Un nuevo capítulo de la disputa por el manejo de Telecom Argentina se desarrolló ayer con una resolución dispuesta por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que inhibe a los directores representantes de los accionistas de Telecom Italia a tomar decisiones en la compañía. Esta medida se explica “con el objetivo de tutelar los intereses públicos del mercado de la competencia y consumidores”, se señala en el documento oficial. Para los italianos esa resolución “es totalmente infundada y daña fuertemente los intereses de Telecom Italiana”, y amenazaron con hacer “valer en todos los ámbitos competentes a nivel internacional” sus derechos.

El origen de esta controversia se encuentra en la compra de acciones que realizó Telefónica de España de Telecom Italia, en 2007, lo que implicó el ingreso de manera indirecta de los españoles en Telecom Argentina, su principal competidor en el país. La CNDC designó dos veedores el 30 de marzo pasado y, al día siguiente, esos funcionarios participaron de una asamblea de Telecom Personal. A partir de ello, elaboraron un informe que derivó en la resolución mencionada, que cuestiona a los italianos por no respetar una disposición anterior que los restringía en el manejo de la compañía.

Los italianos interpretan que esos límites sólo se referían a frenar la decisión de ejercer la opción de compra de las acciones del grupo argentino Werthein de Telecom. Pero la CNDC considera que esa restricción era más amplía que la suspensión de esa transacción y así queda expresado en la última norma emitida el viernes pasado. “Los veedores designados por la Resolución 43/09 han informado que se habrían producido cambios y alteraciones en la organización funcional del grupo en cuanto respecta a los distintos niveles de decisión (facultades delegadas oportunamente al consejo de dirección, directorio y comisión fiscalizadora), con relación a cuánto fuera materia de análisis oportunamente por parte de esta Comisión”, se explica en la resolución que despertó la ira de los italianos.

A través de su vocero en Argentina, Massimiliano Paolucci, Telecom expresó que la compañía fue notificada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre una resolución que impide el ejercicio de los derechos políticos de Telecom Italia en Telecom Argentina. En forma terminante afirmó que “la decisión mencionada, además de significar un abuso de las facultades por parte de la CNDC, representa, en los hechos, la confiscación del patrimonio de Telecom Italia en la República Argentina”. En la práctica, lo que la Comisión dispuso fue que los italianos no pueden tomar ninguna decisión en Telecom Argentina, haciendo retroactiva esa situación al 9 de enero último. Esa restricción fue evaluada como “confiscatoria”, aunque el Estado no se apropió de las acciones del grupo. De todos modos, sostienen que la Comisión no tiene plazo para resolver la cuestión de fondo (el desembarco de Telefónica en Telecom y la conformación de un monopolio), lo que significa en la práctica “que nos sacan de la empresa”, explicó a este diario uno de los voceros de la compañía italiana. En un comunicado, la empresa también señaló que “tal abuso de poder es inconstitucional, y su ilegalidad será objetada a través de todos los recursos a su alcance”. El propio CEO de la compañía, Franco Bernabé, aseguró que “la resolución es completamente infundada y daña fuertemente los intereses de Telecom Italia que haremos valer en todos los ámbitos competentes a nivel internacional”. Igualmente deja abierta un puerta al agregar que “confiamos en que el gobierno argentino interceda para resolver esta situación que pone en riesgo y perjudica el futuro de las inversiones internacionales en la Argentina”.

En cambio, funcionarios del Gobierno consideraron una “exageración” esa interpretación y que sólo están poniendo un marco para evitar cualquier hecho consumado que ponga en riesgo la competencia y el interés de los consumidores. Así queda expresado en la resolución del viernes pasado cuando sentencia que “lo señalado se encuentra en el marco del necesario ejercicio del poder del Estado –llámase autoridad de competencia, en este caso– para aplicar las leyes de manera activa, protegiendo el interés económico general y previniendo daños generales y no simplemente esperando a que la dinámica y los comportamientos empresariales influyan de manera negativa en la competencia y el bienestar general”.