Después de dieciséis años parecía un milagro que se llegara a algo: los funcionarios y empresarios acusados en el affaire IBM-Banco Nación aceptaban asumirse culpables y devolver 18 millones de pesos a cambio de evitar una pena de prisión efectiva y un juicio oral que los expondría públicamente. El inédito pacto con la fiscalía quedó firmado y sellado, y todo el mundo creía que ya tenía moño cuando el tribunal oral lo homologó el mes pasado, tras oír la confesión de los ocho implicados. Pero milagros no hay, menos en la Justicia, y menos que menos en las causas de corrupción. Ahora resulta que tres de los sentenciados se rebelaron y apelaron la condena, que fue redactada en función de un acuerdo que ellos mismos habían ofertado. Con esta presentación, frenan el decomiso y apuestan a dilatar el expediente hasta que algún tribunal diga que prescribió, algo que pidieron expresamente. Si la condena queda firme, algunos de ellos tienen cierta chance de ir presos en otro juicio pendiente: IBM-DGI. La fiscal Sabrina Namer y dos ONG que monitorearon el convenio denunciaron a los abogados defensores por actuar de “mala fe”. El caso es ya el gran “cuento de la buena pipa” de los tribunales federales, y un emblema de la suerte que corren las causas sobre fraudes millonarios. La investigación judicial sobre las coimas pagadas por IBM a ex directivos del Banco Nación es un lastre judicial irresuelto desde 1994. Hacia noviembre del año pasado, el inicio del juicio oral sumaba varias postergaciones por artilugios de las defensas y el paso del tiempo había beneficiado con la prescripción a partícipes secundarios. Las audiencias orales, se proyectaba, durarían un año. En ese contexto, la fiscal Namer aceptó avanzar en una propuesta de los abogados de Juan Carlos Cattáneo y Alejandro De Lellis, quienes actuaron en el ofrecimiento y pago de las coimas. Ellos, y el resto, accedían a confesar el delito y devolver la plata si eso evitaba un juicio público y la cárcel.

La fiscalía propuso penas de entre dos y tres años de prisión en suspenso más la reparación económica, que se destinaría a “fines sociales”. Vaticinaba que el desenlace del juicio oral no sería muy distinto, si algún día llegaba. Era mejor, razonaba, tener condenas garantizadas que seguir en el aire, mientras crece la cola de expedientes de corrupción postergados ad infinitum. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) dieron su conformidad y controlaron la “transparencia” del trato. Los acusados confesaron y en una única audiencia el Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) homologó en mayo, sin modificar las penas, el convenio entre la fiscal y los acusados.

Los juicios abreviados son moneda corriente en causas de poca monta y, por una regla tácita, nadie apela las condenas convenidas. Se puede recurrir ante la Cámara de Casación sólo si el tribunal oral se excede al sentenciar (a lo sumo puede reducir la pena) sin respetar el pacto original. Lo que distingue al caso IBM-Banco Nación es su trascendencia pública, las sumas en juego y que se convertiría en el segundo decomiso millonario para indemnizar al Estado (17.172.682,70 pesos) después del remate del petit hotel de María Julia Alsogaray.

Dos ex directivos del Nación, Mario Dadone y Hugo Gaggero, se habían comprometido a entregar también 1.114.000 de pesos extra en efectivo. Hace unos días –relataron funcionarios judiciales a Página/12– se reportaron para hacer el depósito y, sorpresa, les dijeron que aún no paguen nada porque tres de sus compañeros de banquillo habían impugnado la sentencia para que la revise Casación. Dos de ellos, Cattáneo y De Lellis, son los mismos que habían propuesto el juicio abreviado a través de sus respectivos abogados, Julio Virgolini y Adrián Maloneay. El otro apelante es Gustavo Soriani, ex ejecutivo de IBM, que tiene defensora oficial, Fabiana León. De casualidad, el TOF no les había levantado aún la prohibición de salir del país y los embargos. La novedad recorrió tribunales con tono de escándalo. “Es algo nunca visto”, dijeron a este diario dos jueces orales.

Los tres pidieron la prescripción. Cattáneo cuestionó la sentencia del TOF3 porque, al mencionar la firma intermediaria en las coimas (Consad), lo perjudicaba en el futuro juicio por sobreprecios en un convenio entre IBM y la DGI, otro hito de los noventa. Soriani dijo que el TOF podía haberle dado una pena menor, por ende apela. La unificación de condenas aumenta sus chances, igual que las de Cattáneo, de ir preso en el segundo juicio.

La fiscal, furiosa, le pidió al TOF3 que rechazara todo in límine. Describió la movida como “una zancadilla procesal y una burla a la buena fe con la que las partes negociamos”. “Todos cedimos algo en pos de otros intereses y dentro de los de la fiscalía estaba de manera explícita el interés en la firmeza inmediata de la sentencia.” “Durante todo el proceso de negociación me encargué de repetirles a los imputados que podían ir a juicio si no estaban de acuerdo con reconocer su culpabilidad”, aclaró. También señaló que el TOF no tiene por qué describir los hechos del mismo modo que la fiscalía. “No estamos ante un caso de viveza criolla inofensivo, sino ante una conducta procesal que, de consolidarse, destruiría las bases del juicio abreviado” basado en “el juego limpio”, concluye.

En un escrito propio, las ONG Cipce y ACIJ describieron como “un acto de la mayor mala fe” en este “tipo de litigios” el “desconocimiento” del acuerdo firmado. “Demuestra que, lejos de acordar una solución definitiva al escándalo de corrupción en el cual participaron” los acusados, apostaron a “evitar el juicio oral y público, con todas las consecuencias económicas y sociales que” la situación de exposición acarrearía para “estos señores del mundo de los negocios”, además de seguir haciendo tiempo “para pedir la prescripción”. Pedro Biscay, director ejecutivo del Cipce, reclamó que la Justicia ordene “la ejecución de sus bienes por el importe acordado en el acta de juicio abreviado” como “señal contra la impunidad pretendida”. Namer denunció a los abogados ante el Colegio Público, la Defensoría Oficial y la Procuración. “Más allá de este caso –le dijo a Página/12–, el negocio en estos expedientes es que nunca lleguen a juicio; los abogados se ahorran sentarse durante meses en las audiencias y siguen facturando. Siempre encuentran en la Justicia alguien que les haga el juego. Así las causas duran diez, catorce años, o prescriben.”