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El gobierno español anunció ayer un paquete de medidas con las que implementará el profundo ajuste que exige la Unión Europea, entre las que se encuentran el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas, un recorte de 8900 millones de euros y una suba “temporal” de impuestos por dos años. El anuncio fue hecho por la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo conservador, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el segundo consejo de ministros del gobierno, y justificado por la herencia recibida que, según denunció, es más pesada de lo que imaginaba ya que el déficit público se disparó al 8 por ciento en el cierre del año. “No se preveía este desfase presupuestario, por eso este gobierno se ve obligado a tomar medidas que no habría tomado en otras circunstancias”, dijo.

El gobierno había anunciado ya el pasado miércoles a las centrales obreras que congelará el salario mínimo interprofesional en 2012, con la meta “prioritaria” de reducir el desempleo, record, de España, del 21,5 por ciento, el mayor de toda la Unión Europea (UE). Las dos principales centrales obreras de España, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), ya anunciaron su rechazo a la medida, y ayer comenzaron plenarios para discutir su línea de acción de aquí en adelante.

El nuevo gobierno conservador anunció medidas de rigor “extraordinarias y no previstas” por más de 15.000 millones de euros para 2012, con el objetivo de combatir un déficit “muy superior” a lo previsto, en torno del 8 por ciento del PIB. “El gobierno no va a tener la menor vacilación para afrontar esta situación”, enfatizó Santamarina. Sólo una semana después de ser investido, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó “un acuerdo de no disponibilidad” del gasto “por valor de 8900 millones de euros” (unos 11.530 millones de dólares), anunció la número dos del gobierno. Y, contrariamente a sus promesas electorales, decidió una suba de los impuestos a los más ricos durante dos años, con la que, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, espera ingresar 6275 millones de euros (unos 8135 millones de dólares) en 2012.

Estas medidas de austeridad, mayores de lo esperado, son consecuencia de “la desviación” del déficit público, que en 2011 será “muy superior” al 6 por ciento del PIB prometido por el anterior gobierno, afirmó Sáenz de Santamaría, adelantando una cifra en torno del 8 por ciento. “Estamos ante una situación extraordinaria y no prevista” que ocasionará “medidas extraordinarias y no previstas”, lanzó. Y advirtió que “estas medidas son el inicio del inicio”, dando a entender que pueden verse incrementadas cuando el ejecutivo de Rajoy presente, a finales de marzo, su proyecto de presupuestos para 2012.

Las medidas de ahorro, destinadas a calmar las inquietudes de los mercados sobre la salud financiera de España, afectarán en primer lugar a los funcionarios. Después de que el anterior gobierno socialista redujese un 5 por ciento sus salarios, en 2010, y los congelase en 2011, el nuevo Ejecutivo optó por mantener la congelación para el próximo año.

El gobierno decidió asimismo no reemplazar las plazas vacantes en todas las administraciones públicas –a excepción de servicios básicos como educación, salud y fuerzas de seguridad– y aumentar la jornada laboral de los funcionarios en dos horas y media semanales. En la administración del Estado se va a reducir un 18 por ciento la estructura, lo que traducido significa que puede haber despidos de la plantilla actual. “Los empleados públicos vuelven a ser cabeza de turco para paliar las cuentas deficitarias del Estado”, fustigó el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT). Este “es un momento difícil –reconoció Sáenz de Santamaría–, pero con estas medidas y estas reformas estructurales España puede salir de la crisis”, aseguró.

Rajoy, gran vencedor de las elecciones legislativas de noviembre, que pusieron fin a más de siete años de gobierno socialista, ya había anunciado que el nuevo gobierno del Partido Popular (PP, derecha) recurriría a la austeridad para alcanzar el objetivo de déficit de 4,4 por ciento del PIB en 2012. El líder conservador había precisado que el ahorro debería ser de 16.500 millones de euros (unos 21.340 millones de dólares) si el déficit de 2011 se situaba en el 6 por ciento, como estaba previsto. Pero advirtió que se vería incrementado en 10.000 millones de euros por cada punto porcentual adicional. Es decir, más de 36.000 millones de euros para un déficit del 8 por ciento.

Duramente golpeada por la crisis financiera mundial y por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, la economía española, que a principios de 2010 salió de una recesión de 18 meses, se debate sin éxito por afianzar su crecimiento, afectado por un desempleo record de 21,52 por ciento.

Haciendo alusión a los más desfavorecidos, a los que afirmó no poder “pedir sacrificios”, la portavoz del gobierno anunció también un aumento del 1 por ciento de las pensiones, el mantenimiento de las prestaciones por desempleo y la prórroga de las ayudas de 400 euros mensuales a los parados sin derecho a otro subsidio.