Elisa Carrió intensificó su cruzada contra Néstor Kirchner. Pese a que la Justicia dio lugar a principios de esta semana a su denuncia por “asociación ilícita” contra el ex presidente, el ministro Julio de Vido, los secretarios Ricardo Jaime y Carlos Zannini y un grupo de empresarios, la titular de la Coalición Cívica comparó ayer a Kirchner con uno de los delincuentes más emblemáticos del país: Luis “El Gordo” Valor. “Entre el ex mandatario y el Gordo Valor no hay diferencia”, afirmó Carrió, al tiempo que agregó que el delito en que, según su parecer, incurrió el presidente del PJ “no será difícil de comprobar”. Por el lado del oficialismo, el diputado José María Díaz Bancalari salió a responderle a la referente opositora y dudó de su “racionaldiad”.

Carrió no dudó en manifestar su satisfacción por la decisión del juez federal Julián Ercolini, quien el martes pasado abrió formalmente la investigación, al compás de nuevas críticas que tuvieron a Néstor Kirchner como único destinatario. Lo calificó como el “jefe de una banda” y un “ciudadano que ejerce el poder de facto, que ordena que no se bajen las retenciones a la soja, que maneja la Anses, que se apodera de los fondos de los jubilados”. La ex candidata presidencial se refirió al accionar de Ercolini como “el mejor regalo de Navidad” y bromeó diciendo que había puesto “el requerimiento del fiscal en el arbolito”. “Que la causa y la investigación se haya abierto no quiere decir que ya vaya a haber sentencia, pero implica el primer precedente histórico de personas en el gobierno investigadas por asociación ilícita”, expresó Lilita.

A la hora de referirse al estado actual de la Justicia, la dirigente recordó cuando fue absuelta el año pasado luego de que el empresario pesquero Héctor Antonio la denunció por haberlo vinculado con el crimen de Raúl Espinosa, titular de otra compañía de ese sector. “Me tocó ser querellada y llevada a juicio por calumnias e injurias y la verdad es que en su momento hubo justicia”, estimó Carrió y se mostró optimista en relación al resultado de la pesquisa al resaltar que “deposité la confianza ahí y hasta ahora la Justicia viene obrando”. Sostuvo que “si bien hay casos de impunidad, hoy por hoy abrieron una investigación tanto el fiscal como el juez”. Carrió rescató que “esto es valioso, sobre todo porque es un juez designado en la época kirchnerista”.

El diputado por la provincia de Buenos Aires José María Díaz Bancalari definió la denuncia de Carrió como “política”. “Toda la sociedad ha observado el andar de la ex diputada Carrió haciendo cosas que hacen dudar de su racionalidad”, evaluó el legislador. En referencia a los once diputados “lilitos” que acompañaron la denuncia de su líder, Díaz Bancalari dijo: “Espero que la Justicia, de la misma manera que hizo la investigación, tome las medidas que corresponda con quienes la han llevado a eso”. Señaló que es “un timo a la verdad” y exigió que la Justicia sea “más que severa con aquellos que tienen la ligereza de decir cualquier cosa”. “No puede ser que esté denunciando alegremente a quien se le ocurre y no tenga ninguna sanción”, apuntó Bancalari, a la vez que manifestó que las medidas contra los denunciantes de la oposición “vienen bien para terminar con este peregrinar y se rescate el buen nombre y honor de una persona que fue cuatro años y medio presidente”.

La denuncia, de la que se hizo eco en primera instancia el fiscal federal Gerardo Pollicita, está basada en acusaciones de distintos diputados de ARI y la CC desde la asunción de Néstor Kirchner hasta la fecha. En el escrito, Carrió y sus diputados denuncian a Kirchner como jefe de una asociación ilícita y sostienen que hizo un “pacto de impunidad” con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para ocultar el caso Antonini Wilson. El “valijagate”, según los opositores, también involucraría a De Vido y Uberti, mientras Rudy Ulloa es acusado de enriquecimiento ilícito y presunto pedido de coimas a pesqueras. A Cristóbal López y Lázaro Báez se les achaca haberse beneficiado en distintas licitaciones vinculadas con el juego y la construcción, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, figura como instigador de presuntas coimas y escaso control en concesiones ferroviarias, Aerolíneas y la licitación del tren bala.