Una semana antes de que Daniel Scioli llegara a Colombia para pedirle sus recetas contra la inseguridad nada menos que al presidente Alvaro Uribe, Bogotá fue sede del 15 Encuentro de Pastoral Castrense de Latinoamérica y el Caribe, al que asistieron los obispos castrenses de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, y los sacerdotes interinamente a cargo de los obispados militares de la Argentina, Costa Rica y Ecuador. En Costa Rica, México y Panamá esas iglesias particulares son coordinadas por las respectivas conferencias episcopales. El documento final que firmaron los asistentes cita con abundancia la Constitución Apostólica Spirituali Militum Cura, que en 1986 elevó a la categoría de obispados los antiguos vicariatos castrenses, y del documento adoptado en 2007 por la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Aparecida, Brasil. Los firmantes dicen ser conscientes de sus logros y deficiencias y, sin diferenciar entre las fuerzas militares y las de policía (tal como postula el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos), enumera la entrega sacrificada “en defensa de la Patria y de sus conciudadanos, el respeto por las instituciones y por la ley”, la preocupación cada vez mayor por los derechos humanos, especialmente a la vida, y por el derecho internacional humanitario y los valores éticos. Los “problemas muy graves” que según los obispos castrenses católicos tiene que enfrentar “la institución militar y policial”, son el narcotráfico, el terrorismo, el secuestro, la violencia en todas sus formas, las migraciones forzadas y el desplazamiento y la corrupción”. En un continente convulsionado que busca y anhela la seguridad, los policías y militares son “constructores de paz y quienes más sufren los estragos de las guerras, los conflictos y la delincuencia”. La paz, agregan, supone un compromiso con la verdad, la justicia social, el perdón y la solidaridad. El documento no dice una palabra sobre el rol que las Fuerzas Armadas y las de seguridad cumplieron durante el ciclo de las dictaduras de la seguridad nacional y la justificación que en algunos países, como la Argentina, les brindaron los capellanes castrenses. El asombroso documento se suma a la carpeta con argumentos que el embajador Juan Pablo Cafiero llevará al Vaticano para cumplir con el encargo de la presidente CFK de acordar con las autoridades de la Iglesia Católica la disolución del Obispado Castrense para dejar paso a la elección religiosa de cada funcionario público de las instituciones militares y de seguridad.