Cinco de los once jueces del Supremo Tribunal Federal brasileño denunciaron ayer que la policía está interviniendo sus llamadas. “La Policía Federal se transformó en un brazo de coacción y se convirtió en un poder político que enfrenta a otros poderes”, aseguró uno de los miembros de la máxima corte del país, Gilmar Mendes, en una entrevista con la revista opositora Veja. Otro de los jueces que advirtieron sobre los excesos de la policía fue el presidente del tribunal, Sepúlveda Pertence. Según dejó entrever, habría decidido jubilarse anticipadamente porque ya no quería soportar ese tipo de seguimiento.

Desde principio de año, la Policía Federal dirigió una serie de investigaciones, que derribaron a ministros, funcionarios, legisladores, empresarios y lobbistas. Llegaron a involucrar incluso al círculo cercano del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente a su hermano Vavá. Los medios de comunicación eran inundados todos los días con incesantes denuncias, muchas de ellas sólo sustentadas en una llamada telefónica. Las incesantes escuchas telefónicas de la policía terminaron provocando una reacción del Congreso, de los partidos políticos y aun del presidente. Lula, acosado por el caso de su hermano que había sido involucrado en una investigación de lavado de dinero y tráfico de influencias (finalmente fue absuelto por la Justicia), les advirtió a los uniformados que ellos también iban a empezar a ser investigados.

En Brasil es sabido que con la democracia muchas de las estructuras de la dictadura no fueron disueltas. Una de ellas son los servicios de inteligencia, tanto del Ejército como de la Policía. Muchos aseguran que hasta Fernando Henrique Cardoso tenía pinchado el teléfono cuando ocupaba la presidencia del país. Por supuesto nada de ello fue alguna vez probado. Sin embargo, distintos incidentes de los últimos años demostraron que la estructura de la inteligencia sigue vigente e, incluso, se ha expandido al sector privado. Hace tres años, estalló uno de los peores escándalos de corrupción de la historia de Brasil. Se lo conoció como el “mensalao” y se cobró la cabeza de dos cúpulas del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT) y del entonces hombre fuerte de Lula, el jefe de gabinete, José Dirceu. Además cayeron empresarios, militantes del PT y legisladores. Toda esa investigación comenzó con una filmación ilegal de una empresa de vigilancia privada que compró la revista Veja, como más tarde reconoció uno de sus editores frente a una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI).

Como sucedió en el caso del “mensalao”, las escuchas o las filmaciones ilegales raramente anulan o desacreditan a las investigaciones y a las instituciones que las realizan. En la última edición de esa revista, Pertence, el presidente saliente del Supremo Tribunal Federal, dio otro ejemplo de este tipo de prácticas. “La policía divulgó una grabación mía para intimidarme en el momento en que fui sondeado por el gobierno para ser ministro de Justicia, órgano del que depende la Policía Federal. Pudo haber sido coincidencia, aun cuando yo no lo crea así”, aseguró el juez, que hace más de 18 años que ocupa uno de los once asientos en el máximo tribunal.

Nadie responsabilizó a la policía por intervenir el teléfono del presidente de la máxima instancia judicial ni pidió explicaciones de por qué estaba siendo investigado. Una de las herencias que dejó la dictadura es la libertad y la falta de controles dentro de las estructuras de inteligencia. Por ejemplo, la policía debe conseguir una autorización de un juez para comenzar una investigación. En el permiso detalla quiénes son los sospechosos y por qué. Pero si uno de los sospechosos conversa o casualmente menciona a otra persona, y especialmente a una persona conocida, la policía libremente comienza a investigarla, sin necesidad de volver a los tribunales a pedir y justificar una nueva autorización. Así fue como el hermano de Lula cayó en medio de una lista de supuestos sospechosos, que nunca pudieron ser condenados.

Nadie sabe por qué cinco de los jueces del tribunal podrían estar siendo vigilados. Tampoco nadie lo pregunta. Algunos ya incluso se resignan. “Hablo por teléfono sabiendo que la conversación es colectiva”, aseguró el juez Mendes. Para su par Carlos Ayres Britto, lo más preocupante de la situación son las repercusiones sociales de los excesos de la policía. “La imagen dominante es que la policía detiene y la Justicia libera y que la ley no vale. La sociedad está abandonando sus conquistas”, advierte el magistrado.