Desde México DF

“México vive una regresión en materia de derechos humanos”, sostiene Alejandra Ancheita, quien el martes pasado recibió en Berlín el Premio Martin Ennals 2014, al mismo tiempo que la organización internacional Human Rights Watch (HRW) cuestionaba a las autoridades mexicanas por las “demoras inexplicables y declaraciones contradictorias” para combatir la desaparición forzada de personas y los secuestros. La administración de Enrique Peña Nieto reconoce que hay más de 22 mil personas “no localizadas”.

La visión de Ancheita, la abogada mexicana ganadora del que es considerado por muchos como el Premio Nobel de derechos humanos, así como la de HRW, se suma al reclamo del gobierno de Estados Unidos y del secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, para investigar y esclarecer la desaparición forzosa de 43 estudiantes hace un par de semanas, y es compartida por parlamentarios de la Unión Europea, quienes ayer exigieron detener los acuerdos comerciales con México en tanto los derechos humanos no mejoren significativamente en este país.

La condena internacional por las desapariciones forzadas en México se han acrecentado luego de que más un centenar de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueran acribillados por policías del municipio de Iguala, en Guerrero, el 26 de septiembre. Seis personas murieron, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes están desaparecidos como resultado del ataque. El sábado pasado se descubrieron seis fosas clandestinas en las que había 28 cadáveres calcinados. El jueves fueron encontradas otras cuatro fosas con restos humanos incinerados, aunque no se especificó a cuántas personas pertenecen. Cuatro supuestos sicarios fueron detenidos el mismo jueves, con lo que ya suman 34 los detenidos, incluidos 22 policías municipales. Siguen prófugos el director de la policía y el secretario de Seguridad Pública municipales, Francisco Salgado Valladares y Felipe Flores, respectivamente, junto con el supuesto líder de la banda criminal Guerreros Unidos, apodado “El Chucky”. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa son buscados por la Procuraduría General de la República para que rindan declaración. Ayer, a un cuñado del alcalde le fue dictado auto de formal prisión por sus nexos con el narcotráfico.

El miércoles, miles se manifestaron en unas 90 ciudades de México y el mundo, exigiendo la aparición con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En la capital del país, más de 15 mil personas marcharon con los familiares de los estudiantes desaparecidos, en tanto cientos de personas se manifestaron frente a las representaciones diplomáticas de México en Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Madrid, Barcelona, Londres, Berlín, Munich, Bruselas, Copenhague, Oslo, Austin, San Francisco, Chicago, Nueva York, Los Angeles, Seattle, Montreal, Bogotá, Quito, La Paz, Lima, San José y Río de Janeiro.

Mientras el escándalo internacional crece, en México el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) –al cual pertenecen el cuasi prófugo alcalde de Iguala, así como el gobernador de Guerrero, Angel Aguirre– intenta administrar los daños políticos por su responsabilidad al llevar al poder a estos personajes, y ahora pretende una consulta popular en Guerrero para decidir si el gobernador debe separarse de su cargo.

El jueves se supo que la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos participará en la investigación del caso.

En Bruselas, parlamentarios de Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Reino Unidos y Suecia plantearon la necesidad de revisar y posponer la modernización del Acuerdo Global celebrado en 2000 entre México y la Unión Europea, prevista para 2015, de acuerdo con la cláusula de derechos humanos de dicho acuerdo y de la Asociación Estratégica firmada en 2008.

Miembros del Parlamento Europeo, encabezados por su vicepresidenta, la austríaca Ulrike Lunacek, demandaron el fin de la impunidad en México. “La sociedad mexicana así como una comunidad internacional horrorizada necesitan saber con urgencia dónde están los estudiantes desaparecidos. Nosotros los queremos de vuelta con vida junto con sus aterrorizadas familias”, plantearon en una carta dirigida a la baronesa Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y a Federica Mogherini, Alta Representante designada. Una copia fue enviada al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

“El primer y principal deber ahora es reconstruir la confianza en la aplicación efectiva del respeto de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano se ha comprometido a nivel nacional e internacional”, advirtieron. La carta también está firmada por cuatro miembros del Bundestag, el Parlamento alemán, y por Gabi Zimmer, presidenta del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL).

Los parlamentarios europeos refrendaron el derecho de la sociedad mexicana a ser informada de los supuestos nexos entre autoridades y la delincuencia organizada.