“Se van a tener que ir. Y también los vamos a juzgar y condenar.” Las palabras de Hebe de Bonafini, que tres décadas atrás se aplicaban a los militares en el poder, tuvieron ayer como destinatarios a “todos los jueces cómplices y corruptos” del país. Una semana después de que la Cámara Nacional de Casación Penal ordenara el cese de la prisión preventiva de Alfredo Astiz, Jorge Acosta & Cía. y durante su marcha número 1600 alrededor de la Pirámide frente a la Casa Rosada, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo recordó que aún “hay más de 400 jueces de la dictadura” en funciones e invitó a la sociedad a denunciar a los magistrados corruptos o que obstaculizan las causas para que “sean echados de la Justicia”.

Los cuestionamientos a los jueces no son nuevos. Los motivos más comunes son su lentitud para ordenar detenciones, para indagar a los detenidos y pronunciarse sobre los indagados, también por permitir el alojamiento de represores en prisiones VIP, por usar de guardiacárceles y cadetes a oficiales de las Fuerzas Armadas, por su incapacidad para evitar fugas y suicidios, por restringir la publicidad de las audiencias históricas y, en los últimos tiempos, por excarcelar sin reparos a pesos pesado de la represión ilegal. Los magistrados de casación Luis García y Guillermo Yacobucci agregaron la semana pasada una nueva razón cuando ordenaron liberar a una veintena de represores de la ESMA, Rosario y Santa Fe por el tiempo transcurrido en prisión sin ser sometidos a juicio.

“Frente a tamaña ofensa y al total descaro de estos y otros tantos jueces cómplices que pretenden la libertad de los asesinos, las Madres de Plaza de Mayo vamos a realizar acciones en los lugares a donde ellos y sus familias asisten: restaurantes, peluquerías, casas de moda, concesionarias de automóviles”, advirtieron. “Las Madres no vamos a descansar hasta que renuncien y les podamos hacer juicio para llevarlos a la cárcel”, concluyeron.

La marcha de ayer comenzó a las 15.30, cuando el sol calcinaba, y se concretó con tres vueltas alrededor de la Pirámide. Bonafini recordó con nostalgia “los momentos vividos en esta plaza, las veces que nos llevaron presas”. “Nosotras socializamos la maternidad y ninguna más pidió por su propio hijo. Somos madres de los 30 mil. Todos dieron su vida por la revolución”, declamó. Luego fue al grano. Advirtió que “no vamos a dejar ningún juez corrupto y cómplice en la Justicia”. Los definió como “atorrantes atornillados a sus sillones” y aseguro que “vamos a conseguir que los echen porque tienen que estar presos”.

La histórica dirigente apuntó luego sus críticas hacia aquellos jueces “que tienen (detenidos) a los pibes pobres, sin ninguna condena pero condenados a vivir en la cárcel por años y años”. “De esos jueces, que tampoco cumplen su función, para estos compañeros que están presos por ser pobres y negros, también necesitamos que nos manden los nombres”, reclamó. La suelta de globos se realizó poco después de la cuatro. Cada globo llevaba una tarjeta con la inscripción: “25 de diciembre de 2008. 1600 jueves sin faltar nunca a la plaza. Si usted conoce a jueces cómplices y corruptos, denúncielos. Escribir a: [email protected]”.

Hasta el momento, el santafesino Víctor Brusa es el único miembro del Poder Judicial de la dictadura con posibilidades de ser juzgado en el corto plazo. Brusa se benefició también con el fallo de Casación, resolución que fue apelada y ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia. El ex fiscal federal Carlos Flores Leyes es el segundo magistrado detenido, desde el 10 de diciembre, por su participación en delitos de lesa humanidad en Chaco. Pero la mayoría de jueces y fiscales que cerraron los ojos ante secuestros, torturas y asesinatos siguen libres e impunes.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación anunció la semana pasada que denunciará ante el Consejo de la Magistratura a García y Yacobucci, los camaristas que ordenaron liberar a Astiz, Acosta & Cía. También este mes el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza y la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos pidieron el juicio político de Alfredo Juan Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Demetrio Petra Fernández, miembros de la Cámara Federal de Mendoza que excarceló a todos los procesados por delitos de lesa humanidad de la provincia.