, la disolución de la actual Corte y la elección de la nueva se haría diez días después de aprobarse la nueva Constitución, durante el régimen de transición, lo que despierta la desconfianza en la oposición.

Por su parte, el presidente respondió a las críticas invocando la mala voluntad de sus rivales. “La mala fe ahora dice que se llamó a una Asamblea Constituyente para que haga una Constitución a la medida de Rafael Correa”, replicó.

Informe: Martiniano Nemirovsci.