Como señal de que no hará un piquete jurídico, al menos por ahora, la Corte Suprema rechazaría una medida cautelar solicitada esta semana por la provincia de San Luis, con la que pretende que se suspendan parcialmente los efectos de la resolución que aumentó los derechos de exportación a los granos y fijó el criterio de movilidad. De todos modos, el juicio de fondo –la legalidad del sistema de retenciones propiamente dicha– seguirá en trámite y el alto tribunal no descarta convocar a una audiencia pública dentro de algunos meses.

Los jueces supremos, varios de ellos, consideran que para hacer lugar a una medida cautelar de semejante envergadura deberían darse “condiciones de urgencia”, que, creen, en este caso no existen, según pudo saber PáginaI12. El martes próximo intentarán ponerse de acuerdo para dar una respuesta oficial al planteo con el que el gobierno de Alberto Rodríguez Saá intentó ponerles presión. Mientras puedan, evitarán echar leña al fuego en un conflicto que esperan que se resuelva por carriles políticos.

San Luis parte de la idea de que las retenciones a la exportación de soja y girasol tienen impacto sobre la masa de impuestos coparticipables y cuestiona todo el sistema de estos derechos de exportación traducido en sucesivas resoluciones desde 2002. Sobre esta base le pidió a la Corte que, como medida transitoria, ordene depositar en una cuenta especial del Banco Nación la diferencia entre lo que la Aduana recauda por cada envío de granos al exterior y lo que hubiera percibido con el nivel de retenciones previo al 10 de marzo.

El último escrito que presentó el abogado de la provincia –el ex ministro de Justicia del menemismo Rodolfo Barra– pide que la Corte llame a una audiencia que incluya no sólo al gobierno puntano sino al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y también a las cuatro entidades rurales que lideran la protesta (Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria). Este es el capítulo que Sus Señorías no descartan convertir en un hecho una vez que el Estado nacional presente la respuesta escrita a la demanda en su contra, para lo cual tiene sesenta días. La celebración de audiencias públicas es una costumbre que desde hace algo más de un año viene cultivando el máximo tribunal.

El envío de la discusión sobre las retenciones al Congreso no derriba la denuncia de San Luis. Pero la aprobación de una ley dejaría abstractos los planteos de inconstitucionalidad por la falta de intervención del Parlamento. En la Corte saben que, tarde o temprano, también llegarán amparos de las instancias inferiores, que cuestionarán la futura ley.