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La Unión Europea (UE) presiona a Estados Unidos para que esclarezca y coopere en la investigación sobre la supuesta utilización de bases militares por la CIA para transferir a destinos desconocidos del Viejo Continente a presuntos terroristas. El ministro británico de Exteriores, Jack Straw, envió anteayer una carta a su homóloga norteamericana, Condoleezza Rice, pidiéndole en nombre de la UE que “clarifique” las acusaciones de que su país violó las leyes internacionales con la detención y transporte a cárceles secretas de numerosos sospechosos de terrorismo. Ese mismo día, Straw recibió una carta de la organización Liberty pidiéndole que investigue las acusaciones de la prensa sobre que Washington utilizó una veintena de aeropuertos y bases militares británicos para el transporte de esos sospechosos a otros países.
Mientras Estados Unidos asegura que aclarará pronto el asunto y George Bush da un discurso triunfalista sobre Irak, varios países europeos, entre ellos España, piden oficialmente informaciones o abrieron investigaciones al respecto. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo ayer: “Confiamos en que el gobierno de EE.UU. se tome en serio la preocupación que han suscitado en Europa los recientes informes sobre las supuestas cárceles de la CIA y vuelos ilegales y que ese asunto se aclarará pronto”. La carta de Straw a Rice, muy breve, fechada el 29 de noviembre, dice: “Querida Secretaria, como Presidencia del Consejo de la Unión Europea, le escribo en nombre de la Unión Europea en relación con las informaciones de prensa que sugieren que ha habido violaciones de la ley internacional por parte de Estados Unidos en la supuesta detención y transporte de sospechosos de terrorismo en o a través de Estados miembros de la UE. Este asunto fue discutido por los ministros de Exteriores de la UE en la reunión de su Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores el 21 de noviembre”.
Y añade: “Las informaciones han suscitado considerable atención parlamentaria y mediática. En consecuencia, la UE le estaría agradecida por las clarificaciones que Estados Unidos pueda darnos respecto a esos informes en la esperanza de que eso va a apaciguar las preocupaciones parlamentarias y públicas”. Straw informa a Rice que hizo llegar copia de la carta “a mis colegas europeos”. Aunque el jefe del Foreign Office escribe en nombre de la UE y después de debatir con sus colegas europeas, la petición de “clarificaciones” tiene especial relevancia porque viene de un socio particularmente leal y que hace todo lo posible por bajarle el tono al tema. El portavoz de Tony Blair, por ejemplo, en ningún momento quiso confirmar ayer que el territorio británico fuera utilizado para transportar presuntos terroristas a países como Egipto, Jordania, Marruecos, Afganistán, Uzbekistán y Siria. Según el diario The Guardian, hubo al menos 210 vuelos de ese tipo desde el 11 de septiembre de 2001 a por lo menos 19 aeropuertos o bases aéreas en territorio británico. Los aviones de la CIA volaron al menos 75 veces haciendo escala en Prestwick, 74 veces en Glasgow y 33 en la base de la RAF en Northolt, aunque también han pasado por Heathrow, Gatwick, Birmingham, Luton, Bornemouth y Belfast, entre otros aeropuertos.
La organización humanitaria Liberty envió copia del artículo, de septiembre pasado, a Straw y a los jefes de policía de las regiones afectados por los vuelos. A la policía le pide que investigue los hechos, que para la entidad violan la Convención Europea de Derechos Humanos y diversas leyes británicas por colaborar en casos de tortura, falso encarcelamiento y secuestro. A Jack Straw, que investigue el asunto, exija explicaciones a EE.UU. y le pida también garantías de que en el futuro no utilizará suelo británico para transportar en secreto sospechosos de terrorismo a otros países para interrogarlos. Las autoridades de Hungría, Italia, Rumania, Polonia, Alemania, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza, Finlandia e Islandia quieren saber por qué la CIA supuestamente violó sus respectivos espacios aéreos o usó sus aeropuertos para trasladar a detenidos. EnPortugal, donde se inspeccionó el martes un Hércules en una base militar de EE.UU. en las Azores, el ministro de Asuntos Exteriores, Diego Freitas do Amaral, se dirigirá el próximo día 13 al Parlamento sobre el asunto. Freitas do Amaral había declarado la semana pasada que, según las informaciones del gobierno portugués, “ningún avión de la CIA aterrizó”.
En Austria, el Consejo Nacional de Seguridad celebró ayer una reunión especial para analizar la situación; el jefe de las Fuerzas Aéreas austríacas, general Erich Wolf, informó la semana pasada que un avión de la CIA había atravesado ilegalmente el cielo de Austria en 2003. El Partido Socialdemócrata, de la oposición, pidió al canciller Wolfgang Schuessel que presente una protesta formal a Bush. La Cancillería y la Dirección General de Aviación de Suecia, por orden del gobierno, abrieron una investigación el pasado 16 de noviembre. El canciller español, Miguel Angel Moratinos, aseguró el pasado 24 de noviembre que se reforzará “la inspección, seguimiento y vigilancia” de los aparatos. Mientras el presidente José Luis Rodríguez Zapatero aseguraba ayer en Diputados que no existían indicios “contrastados” de ilegalidad en vuelos de la CIA, el juez Antoni Garcías Sansaloni, del Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca, se inhibió a favor de la Audiencia Nacional para que investigue las posibles escalas de esos aviones en el aeropuerto de Palma.
Como si las actuales denuncias no fueran suficientes, la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) difundió ayer una lista de 26 “prisioneros fantasmas” de la CIA en el exterior, basándose en fuentes gubernamentales anónimas. Los prisioneros, que no fueron formalmente acusados y, según HRW, podrían haber sido torturados, son sospechosos de distintos actos terroristas como el 11-S y los clubes de Bali en 2002.