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“Mientras yo fui comandante no fui consultado, (la búsqueda de restos de desaparecidos) no estaba en la agenda de las conversaciones”, aseguró ayer el teniente general Enrique Bonelli, que integró la Comisión para la Paz del gobierno de Jorge Batlle. Recordó que “en ese momento” no sabía de las sepulturas clandestinas. Los antropólogos anunciaron que ahora buscarán el segundo cuerpo y que trasladarán el esqueleto ya desenterrado hoy para analizarlo. La identificación llevará 30 días. En los batallones 13 y 14 las excavaciones continúan –en el último durante dos meses más– y hay indicios de que hubo movimientos de camiones, aunque no es suficiente para confirmar la Operación Zanahoria (remoción de restos). Ya descartaron que el pedazo de suela de zapato y el trozo de tela encontrados allí fueran auténticos por ser “elementos modernos”.
El ex presidente Batlle se refirió al tema anoche, cuando asistía a una presentación de un libro, y dijo que su gobierno, cuando creó la Comisión para la Paz para investigar sobre las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, no tuvo la misma información con que hoy cuenta la administración de Tabaré. “Algún día” –adelantó– le preguntará a Bonelli por qué no le dijo nada acerca de los cuerpos enterrados en la chacra de Pando. La pequeña chacra era propiedad de un matrimonio perteneciente al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, que fue detenido y al que la Fuerza Aérea le confiscó el campo. Ahora está totalmente excavado en una cuadrícula de un centenar de fosas, de un metro y medio de profundidad.
Después de haber desenterrado una pierna completa, ayer se encontró el esqueleto entero: una calavera sobre el hombro derecho, los brazos extendidos apenas separados del tórax y las piernas estiradas. El Equipo de Antropología Forense de Argentina llegó ayer a Montevideo para avanzar en las tareas de limpieza, depuración y descontaminación de los restos, que durarán varias semanas. “El trabajo más delicado que nos queda ahora es retirar con mucho cuidado los sedimentos que quedan sobre los restos humanos para no dañarlos”, explicó el antropólogo argentino que coordina la búsqueda, José María López Mazz. Las autoridades uruguayas enviarían a España o Finlandia algunas de las muestras para cotejar con los resultados de los análisis locales. Todo tardaría al menos un mes. Según el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, estaban “a ocho metros del lugar señalado por la Fuerza Aérea” en su informe.
El portavoz de una organización de familiares de desaparecidos, Javier Miranda, aseguró que “el hallazgo demuestra que es posible recorrer el camino de la verdad”. Este primer descubrimiento, después de cinco meses y medio de excavaciones, relegitimó el compromiso de Bonelli que se animó a afirmar que “lo que las Fuerzas Armadas quieren es dar vuelta la página y no quedar ancladas en el pasado”. “Yo no quiero que este año pase sin que saque de la Fuerza Aérea este tema de arriba de la mesa”, aseguró el comandante que agregó: “No queremos estar en la agenda”.
La ley de Caducidad ampara a los policías y a los militares que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura fue sancionada en 1986 –bajo el gobierno colorado de Julio Sanguinetti– y ratificada en un referéndum en 1989. La semana pasada, el gobierno frenteamplista presentó un proyecto de ley interpretativo de esta amnistía para allanar el camino de las investigaciones judiciales. El proyecto, que será debatido hoy en el Senado, ya despertó suspicacias entre la oposición porque permitiría investigar más casos.