La bajas no terminan para el Ejército colombiano. La Procuraduría General destituyó ayer a un oficial después de comprobar su participación en varios casos de secuestros y asesinatos selectivos. El mayor Jorge Jiménez colaboraba con los paramilitares. Pero los sectores castrenses no sólo fueron infiltrados por los grupos armados de ultraderecha, sino que también mantuvieron alianzas, tratos y vínculos con los capos del narcotráfico. El viernes por la noche dos generales pidieron su pase a retiro para evitar las investigaciones. Leonardo Gómez Vergara, de la Comandancia de la III Brigada, y Hernando Pérez Molina, de la III División de esa misma arma, renunciaron porque, según dijeron, no podrían continuar en sus cargos después de que varios oficiales que dependían de ellos fueron identificados como hombres del narcotráfico.

El general Mario Montoya, comandante del Ejército, defendió a los dos generales y sostuvo que no renunciaron porque fueran culpables. “En la Fuerza hay un principio: que el comandante es el responsable de lo que su tropa haga o deje de hacer”, explicó. “Ellos han entendido esto y en una demostración de honor militar han solicitado su retiro”, agregó. Sin embargo, la ola de denuncias contra los militares hace improbable que los dos oficiales queden fuera de la lupa de la Justicia y de la opinión pública colombiana.

Hace dos semanas, el Ministerio de Defensa confirmó la existencia de una red de militares activos y retirados que al parecer facilitaban información al prófugo Diego Montoya, alias “Don Diego”, uno de los jefes del cártel de Norte del Valle. Según investigaciones, dicha red logró infiltrarse en el comando del Ejército en esa región por medio de una secretaria y un suboficial, que facilitaban datos sobre personal que más tarde los mafiosos reclutaban para sus necesidades de seguridad. Hasta el viernes habían sido detenidos dos coroneles, dos mayores y dos suboficiales.

A diferencia de ese escándalo, los vínculos entre los militares colombianos y los paramilitares son más conocidos. No obstante, son pocos los casos como el del mayor Jiménez, que son investigados y condenados. Pero cuando sucede, las condenas son las máximas. La Procuraduría no sólo lo destituyó, sino que además lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 20 años.