Al cierre de esta edición, el Parlamento italiano debatía la aprobación de la ley conocida como “ley mordaza”, que limita las escuchas telefónicas en las investigaciones judiciales y policiales y castiga incluso con penas de cárcel a los periodistas que publiquen su contenido. La norma fue aprobada anteayer en el Senado con 164 votos a favor y 25 en contra y pasó a la Cámara de los Diputados, donde probablemente será aprobada, ya que la cúpula del Pueblo de la Libertad (PDL), que también goza de mayoría en esta cámara, fijará que el texto deberá aprobarse tal y como salga del Senado. La nueva norma prevé condenas de hasta 30 días de cárcel o sanciones de hasta 10.000 euros para los periodistas que publican las escuchas durante las investigaciones o de las actas bajo secreto, mientras que fija multas de entre 300.000 y 450.000 euros para los editores que lo hagan. Los medios de comunicación sólo podrán publicar las actas judiciales resumidas y queda prohibida la difusión de la documentación relativa a conversaciones telefónicas o a través de correo electrónico. Además, limita a 75 días el tiempo que pueden durar las escuchas.