“Ya dejó de ser un reclamo o una lucha popular para ser un capricho.” Con esa definición como caballito de batalla, el Gobierno volvió a reclamar a los ambientalistas que terminen con el corte del puente de Gualeguaychú. A través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el Ejecutivo ratificó en toda la línea la decisión de presentarse como querellante en el juzgado federal de Concepción del Uruguay. “Presentamos la denuncia para que de una vez por todas demos por terminada esta situación y podamos liberar el puente. La Justicia va a tener que tomar cartas en el asunto”, aseguró Fernández. También habló el ministro del Interior, Florencio Randa-zzo, quien subrayó otro de los argumentos elegidos por la Casa Rosada para justificar la querella. “Los ambientalistas deben recapacitar y llevar adelante otro tipo de acciones y no ésta, porque obstruye la posibilidad de que Argentina controle la contaminación del río Uruguay”, planteó.

Randazzo se refería a una condición que habría puesto el gobierno de José “Pepe” Mujica para poner en marcha el monitoreo conjunto de las aguas del río Uruguay. Según altos funcionarios de la Casa Rosada, la administración de Mujica condicionó el avance del –demorado– monitoreo a que los ambientalistas levanten el bloqueo. “El corte perjudica la posibilidad de que Argentina pueda controlar la contaminación a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Por eso nos presentamos ante la Justicia como querellantes, para que los que producen el corte sean llevados a la Justicia”, insistió Randazzo. El titular de la cartera política igualmente reconoció que la resolución del conflicto llevará tiempo y demandará mucha negociación. “Hay que ser inteligentes, razonables y prudentes. Apelo al compromiso de aquellos que cortan el puente porque esto obstruye la posibilidad de que la Argentina controle la contaminación, que en definitiva es el centro de la cuestión”, instó.

El Gobierno también mostró cierta crudeza al referirse al pedido de fondo de la Asamblea, que es la relocalización de la pastera UPM-Botnia. “No va a suceder”, dijo Fernández sobre la relocalización de la fábrica de pasta de celulosa. Según el jefe de Gabinete, el fallo de la Corte Internacional de La Haya “es muy contundente” en ese aspecto. Mientras el Ejecutivo ratificaba el último giro en su estrategia, dos diputados de la Coalición Cívica presentaron un pedido de juicio político contra el propio Fernández. La presentación de los lilitos Fernando Iglesias y Carlos Comi imputa a Fernández y al ministro de Justicia, Julio Alak, de haber cometido delitos de acción pública e incurrir en mal desempeño de sus funciones por haber “hecho caso omiso” a la Justicia.

“El ministro Aníbal Fernández intentó justificar la desobediencia de la orden judicial y el incumplimiento de sus deberes y del ministro Alak señalando que el fallo es de ‘cumplimiento imposible’. Parece ser una costumbre que se ha tomado el ministro, de desobedecer las órdenes judiciales con las que no acuerda”, argumentaron Iglesias y Comi.