Cuando las cosas se hacen a las apuradas... Legisladores demócratas, expertos en derecho y movimientos de derechos civiles en Estados Unidos denunciaron que el gobierno de George Bush habría ganado más libertades para espiar a los norteamericanos con la reforma de la ley de escuchas telefónicas, que ellos mismos aprobaron hace unas semanas. Según advirtieron, la Casa Blanca podría ordenar, sin orden judicial previa, no sólo la intervención de teléfonos de extranjeros –como sostenía la antigua norma de los años setenta–, sino también la vigilancia física y la apertura de los registros financieros de los ciudadanos estadounidenses.

La explicación que dan todos es que la ley fue discutida y aprobada a las apuradas y, en el proceso, se filtraron algunas palabras que permitirían ese tipo de interpretaciones más amplias. El presidente Bush había instado públicamente varias veces a los legisladores, republicanos y demócratas, a que aprobaran una reforma de la ley de escuchas, la cual, según sostenía, había sido superada por las nuevas tecnologías. La FISA, como se conoce a la Ley de Inteligencia y Vigilancia Extranjera en Estados Unidos, se había insertado en el centro del debate en Washington después de que la prensa divulgara que la Casa Blanca había autorizado escuchas ilegales, incluso a ciudadanos estadounidenses. Después del 11-S, Bush había decidido saltearse la FISA y pedirle a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) que interfiriera cientos de teléfonos en el país, sin notificarlo previamente a la Justicia.

El escándalo inundó los medios y para fin del año pasado Bush se vio forzado a suspender el programa de la NSA y comenzar a abogar por un cambio de la ley, que permitiera flexibilizar los requisitos para el espionaje. Aunque meses atrás parecía improbable que los demócratas apoyaran –y tan rápido– la enmienda, lo hicieron, sólo horas antes de entrar en su receso de verano.

Pero con el apuro llegaron los problemas. La enmienda incluyó una redefinición del tradicional concepto de “vigilancia electrónica”, que limitaba el espionaje principalmente a llamadas telefónicas. “Esta nueva ley le podría dar al gobierno aún más autoridad de lo que la gente piensa”, alertó ayer David Kris, un ex asesor del Departamento de Justicia durante los gobiernos de Ronald Reagan y Bill Clinton, en una entrevista con el diario The New York Times. Los expertos citan algunos ejemplos de las nuevas prerrogativas del Ejecutivo norteamericano y las agencias de inteligencia que dependen de él. “La nueva ley permite que el gobierno, bajo condiciones determinadas, pueda pedir, sin una orden judicial, los registros financieros de un estadounidense en Chicago para investigar a una persona que vive en París”, explica el diario neoyorquino.

Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia rechazaron la posibilidad de que ejerciten las nuevas prerrogativas que les da la ley. “Nos vamos a atener a la ley que se aprobó”, fue el único comentario de un vocero.