La Legislatura de Santa Cruz postergó para marzo el tratamiento de la ley de emergencia que generó las protestas de los estatales y la represión policial. En una medida para descomprimir la situación en la provincia, los diputados santacruceños que responden al gobernador Daniel Peralta convocaron a una reunión a los gremios en conflicto y les anunciaron que el tratamiento del ajuste pasará a sesiones ordinarias. Según los dirigentes, el compromiso fue también discutir con ellos el proyecto de ley y hacerlo pasar en la Legislatura, que es unicameral, por las correspondientes comisiones.

A la reunión fueron convocados los integrantes de la Mesa de Unidad Sindical formada por docentes, estatales, judiciales, empleados de la Legislatura, trabajadores de Luz y Fuerza y de Vialidad. Ese conjunto de sindicatos, que el jueves protagonizaron las protestas de Río Gallegos, habían pedido una audiencia con el gobernador Peralta. Ayer, finalmente, recibieron el llamado del diputado Alejandro Victoria, vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria Santacruceña (FVS).

Al salir del encuentro, en el que firmaron un acta de acuerdo, el secretario general de los municipales de Río Gallegos, Pedro Mansilla, dijo que comunicarían a la asamblea de afiliados el compromiso alcanzado “para llevar tranquilidad a las familias en este fin de año”.

En la Mesa de Unidad Sindical confluyen sindicatos de la CGT y la CTA. Nacida en 2007, durante un proceso de reclamo de los estatales que terminó en la renuncia a la gobernación de Carlos Sancho, en los últimos años se había dispersado, hasta que esta semana el envío de la ley de emergencia a la Legislatura la reunificó.

Los sindicatos se oponen a la pretensión del gobernador Peralta de suspender las negociaciones paritarias mientras dure la emergencia económica, que el mandatario provincial atribuyó a las pérdidas causadas por los bloqueos a yacimientos petroleros realizados por trabajadores del rubro y por docentes en demanda de reclamos sectoriales, especialmente durante este año.

De la misma manera, rechazan la intención de llevar la edad jubilatoria a 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, en lugar de los 30 años de aportes exigidos actualmente en la provincia como condición para retirarse.

“El acuerdo es que los cambios se van a consultar y se va a intentar consensuar con los gremios. Obviamente, en muchos sindicatos se considera que hay medidas que son innegociables, pero en principio creo que esto va a ayudar a descomprimir”, consideró anoche Omar Latini, congresal de los docentes de Adosac.

El secretario general de la CTA Santa Cruz, Alejandro Garzón (ATE), advirtió sin embargo que si la gobernación quiere terminar con el conflicto, deberá “retirar todo, incluso la emergencia previsional”.

La necesidad de abrir una negociación había sido anticipada el jueves por el diputado Victoria, quien manifestó su respaldo al gobernador Peralta aunque aclarando que se requería de “consensos”. En el mismo sentido se había expresado su par Rubén Quiroga, presidente del bloque oficialista, quien consideró que “se hablaron muchas cosas en caliente”, y que ahora era necesario “calmar las aguas” para discutir un régimen jubilatorio que sea “sustentable”.

Quiroga avaló la modificación del régimen jubilatorio en Santa Cruz “de modo escalonado”, con un debate “de cara a la gente”, y consideró necesario “tomarse unos días para analizar el tema con los trabajadores” y también para “reflexionar, tranquilizarse y dialogar para llegar en conjunto a una solución”. Según el legislador, apoyan a Peralta “catorce o quince” de los veintidós diputados oficialistas.

Los diputados de La Cámpora, por su parte, confirmaron que aunque le quitaron el respaldo al gobierno de Peralta no abandonarán el bloque del Frente para la Victoria Santacruceño (ver nota aparte).