Fue una votación unánime, rápida, sin discusión. No hacía falta nada más. Todos los diputados presentes estaban de acuerdo en que Paraguay necesitaba una ley antiterrorista ya. “Estuvimos a punto de quedar afuera del círculo de préstamos internacionales”, explicó ayer la diputada Desiré Massi, tras aprobar definitivamente el proyecto de ley que incluye la figura de terrorismo en el Código Penal paraguayo y la pena con una carga de diez a 30 años de cárcel. La dirigente sindical, la misma que ayer festejó junto a colorados y conservadores, había asumido como parte del ala progresista de la coalición del presidente Fernando Lugo. Como ella, sus compañeros de todos los colores políticos y los principales medios de comunicación venían imprimiéndole al tema un tono apocalíptico. En los últimos meses y después de mucha resistencia, hasta el propio mandatario se sumó a ese discurso.

“¿Cómo puede ser que el mismo hombre que nos ayudó a redactar el rechazo a la ley antiterrorista y marchó codo a codo con nosotros en 2007 ahora impulsa exactamente el mismo texto?”, se quejó el abogado de la coordinadora de derechos humanos paraguaya Codehupy, Juan Martens, recordando los antecedentes de Lugo como obispo y referente de la lucha campesina. Ahora todo eso es historia, apenas recuerdos atesorados en la memoria de algunos dirigentes sociales, que compartieron jornadas de lucha y resistencia con el entonces obispo de San Pedro.

A principios de este año y menos de un mes después de retirar el mismo proyecto de ley, Lugo sorprendió a sus aliados volviendo a ingresar al Congreso nacional la llamada ley antiterrorista. El texto pasó en silencio y sin ninguna resistencia todas las etapas del proceso legislativo y a principios de mayo recibió la media sanción de una abrumadora mayoría de los senadores. Menos de un mes después, la Cámara de Diputados hizo su parte. Esta vez los pocos diputados progresistas que le quedan al luguismo prefirieron no participar de la sesión. Ni siquiera para romper el discurso apocalíptico hegemónico, como habían hecho en la primera votación los únicos dos senadores que aún responden al presidente, Carlos Filizzola y Sixto Pereira.

Ayer la Cámara de Diputados aprobó exactamente el mismo texto que había pasado por Senadores. No hizo modificaciones ni debatió demasiado. “¿Para qué? Si es el mismo proyecto que habíamos discutido en 2009, pero luego lo retiró el presidente Lugo”, explicó la diputada Massi, coincidiendo involuntariamente con las organizaciones de derechos humanos. El texto, que sólo debe ser promulgado por Lugo para convertirse en ley, es muy corto. Consta de apenas tres artículos. El primero define la figura del terrorismo; el segundo, la asociación terrorista, y el tercero, el financiamiento del terrorismo.

“Infundir o causar terror, obligar o coaccionar para realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, es el objetivo último del terrorismo, sostiene la ley. Quien cometa un genocidio, homicidio, un secuestro, atente contra la seguridad de las personas en el tránsito –u otro de los veintitantos delitos penales comunes enumerados en el texto– con esos objetivos en la cabeza será considerado como un terrorista a los ojos de la Justicia.

La ley no establece limitaciones o garantías; todo queda en manos de los jueces y en su capacidad de discernir correctamente entre el derecho innegable a la protesta social y las estrategias maquiavélicas para infundir el terror entre la población. O, como lo definió el senador Filizzola al presentar uno de los dos votos en contra en mayo, la ley es un cheque en blanco a la Justicia, una Justicia que hace tiempo demostró que, en el mejor de los casos, es incapaz.

“No estamos pronosticando o hipotetizando, sabemos que la Justicia es parcial, lo sufrimos todos los días en carne propia”, sentenció Martens en diálogo telefónico con Página/12. El 19 de enero de 2010 el fiscal de San Pedro Jorge Kronawetter pidió la detención de doce personas, seis de ellas reconocidos dirigentes campesinos. Actuó de oficio y por supuestos rumores. Casi seis meses después, todas las pericias desmintieron las acusaciones; sin embargo, los doce procesados siguen presos. “El fiscal decía que los dirigentes campesinos daban apoyo logístico al EPP (la supuesta nueva guerrilla del Paraguay), pero no pudieron demostrar nada. Para la ley paraguaya las personas acusadas de delitos tan graves deben quedar detenidas durante todo el proceso. Esa injusticia se agravará aún más con la nueva ley antiterrorista”, advirtió Martens.

Pero esas contingencias no las tuvieron en cuenta ni los senadores, ni los diputados, ni Lugo, ni el Gafi, el ente internacional que lucha contra el financiamiento del terrorismo y extorsionó a Asunción con convertirlo en un paria en el circuito financiero mundial si no aprobaba la ley. Para ellos la Justicia paraguaya, politizada y parcial, puede ser una aliada.