No fue una promesa de campaña del presidente José “Pepe” Mujica ni de su vice, Danilo Astori, pero ayer el gobierno uruguayo anunció que presentará un proyecto de ley para anular la Ley de Caducidad. El Frente Amplio había perdido un segundo referéndum el año pasado para anular la norma, que garantiza la impunidad de los represores que asesinaron, secuestraron y torturaron durante la dictadura. Sin embargo, ayer el canciller Luis Almagro aseguró que el país no puede seguir yendo en contra del derecho internacional. “Nuestro país debe adaptar su legislación a la normativa internacional. Si no lo hacemos, nos van a condenar”, aseguró Almagro en una reunión con legisladores oficialistas que integran las comisiones de Relaciones Internacionales. Como ejemplo, citó la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por el caso de María Claudia García, la nuera del escritor Juan Gelman, desaparecida en 1976.

El oficialismo ganó la mayoría en ambas cámaras del Congreso en las elecciones del año pasado, sin embargo, el tema de la Ley de Caducidad es un tema delicado para la coalición progresista. En los comicios pasados, la cúpula partidaria y varias organizaciones sociales y sindicales habían impulsado un segundo referéndum para anular la amnistía. Perdieron por unos pocos puntos. Parte de las bases del frente acusaron a Mujica y a Astori de no apoyar con toda su fuerza la consulta popular para no perder votos y muchos candidatos a diputados y senadores frenteamplistas se negaron a firmar por la anulación.

Por eso el anuncio de ayer fue inesperado. El canciller Almagro evitó hablar de los fracasos pasados y se centró en un solo argumento: la imagen que Uruguay le da al mundo al no cumplir con el derecho internacional. El funcionario recordó ayer que la Cidh, asociada a la OEA, acusó al Estado uruguayo de demorar la investigación del caso de la nuera de Gelman y no otorgar todas las garantías necesarias para alcanzar la verdad y justicia. Hasta la llegada al poder del Frente Amplio de la mano de Tabaré Vázquez en 2005, los sucesivos gobiernos uruguayos habían respetado a rajatabla la Ley de Caducidad y no habían utilizado su prerrogativa legal para excluir los casos de represión ilegal que no estuvieran amparados en la norma. Vázquez no intentó derogar la ley, pero sí comenzó a excluir crímenes que no cumplían con todos los requisitos de la norma: delitos ocurridos fuera del territorio uruguayo, casos que derivaron en provecho económico o cuando los acusados son civiles o mandos militares y policiales.

El caso de la nuera del poeta argentino fue excluido por orden de Vázquez en diciembre de 2005, a sólo nueve meses de asumir la Presidencia. Sin embargo, la causa no avanzó mucho porque las Fuerzas Armadas se siguen negando a cooperar en la mayoría de los casos. Por eso, ayer Almagro argumentó a favor de terminar con el clima de impunidad que se creó en 1986, cuando el gobierno de Sanguinetti promulgó la Ley de Caducidad. “El gobierno está preocupado por la impunidad en general y por la impunidad del caso Gelman en particular”, insistió el funcionario.

Aunque no adelantó muchos detalles, fuentes del gobierno les dijeron a los medios locales que el proyecto de ley que enviaría al Congreso tendría como objetivo anular la amnistía, en vez de derogarla. Mujica habría optado por esa opción porque la derogación no se aplica retroactivamente. O sea, si la Ley de Caducidad fuera derogada hoy, los represores uruguayos que no han sido procesados hasta ahora seguirían impunes.

Hasta ahora los dos gobiernos del Frente Amplio dieron luz verde para la apertura de 14 juicios contra represores de la dictadura, lo que ya permitió condenas históricas a los dictadores Juan Bordaberry y Gregorio Alvarez, y al ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. Sin embargo, la impunidad que protege a la mayoría de los militares y policiales de los años de facto sigue consiguiendo frenar o al menos obstaculizar las investigaciones de derechos humanos, especialmente en la búsqueda de restos de desaparecidos.